(CNN) – La República Islámica de Irán figuró durante mucho tiempo entre los principales verdugos del mundo. Pero con las recientes sentencias de muerte impuestas a los manifestantes, los críticos dicen que el régimen llevó la pena capital a otro nivel.
El fin de semana pasado, Irán ejecutó a otros dos manifestantes acusados de atentar contra personal de seguridad, lo que provocó una protesta internacional. Los críticos dijeron que las ejecuciones fueron el resultado de juicios apresurados y falsos.
El régimen ejecutó a 314 personas en 2021, un 20% más que el año anterior, dijo la organización de derechos humanos Amnistía Internacional en un informe de mayo de 2022. Muchas de esas ejecuciones tenían que ver con delitos relacionados con estupefacientes.
Este año, varios manifestantes quedaron enredados en el sistema judicial iraní, y muchos de ellos enfrentan un proceso judicial particularmente injusto, según los activistas.
Grupos de derechos humanos han advertido que existe un riesgo real de que muchos de ellos se conviertan en otro número en la creciente lista de ejecutados por la República Islámica. Al menos 43 personas se enfrentan actualmente a la ejecución en Irán, según un recuento de CNN. El grupo activista 1500Tasvir, sin embargo, dice que el número podría llegar a 100.
“A los acusados se los priva sistemáticamente del acceso a abogados elegidos por ellos durante el juicio, se los somete a confesiones forzadas o bajo tortura, y luego se los lleva a la horca”, dijo a CNN Tara Sepehri Far, investigadora sobre la situación en Irán de Human Rights Watch.
El jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, acusó el martes a Irán de “utilizar como armas” los procedimientos penales, diciendo que equivalen a “asesinatos sancionados por el Estado”.
Con la ola de protestas de este año, dicen los críticos, las autoridades utilizan cargos que conllevan la pena de muerte de manera más relajada que antes, ampliando la aplicación de tales leyes para juzgar a los manifestantes.
Según medios estatales iraníes, decenas de agentes del Gobierno, desde funcionarios de seguridad hasta oficiales de la fuerza paramilitar basij, murieron en las protestas. Los grupos activistas HRANA e Iran Human Rights dicen por su lado que 481 manifestantes murieron.
El personal de seguridad también ha sufrido bajas en protestas anteriores, dijo Sepehri Far, “pero es crucial señalar que en este (periodo) las autoridades iraníes están utilizando la pena de muerte mucho más allá (del) asesinato intencional de los agentes de seguridad”.
El régimen parece haber sacado provecho de las ejecuciones, utilizándolas para disuadir a las personas que quieran hablar y manifestarse en las calles, como se vio después de la muerte de Mahsa Jina Amini, de 22 años, bajo custodia de la policía de la moral.
“Los juicios y las ejecuciones son una pieza más de la maquinaria de represión que sirven para demostrar poder y control y sembrar el miedo, además de publicitar la narrativa del Gobierno sobre los manifestantes”, explicó Sepehri Far.
Irán apeló a la ley islámica o ‘Sharia’ para enjuiciar a los manifestantes por delitos que conllevan la pena de muerte, a saber, “hacer la guerra contra Dios” o “moharebeh” y “corrupción en la tierra”, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El proceso también fue criticado dentro del país.
Mohsen Borhani, profesor de la Universidad de Teherán y experto en jurisprudencia islámica, también ha cuestionado el uso de tales cargos de base religiosa contra los manifestantes. En un debate televisivo el mes pasado, argumentó que los manifestantes ejecutados fueron acusados de hacer la guerra contra Dios cuando su papel en las protestas en realidad no merecía tal cargo.
El blandir armas por parte de los manifestantes, dijo, tenía como objetivo intimidar, no herir al personal de seguridad. “Esto está fundamentalmente fuera del ámbito de ‘moharebeh’ porque la oposición de la persona es hacia el Gobierno, no hacia los civiles”.
Sepehri Far dijo que Mohsen Shekari, uno de los primeros manifestantes en ser ejecutado, fue acusado de herir a un oficial. “Otros han recibido la pena de muerte por cargos extremadamente vagos, como destrucción e incendio contra la propiedad pública o uso de un arma para sembrar el terror”, afirmó.
Los activistas dicen que las autoridades iraníes desarrollaron métodos sofisticados para difundir desinformación sobre cómo, por qué y cuándo se llevarán a cabo las ejecuciones. Por ejemplo, la activista de derechos civiles Atena Daemi dijo en un tuit que varios medios de comunicación iraníes habían informado que los activistas condenados a muerte habían sido liberados, noticia que fue refutada por las familias de los presos.
Los activistas dicen que condenar las protestas no es suficiente. La Unión Europea ha tomado nota y, mientras continúa discutiendo la imposición de una cuarta ronda de sanciones a Irán, algunos de los miembros del bloque apoyan los intentos por clasificar a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) como una organización terrorista.