(CNN Español) – La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, anunció este miércoles que solicitó a la Corte Nacional de Justicia que fije día y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos dentro del caso Sinohydro.
A través de un video publicado por la Fiscalía, Salazar detalla el señalamiento por el presunto delito de cohecho contra 37 personas. Entre ellas están el expresidente Lenín Moreno, su esposa y una de sus hijas, además de dos hermanos y dos cuñadas del exmandatario. El caso también involucra a empresarios, exfuncionarios públicos, exfuncionarios diplomáticos chinos y sus entornos de confianza.
De acuerdo con Salazar, la investigación ha tomado más de 25 meses y tiene relación con una presunta estructura de corrupción alrededor de la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, desarrollado por la empresa china Sinohydro en las provincias de Napo y Sucumbíos.
La fiscal Salazar indicó que este caso tuvo alcance “interestatal y trasnacional” y que las acciones ilícitas habrían ocurrido entre 2009 y 2018. Agregó que la investigación fue abierta el 28 de marzo de 2019.
El monto del presunto cohecho, según Salazar, sería de US$ 76 millones de dólares, que correspondería a aproximadamente el 4% del valor contratado de la obra. La fiscal afirma que el costo inicial del proyecto se estableció en US$ 1.979 millones de dólares, pero, en la ejecución de la obra, la cifra superó los US$ 2.200 millones de dólares.
“Decenas de millones de dólares en coimas habrían sido entregadas por Sinohydro y canalizadas por terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios de consultoría y representación y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias”, señaló la fiscal.
CNN solicitó una reacción sobre el caso a la embajada de China en Ecuador. La delegación diplomática respondió que espera que los órganos judiciales de Ecuador realicen todas las investigaciones y juzguen el caso de manera justa y objetiva.
“El gobierno chino siempre exige a las empresas chinas que operen de conformidad con las leyes y reglamentos en el extranjero. Al mismo tiempo, también apoya firmemente a las mismas para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos”, expresó en un correo la embajada a CNN.
l expresidente Moreno, a través de una carta pública, se pronunció sobre la investigación en su contra y rechazó las alegaciones realizadas por la fiscal Salazar.
“No tengo ni tuve ninguna responsabilidad en la contratación de la obra ‘más emblemática de la Revolución Ciudadana’, enfatizó Moreno.
Además, dijo que su gobierno denunció en octubre de 2017 que 640 obras ejecutadas durante el gobierno anterior tenían indicios de sobreprecio, mal manejo contractual o estaban inconclusas.
“Sorprende que si se investigan irregularidades en Sinohydro no se formulen cargos contra quienes sí tuvieron responsabilidad y competencias en las diferentes etapas del proceso contractual”, precisó en la carta
Durante el proceso de investigación previa, la Fiscalía realizó “89 impulsos fiscales, 80 versiones, 465 requerimientos de información, 13 pericias, 13 audiencias privadas, cinco allanamientos y 10 asistencias penales solicitadas a países como Panamá, Belice, Suiza, China, Estados Unidos y España”, según detalló Salazar.
De acuerdo con el Código Penal de Ecuador, el delito de cohecho ocurre cuando “servidores públicos o personas con potestad estatal que reciban o acepten, por sí o por otra persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero con el fin de hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a su cargo o funciones. Además, las personas que ofrezcan o prometan a un servidor público un beneficio económico indebido o de otra clase, igual incurrirán en el cometimiento del delito”.