(CNN Español) –– La Presidencia de Perú “saludó” la decisión de la Fiscalía que dispuso empezar “diligencias previas” para determinar lo ocurrido durante las protestas posteriores a la salida del expresidente Pedro Castillo del poder, según una publicación de su cuenta de Twitter.
En el texto, el despacho asegura que Dina Boluarte “dará todas las facilidades que correspondan para el pronto esclarecimiento de los hechos, tal como lo ha solicitado en reiteradas oportunidades”.
Una hora antes, el Ministerio Público, también en su cuenta de Twitter, había anunciado que recabaría información a partir de las denuncias contra la presidenta Boluarte, el ministro de la Defensa, Alberto Otárola, y el exministro del Interior, César Cervantes, tras las muertes ocurridas durante las manifestaciones de diciembre.
Una fuente de la fiscalía le dijo a CNN que la diligencias se inician a partir de las denuncias recibidas por parte de “ciudadanos”.
Luego de que el 7 de diciembre el expresidente Pedro Castillo intentara disolver el Congreso y fuera detenido, la entonces vicepresidente Dina Boluarte asumió el cargo, según la sucesión prevista por la Constitución. En los días posteriores ocurrieron manifestaciones en las que se solicitaba el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones.
Según la Defensoría del Pueblo 22 personas murieron durante las manifestaciones y 6 debido al bloqueo de carreteras.
CNN le preguntó al abogado penalista, Carlos Caro, cuál es el alcance del anuncio de la Fiscalía:
“Diligencias previas significa que antes de investigar preliminarmente la Fiscalía recaba información para ver si la presidenta y los ministros mencionados han estado comprometidos con dichas muertes, es decir si por acción o por omisión, han tenido alguna participación”.
Si bien el artículo 117 de la Constitución señala que el presidente de la República solo puede ser acusado de cuatro delitos, entre ellos el de traición a la patria, la Corte Suprema señaló en un fallo de finales de noviembre de 2022 que un mandatario puede ser investigado. Aquella decisión permitió continuar con las investigaciones al expresidente Pedro Castillo por presunta actos de corrupción cometidos durante su gobierno.