(CNN Español) – El Gobierno de Colombia anunció esta semana que los grupos armados de Medellín se comprometieron a dejar de “torturar, desaparecer y asesinar” como parte del proceso de “paz urbana”, un proceso de sometimiento con bandas criminales y organizaciones armadas cuya negociación está a cargo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).
El proceso —que hace parte de la apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro de la Paz Total— inició hace cuatro meses y hasta este momento han estado en fase de “acercamientos”. Según el comunicado, esta fase “ha sido absolutamente discreta, con mecanismos de comunicación e interacción confidenciales para facilitar la confianza, y con acuerdos verificables que los facilitadores reconocidos por la OACP han cumplido con responsabilidad, discreción y compromiso”.
La fase de acercamiento se ha hecho con más de 12 grupos delincuenciales de Medellín y su área metropolitana, compuesta por 10 municipios aledaños. Según la OACP, el proceso de paz urbana está regido por los acuerdos de cooperación judicial, por lo que descartó “promesas de rebajas de penas, de no extradición o de excarcelación de líderes de estructuras”.
La violencia y criminalidad en Medellín
Históricamente, Medellín ha sido golpeada por violencia y narcotráfico que vienen de las décadas de los 80 y 90. De hecho, la ciudad llegó a ser considerada la más peligrosa del mundo debido a la violencia, el narcotráfico y las guerras entre bandas que azotaban a la ciudad, con Pablo Escobar a la cabeza. Y si bien su imagen ha cambiado radicalmente en los últimos años —desde 2015 no hace parte de las 50 ciudades más violentas del mundo, según la Alcaldía—, aún se desangra por la fuerte violencia criminal de grupos armados y delincuencia organizada.
“Después del proceso de movilización de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) muchos de esos cabecillas que firmaron un acuerdo de desmovilización, que entregaron armas, que entraron a la negociación, dejaron de cumplir ese proceso y se convirtieron como en cabecillas de nuevas organizaciones delincuenciales para poder cooptar todo ese mercado de la criminalidad y de la ilegalidad que se da tanto en Medellín como en los municipios del Área Metropolitana”, dijo a CNN Isaac Morales, coordinador de la línea de seguridad ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, un centro de estudios con sede en Bogotá.
Dos de las grandes organizaciones criminales que hacen presencia allí son “La Oficina” y el “Clan del Golfo”, que según el informe de PARES de 2021, “Delincuencia organizada en aglomeraciones urbanas”, han trasladado las dinámicas de violencia a otros territorios rurales del país.
Y después están varios grupos criminales que se organizan bajo una lógica de “sourcing criminal”, según Morales, “que recoge un montón de compuestos de organizaciones delincuenciales ya de menor alcance”, pero que son parte del panorama violento de la ciudad.
La organización criminal La Oficina está integrada por unos 3.600 delincuentes y 39 grupos delincuenciales comunes organizados (GDCO); el Clan del Golfo que opera en el Valle de Aburrá y Medellín, está integrado por unos 2.600 criminales y 5 GDCO, según datos oficiales de la Alcaldía de Medellín compartidos con CNN.
En Medellín, las autoridades han identificado 73 GDCO y 5 grupos delincuenciales organizados (GDO), según el Inventario Criminal Unificado de la ciudad, de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, la Fiscalía Seccional y la Policía Metropolitana.
La alcaldía de Medellín dice que desde 2020 han sido capturados más de 1.500 integrantes de estas estructuras delincuenciales y 56 cabecillas. Y para combatir estas bandas criminales, tiene un programa de recompensas que van desde los 20 hasta los 200 millones de pesos (Entre US$ 4.300 y US$ 43.000).
La prensa local reporta que algunas de esas bandas delincuenciales detrás de la violencia en Medellín son los Picacho, Caicedo, La Unión, Trianón, Los Triana, Pachelly, Los Chatas, La Terraza, Robledo, La Sierra.
El accionar delictivo de estos grupos son el sicariato, la extorsión ‘gota a gota’, y otros delitos como las desapariciones, homicidios y torturas de las que son víctimas pequeños comerciantes que no acceden a las presiones de estos grupos delictivos y “terminan siendo incluso asesinados en parte de esta misma lógica de lo que significa las economías ilícitas”, dijo Morales.
Según el informe de PARES, desde 2018 “se ha alertado sobre la existencia de por lo menos 12 mafias extranjeras en Antioquia lo que indica un escenario de posibles alianzas o disputas entre las organizaciones locales y las redes de tráfico internacional”.
El Alto Comisionado para la Paz no ha identificado las bandas con las que está haciendo acercamientos para mantener la confidencialidad del proceso.
Las dudas sobre la “paz urbana”
Volviendo a la negociación con los grupos delincuenciales de Medellín, para Morales, un concepto clave en el comunicado de esta semana del Gobierno fue el de “paz urbana”, pues desde allí se empieza a delinear un concepto que aún no es claro sobre los alcances del proceso de paz con grupos delincuenciales.
“Como que empiezan a surgir estas luces en lo que significa una idea de ‘Paz Total’, pero también dentro de un contexto de lo urbano o de seguridad pública, sobre todo enfocado en la seguridad de las ciudades”, dijo Morales. El analista plantea que una idea de paz urbana debería tener como objetivo “bajarle a las hostilidades y a los enfrentamientos delincuenciales que hay en estas bandas, y bajar su repertorio de acción y de violencia”.
Con la Paz Total, el gobierno de Petro le ha apostado a dos frentes: el primero, una negociación de paz con agenda política solamente con la guerrilla del ELN. Por otra parte, procesos de sometimiento a la justicia con las organizaciones criminales, que no tienen agenda política. Lo que se busca con estos grupos delincuenciales en Medellín y su área metropolitana es un sometimiento a la justicia.
Si bien la apuesta de paz del gobierno actual es grande y novedosa frente al crimen organizado, aún es muy incipiente puesto que no se conocen lineamientos para su sometimiento.
“Si bien hay un sometimiento, también hay un montón de incertidumbre frente a cómo se va a dar ese proceso y de cómo se está dando ese acercamiento con reacciones delincuenciales”, dijo Morales, que insiste en que el Gobierno tiene un desafío gigante a la hora de darle claridad al proceso en cuestiones de sometimiento y reincidencia.