(CNN Español) – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este jueves las “acciones legales” en Guatemala que podrían conducir a una posible orden de captura contra su ministro de Defensa, Iván Velásquez, por un presunto caso de corrupción en el caso Odebrecht en el país centroamericano.
La Cancillería de Colombia llamó a consultas a su embajadora en Ciudad de Guatemala, Victoria González Ariza, mientras que Petro dijo que su gobierno no permitirá que “la corrupción” persiga a Velásquez, quien durante años se desempeñó como comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, un organismo creado en conjunto entre el gobierno y la Organización de las Naciones Unidas para investigar casos de corrupción.
Este lunes, Rafael Curruchiche, fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Guatemala, señaló al excomisionado Iván Velásquez de supuestamente avalar acuerdos de manera ilegal con tres exdirectivos de Odebrecht, por lo tanto deberá responder por “actos ilegales, arbitrarios y abusivos”.
Velásquez, quien actualmente es el ministro de Defensa de Colombia, emitió un comunicado este lunes en el que dijo que no ha sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala, y defendió su trabajo en la Cicig.
“Tengo la tranquilidad de que el trabajo adelantado en el país centroamericano se realizó con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala”, dijo Velásquez, quien reiteró su compromiso con “la transparencia, la justicia y la lucha contra la impunidad”.
Velásquez hizo parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyo mandato no fue renovado por el entonces presidente Jimmy Morales en agosto de 2018.
Otros involucrados en el caso
En este mismo caso están involucrados otros funcionarios de la Cicig, así como la exfiscal general de Guatemala Thelma Aldana, contra quien hay ya una orden de captura en su contra, según dijo Curruchiche, además de otros funcionarios.
Aldana, que se encuentra asilada en EE.UU. desde 2020, fue acusada anteriormente por la Fiscalía de Guatemala de haber comprado un edificio para uso del Ministerio Público, presuntamente, de forma irregular. Aldana, quien fue fiscal General de Guatemala hasta 2018, permanece en Estados Unidos luego de que, según la exfiscal, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) revelara que existía un plan para asesinarla.
En esta investigación también están involucrados el expresidente de la Cámara Americana de Comercio en Guatemala y actual cónsul honorario de Guatemala en Bulgaria, Juan Pablo Carrasco de Groot, contra quien hay una orden de aprehensión en curso. CNN está intentando comunicarse con Carrasco de Groot para obtener comentarios sobre las acusaciones en su contra.
La Cicig
La Comisión contra la Impunidad y la Corrupción de Guatemala, Cicig, develó importantes casos de corrupción el país que salpicaron a cuatro expresidentes del país y, en últimas señaló al entonces expresidente Jimmy Morales por financiamiento electoral ilícito.
En 2015, junto a la fiscal general de Guatemala Thelma Aldana, la Cicig desmanteló el caso La Línea, una red de fraude multimillonaria en aduanas que según las investigaciones estaba encabezada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Aunque ambos se declararon inocentes, tuvieron que renunciar a sus cargos.
En diciembre de 2022, Pérez Molina y Valdetti fueron condenados a 16 años de prisión por los delitos de asociación Ilícita y caso especial de defraudación tributaria. Ambos fueron absueltos por el delito de enriquecimiento ilícito. Los dos están en prisión desde 2015 y durante todo el tiempo que duró el proceso rechazaron las acusaciones.
Desde septiembre del 2017, la Cicig, que durante 10 años ha develó casos de alto impacto en Guatemala, sufrió ataques del Gobierno del presidente Jimmy Morales.
Morales se opuso al trabajo de Velásquez y en 2017 lo declaró como persona no grata y pidió su expulsión inmediata. Pero esta decisión fue revertida por la Corte de Constitucionalidad. En agosto de 2017, el mandatario declaró como persona no grata a Iván Velásquez.
Velásquez también ha sido crítico con la administración de Alejandro Giammattei. En 2021 dijo que el compromiso del presidente con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, de luchar contra la corrupción “no es un compromiso sincero” y que el poder corrupto se extendió en el Gobierno.
– Con información de Michelle Mendoza desde Guatemala.