(CNN) – La Policía Federal de Brasil detuvo a más de 1.500 personas tras los ataques en las sedes del poder en la capital, Brasilia, según un comunicado emitido este martes.
De los detenidos, 527 personas fueron arrestadas por su presunta participación en la invasión del domingo a los edificios federales en la capital de Brasil, según el comunicado.
La policía también ha liberado a 599 personas “por razones humanitarias” después de que prestaran declaración a la policía. Los detenidos liberados eran en su mayoría “ancianos con problemas de salud, personas que vivían en la calle y madres con niños”, dijo la policía. Sin embargo, no está claro cuántas personas permanecen bajo custodia policial.
Los videos publicados en las redes sociales muestran a aparentes detenidos quejándose de la calidad de la comida y las condiciones de las instalaciones en las que se encuentran recluidos.
“Todos están recibiendo alimentación regular (desayuno, almuerzo, merienda y cena), hidratación y atención médica cuando sea necesario”, dijo la policía federal en el comunicado.
La irrupción se produjo una semana después de la toma de posesión de Lula da Silva, quien regresó al poder después de un paréntesis de 12 años luego de una victoria sobre Bolsonaro en una segunda vuelta electoral el 30 de octubre.
La Corte Suprema de Brasil ordena el arresto del exministro de Bolsonaro
La Corte Suprema emitió una orden este martes para la detención de Anderson Torres, exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, quien recién asumió el cargo como secretario de Seguridad —encargado de seguridad pública en el Distrito Federal— y Fabio Vieira, excomandante de la Policía Militar del Distrito Federal, luego de los ataques de los seguidores de Bolsonaro en la capital de Brasil el domingo.
Viera fue arrestada la tarde del martes por la Policía Federal, pero Torres se encuentra actualmente en Estados Unidos de vacaciones.
Torres había asumido recientemente el cargo de Secretario de Seguridad el 2 de enero.
“La conducta de Anderson Gustavo Torres y Fabio Augusto Vieira es muy grave y puede incluso poner en peligro la vida del Presidente de la República, Diputados y Senadores Federales y Magistrados del Supremo Tribunal Federal”, dijo la orden de la Corte Suprema sobre el asalto a los edificios gubernamentales.
Tanto Torres como Vieira han sido acusados de intento de golpe de Estado, actos terroristas, daño a la propiedad pública, asociación para delinquir y abolición violenta del estado de derecho, según la orden.
La decisión argumenta que “la ausencia de la vigilancia policial necesaria” durante los disturbios pro-Bolsonaro en Brasilia se debió a la “omisión y connivencia de varias autoridades en el área de seguridad e inteligencia”.
Torres y Vieira fueron despedidos de sus trabajos el domingo por el entonces gobernador Ibaneis Rocha del Distrito Federal luego de los ataques. Sin embargo, el propio Rocha fue suspendido el domingo de su cargo por 90 días por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes.
“Tomé la decisión de interrumpir mis vacaciones y regresar a Brasil. Me presentaré ante la justicia y cuidaré mi defensa”, tuiteó Torres el martes.
Torres asumió el cargo de secretario de Seguridad el 2 de enero y viajó a Estados Unidos el 7 de enero, un día antes de que sus simpatizantes irrumpieran en edificios gubernamentales.
Torres ha negado cualquier participación en los ataques contra los edificios del gobierno después de que fue destituido de su cargo el domingo. “Lamento profundamente esas hipótesis absurdas de cualquier tipo de colusión de mi parte”, tuiteó el domingo.
Sin embargo, la orden de la Corte Suprema sugiere que las acciones de Torres y Vieira “demuestran una posible organización criminal que tiene como uno de sus propósitos desestabilizar la institución republicana”, dice la orden.
Castigo para todos los involucrados
El ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, y el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, dijeron este martes que perseguirán y castigarán a todas las personas involucradas en la invasión de los edificios federales ocurrida este domingo.
En declaraciones durante la toma de posesión del nuevo director general de la Policía Federal este martes por la mañana, Moraes y Dino elogiaron la respuesta de los responsables de seguridad y criticaron a los presuntos cómplices.
El ministro de Justicia, Flavio Dino, dijo que algunos agentes públicos se encontraban entre los que participaron en la invasión a los edificios federales y también deben ser sancionados.
“La tragedia no solo fue provocada por un grupo de locos sino que también estuvieron involucrados agentes públicos, por acción u omisión. Tenemos que deshacernos de la contaminación en nuestras instituciones”, dijo Dino.
Dino también comparó la invasión a los edificios brasileños con el asalto al Capitolio de EE.UU. en 2021 y elogió la respuesta de las autoridades brasileñas tras la invasión.
“Veo con mucha curiosidad a los analistas diciendo cómo ellos (los ultraderechistas) invadieron el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio del Planalto. Asaltaron también el Capitolio de Estados Unidos. El fenómeno es el mismo. Son tiempos extraños. Pero Dios bendijo a Brasil, porque (…) no hubo muertos y gracias al accionar de las autoridades más personas fueron detenidas”, dijo.
“Si tienes complejo de inferioridad, yo diría sin temor a equivocarme: la respuesta brasileña al golpe fue cualitativamente superior a la que se vio en otras partes del mundo”, afirmó Dino.
