(CNN) – Esto se está poniendo absurdo. Los estadounidenses han tenido la oportunidad de elegir entre tres personas para ser presidente desde 2016, y en los tres casos se ha descubierto que tenían en su poder documentos clasificados que no deberían tener.
Claramente, hay un problema mayor.
Esto es lo que no sabemos:
Nosotros, los ciudadanos, no sabemos qué documentos tenía el presidente Joe Biden guardados bajo llave en su garaje o en la carpeta de su oficina del Penn Biden Center.
No sabemos específicamente qué documentos fotografió el FBI en el complejo Mar a Lago del expresidente Donald Trump.
Ni siquiera sabemos con certeza qué documentos había en el servidor de correo electrónico de Hillary Clinton, aunque sí sabemos que docenas de esos documentos fueron clasificados retroactivamente años después de los hechos, mucho después de que la existencia de su servidor de correo electrónico privado se convirtiera en un poblema político.
Esto es lo que sí sabemos:
Los documentos clasificados, y su aparición en correos electrónicos, despachos, un trastero y un garaje, han creado enormes problemas políticos para los sucesivos candidatos presidenciales de ambos partidos.
El sistema de clasificación utilizado por el gobierno estadounidense está dividido en organizaciones separadas, es imposible de seguir y no se aplica de manera uniforme.
El domingo intenté, sin éxito, encontrar una estimación escrita sobre cuánta información clasificada produce el gobierno de EE.UU. cada año.
Un fascinante hilo de Twitter del exabogado de la CIA Brian Greer explica que la mayor parte de la información clasificada por el gobierno se pone bajo clasificación por defecto, como una “decisión de clasificación derivada”.
Él enlaza a una estimación de 2016 de la Oficina de Supervisión de Seguridad de la Información en los Archivos Nacionales que estima que solo en ese año había más de 102 millones de páginas de documentos del gobierno de Estados Unidos revisados para su desclasificación y alrededor de 44 millones de páginas fueron desclasificadas.
Eso significa que el gobierno no desclasificó la mayor parte de los documentos que pudo ese año.
Miles de libros de normas
Un informe más reciente de la misma agencia señala que existen 2.116 “guías de clasificación de seguridad” distintas según las cuales las diferentes agencias gubernamentales clasifican los documentos. Los Archivos Nacionales afirman que deberían evaluarse y racionalizarse de una forma global que siga teniendo en cuenta las distintas necesidades de las 18 agencias de inteligencia estadounidenses.
Más de un millón de personas tienen autorización de alto nivel
Como ya señalé en agosto, en realidad se trata de un universo muy amplio de personas con acceso a datos consideados ultra secretos. El director de inteligencia nacional publica lo que se describe como un informe anual, el “Security Clearance Determinations”, aunque el más reciente que he podido encontrar es de 2017. En él, se describe a más de 2,8 millones de personas con habilitación de seguridad en octubre de 2017: más de 1,6 millones tienen acceso a información confidencial o secreta y casi 1,2 millones tienen acceso a información ultrasecreta
Hay más personas que tienen una habilitación de seguridad pero que actualmente no tienen acceso a la información. Esto incluye a empleados civiles, contratistas y miembros del ejército.
Cuándo se clasifica de más
Hay muchos ejemplos de información que el gobierno mantuvo clasificada mucho tiempo después de que fuera necesario. Por ejemplo, los documentos relacionados con el asesinato de JFK, hace 60 años, que la CIA hizo públicos el mes pasado. O, como señala The Washington Post en un editorial, el absurdo hecho de que las entrevistas del presidente George W. Bush y el vicepresidente Dick Cheney con la comisión del 11-S se mantuvieran en secreto durante 18 años. El consejo editorial del Post esboza algunas recomendaciones, entre ellas quizá suprimir el nivel más bajo de clasificación, “confidencial”.
Hay que admitir que hay un problema
En junio, antes de las revelaciones sobre la conservación indebida o accidental de documentos clasificados por parte de Trump, la Casa Blanca de Biden inició una revisión sistémica del sistema de clasificación.
Esto se produjo tras una petición de senadores que se quejaban de que el sistema de clasificación cuesta a los contribuyentes US$ 18.500 millones al año, según The Wall Street Journal.
The Wall Street Journal también informó sobre una carta que la Directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, envió a los senadores en la que afirmaba que la clasificación excesiva es una amenaza para la seguridad nacional.
“En mi opinión, las deficiencias del actual sistema de clasificación socavan nuestra seguridad nacional, así como objetivos democráticos fundamentales, al impedir nuestra capacidad de compartir información en el momento oportuno”, afirmaba.
Poco después, el gobierno de Biden demostró que compartir información puede ser beneficioso, como cuando su administración empezó a dar a conocer al mundo información secreta que señalaba que Rusia planeaba invadir Ucrania.
Nadie sugiere que no deba haber información clasificada
Las identidades y los métodos de las personas que obtienen información de inteligencia deben ser secretos. Los detalles de las capacidades nucleares y otros materiales igualmente sensibles deberían ser secretos.
Pero también es importante reconocer que los altos cargos del gobierno y de la comunidad de inteligencia están de acuerdo en que el gobierno guarda demasiados secretos.