(CNN) – Los votantes de California decidirán el próximo año en un referéndum que podría revocar una nueva ley estatal que establece condiciones laborales y salarios mínimos de hasta US$ 22 por hora para los empleados de comida rápida en el estado más grande del país.
Chipotle, Starbucks, Chick-fil-A, McDonald’s, In-N-Out Burger y el propietario de Yum!, KFC, donaron cada una US$ 1 millón a Save Local Restaurants, una coalición que se opone a la legislación. Otras importantes empresas de comida rápida, grupos empresariales, propietarios de franquicias y muchos restaurantes pequeños también han criticado la legislación y han gastado millones de dólares en oponerse a ella.
La medida, conocida como Ley FAST, fue firmada el año pasado por el gobernador de California, Gavin Newsom, y estaba previsto que entre en vigencia el 1 de enero. Este martes, el secretario de estado de California anunció que una petición para detener la implementación de la ley había reunido suficientes firmas como para calificar para un voto en la boleta de las elecciones generales del estado de 2024.
La cuestionada iniciativa podría transformar la industria de la comida rápida en California y servir como referente para políticas similares en otras partes del país, argumentaron los defensores y críticos de la medida.
La ley es la primera de su tipo en Estados Unidos y autorizó la formación de un Consejo de comida rápida de diez miembros, compuesto por representantes laborales, de empleadores y del Gobierno. El Consejo tenía el objetivo de supervisar los estándares laborales de los trabajadores en la industria de comida rápida del estado.
El consejo también tenía la autoridad para establecer estándares mínimos para todo el sector en materia de salarios, de protección de la salud y de la seguridad, políticas de tiempo libre y soluciones contra las represalias a los trabajadores en los restaurantes de comida rápida con más de 100 ubicaciones a nivel nacional.
El consejo podría aumentar el salario mínimo de la industria de comida rápida hasta US$ 22 por hora, en comparación con el mínimo de US$ 15.50 vigente en el resto del estado. A partir de entonces, ese mínimo subiría anualmente en función de la inflación.
La industria de comida rápida de California tiene más de 550.000 trabajadores. Casi el 80% son personas de color y alrededor del 65% son mujeres, según el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, que ha respaldado la ley junto con el movimiento Fight for US$ 15.
Los defensores de la ley, incluidos sindicatos y grupos laborales, ven esto como un modelo innovador para mejorar los salarios y las condiciones de los trabajadores de comida rápida y superar los obstáculos que existen para sindicalizar a los trabajadores en la industria. Argumentan que el éxito en California puede llevar a otras ciudades y estados favorables a los trabajadores a adoptar Consejos similares que regulen a la industria de comida rápida y otros servicios. Menos del 4 % de los trabajadores de restaurantes en todo el país están sindicalizados.
La ley laboral en Estados Unidos está estructurada en torno a sindicatos que se organizan y negocian en cada tienda o planta individual. Esto hace que sea casi imposible organizar a los trabajadores en las cadenas minoristas y de comida rápida que poseen miles de tiendas.
La ley de California acercaría al Estado a la negociación sectorial, una forma de negociación colectiva en la que los trabajadores y los empleadores negocian salarios y estándares para toda una industria.
Quienes se oponen a la ley dicen que es una medida radical que tendrá efectos dañinos. Argumentan que apunta injustamente a la industria de comida rápida y que aumentará los precios y obligará a las empresas a despedir trabajadores, citando un análisis de economistas de UC Riverside que encontró que si la compensación de los trabajadores de restaurantes aumenta en un 20%, los precios de los restaurantes aumentarían en aproximadamente un 7%. Si la compensación de los trabajadores de restaurantes aumentara en un 60%, los precios de los restaurantes de servicio limitado aumentarían hasta en un 22%, según el estudio.
“Esta ley crea un impuesto a los alimentos para los consumidores, acaba con los empleos y expulsa a los restaurantes de las comunidades locales”, dijo la coalición Save Local Restaurants.
Este miércoles, el presidente de McDonald’s en EE.UU., Joe Erlinger, criticó la ley por estar impulsada por sindicatos en apuros y dijo que la misma conduce a “un consejo no elegido de expertos políticos, no propietarios de negocios locales y sus equipos”, tomando decisiones comerciales clave.
Los opositores recurrieron a una estrategia similar utilizada por Uber, Lyft y empresas de conciertos que buscaban revocar una ley de California de 2020 que les habría requerido reclasificar a los conductores como empleados, y no como “contratistas independientes”, lo que les proporcionaría beneficios tales como un salario mínimo, horas extras y licencia por enfermedad paga.
En 2020, Uber, Lyft, DoorDash, Instacart y otros gastaron más de US$ 200 millones para persuadir —con éxito— a los votantes de California a que aprobaran la Proposición 22, una medida electoral que eximía a las empresas de reclasificar a sus trabajadores como empleados.