El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes se dirigió a los más de 1.000 simpatizantes de Bolsonaro que se encuentran actualmente detenidos en una instalación de la policía federal en Brasilia debido a la invasión.
“Que no crean los terroristas que las instituciones flaquearán. Las instituciones sancionarán a todos los responsables. A quienes estuvieron involucrados en los actos, en su planificación, en su financiamiento, a todos los que alentaron por acción u omisión. La democracia prevalecerá”, dijo.
“El apaciguamiento es por cobardía o por interés propio. Tenemos que combatir con firmeza al terrorismo, a la gente antidemocrática, a la gente que quiere dar un golpe de Estado. No es posible hablar con esta gente de una manera civilizada, esta gente no es civilizada. Mira lo que hicieron en el Palacio del Planalto, en el Congreso, y con mucha más bronca y odio en la Corte Suprema”, dijo Moraes.
Afirman que los agitadores deberán pagar por los daños
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, dijo por su parte que los agitadores serán citados personalmente para que paguen los daños.
Ventanas de vidrio, sillas, alfombras, muebles y obras de arte especialmente valiosas fueron destrozadas durante la invasión de los partidarios de Bolsonaro.
“Además de los cargos criminales, presentaremos demandas para que estas personas paguen individualmente la reparación de los daños, con arresto, secuestro y bloqueo de bienes. No es justo que el pueblo brasileño pague la cuenta de la depredación realizada por criminales”, dijo Pacheco en su primera intervención pública tras los ataques.
Pacheco continuó diciendo: “Si las personas que cometieron estos crímenes el 8 de enero creían que podían hacer algo relevante para Brasil, lo hicieron. Además de saquear los bienes públicos de todos los ciudadanos brasileños, lo que hicieron fue unir a las instituciones de nuestro país. Más que nunca, el Poder Legislativo, esta Cámara, el Senado Federal, se unirá al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo en una unión indisoluble que constituye la República Federal de Brasil para hacer prevalecer la democracia”.
Hubo “problemas con las fuerzas de seguridad”
Hablando desde su oficina saqueada en el Palacio de Planalto el martes, Celso Amorim, exministro de Relaciones Exteriores y Defensa de Brasil y actual asesor del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, le dijo a Christiane Amanpour de CNN que hubo problemas con las fuerzas de seguridad en Brasilia el 8 de enero cuando los agitadores invadieron los edificios gubernamentales.
“Por supuesto, hubo algunos problemas con las fuerzas de seguridad que deben ser corregidos, pero creo que la reacción de la sociedad y el sistema político brasileño ha sido muy fuerte”, dijo, “así que estoy muy seguro de que este fue probablemente el última vista, si se puede decir así, de esta gente de extrema derecha”.
Dijo que la policía del Distrito Federal, dirigida por el gobierno local, “no estaba actuando”, pero que Lula tomó medidas inmediatas para abordar la brecha de seguridad.
“La responsabilidad de la seguridad en el Distrito Federal, que es el equivalente a su Distrito de Columbia, es de la policía local, la policía militar, que está a cargo del gobierno local, y creo que en realidad no estaban actuando. Y es muy difícil separar exactamente lo que fue solo incompetencia y lo que fue connivencia. Pero de todos modos, esto ya se está tratando porque hubo una intervención que el presidente Lula decretó inmediatamente en las fuerzas de seguridad de Brasilia. Entonces, no creo que esto se repita”, dijo Amorim.
El asesor presidencial también dijo que pudo haber un problema con la inteligencia, pero que “todavía no había tiempo para cambiar” el sistema de inteligencia que fue “manipulado por Bolsonaro”.
En respuesta a las denuncias hechas por el viceministro de Justicia contra el exsecretario de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, sobre sabotaje, Amorim dijo que Torres cambió los planes para la policía “en el último momento”. Torres había negado cualquier participación en los disturbios del 8 de enero.
Amorim dijo que cree que las cosas están volviendo rápidamente a la normalidad y le dijo a Amanpour: “Creo que estamos firmemente en el camino hacia la consolidación de la democracia”.
Ataque al Congreso de Brasil habría sido habilitado por el gobierno del Distrito Federal
La invasión de varios edificios gubernamentales en la capital de Brasil fue habilitada por la “negligencia” del gobierno del Distrito Federal, dijo el martes el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha.
“El que falló, cometió negligencia y no cumplió con los protocolos preestablecidos por los Ministros de Defensa y Justicia fue el gobierno del Distrito Federal”, dijo Padilha en conferencia de prensa.
El gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, fue suspendido por 90 días por la Corte Suprema el domingo.
Padilha afirmó que la disculpa brindada por Rocha “es la mayor demostración de que reconoce que el error fue cometido por agentes del Gobierno del Distrito Federal”.
Debido a los errores cometidos por el gobierno del Distrito Federal, el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) no pudo coordinar un batallón del ejército para actuar contra los invasores, dijo Padilha.
“El GSI ciertamente investigará si hubo errores individuales”, dijo.
Philip Wang y Sahar Akbarzai colaboraron en este reporte.