(CNN) – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, visitó las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel con ocho módulos que pronto comenzará a funcionar y que, de acuerdo con las proyecciones de las autoridades, servirá para recluir a por lo menos 40.000 miembros de pandillas. El recorrido fue exhibido este martes por la noche por cadena nacional de radio y televisión.
Las celdas son de concreto, las puertas están construidas de acero reforzado y el agua que llegará para uso de los reos será controlada por los custodios. “Reo que entre a este centro no va a volver a salir”, aseguró Osiris Luna, director de Centros Penales, uno de los funcionarios que acompañó al mandatario en la visita.
Las autoridades explicaron que los reos no saldrán del penal y en las audiencias judiciales participarán a través de videoconferencia. El director de Centros Penales explicó que cuando un reo sea trasladado de la celda a la sala de audiencias llevará grilletes en manos y pies. Se realizará el mismo procedimiento si es llevado a la sala de aislamiento para castigo.
“No va a salir a las audiencias, amenazar a los jueces, amenazar testigos, a ocupar la salida para organizarse con las estructuras”, sostuvo Bukele mientras realizaba la visita.
Durante el recorrido, las autoridades de seguridad pública explicaron al mandatario que para evitar una fuga, la cárcel tendrá varios anillos de seguridad, entre ellos, una cerca electrificada con 15.000 voltios y custodios penitenciarios, soldados y policías que controlarán el perímetro a través de 19 torres de vigilancia. Un grupo de 50 miembros de la Policía Nacional Civil apoyará de manera permanente las requisas.
“Y que los titiriteros no vengan a decirnos que estamos violando los derechos humanos de los terroristas, porque El Salvador ha tomado el mismo camino que los países de primer mundo tomaron para ser lo que son, el camino de la justicia”, aseguró este martes Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad, en un mensaje en su cuenta de Twitter.
La implementación del régimen de excepción ha provocado críticas tanto de organizaciones sociales de El Salvador como de organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, por considerar que viola derechos humanos.
Desde finales de marzo de 2022, cuando se implementó el régimen de excepción como respuesta a un repunte de violencia que en un solo día dejó 62 asesinatos, el Gobierno de El Salvador ha capturado a más de 62.000 personas, de acuerdo con las autoridades de seguridad pública.