(CNN Español) – El Gobierno de Perú pagará a los familiares de los fallecidos y heridos de gravedad durante las protestas ocurridas en el país entre el 8 de diciembre y el 10 de febrero, de acuerdo con un decreto publicado en el diario oficial El Peruano.
El decreto ordena la entrega en moneda local del equivalente a US$ 13.000 a los deudos de las personas que perdieron la vida y un pago único de US$ 6.500 a quienes sufrieron lesiones de consideración.
La Comisión Multisectorial, un organismo conformado por representantes del Gobierno y organizaciones defensoras de los derechos humanos, se encargará de identificar los criterios que califican para determinar que una persona fue herida de gravedad.
En las consideraciones del decreto, el Gobierno aclara que el pago “no tiene naturaleza resarcitoria ni reparatoria, ni tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales”.
Como informó CNN por primera vez, las familias peruanas han exigido reparaciones por las muertes y lesiones de los manifestantes desde la destitución del expresidente Pedro Castillo. En los meses siguientes, las protestas fueron alimentadas por una profunda insatisfacción por las condiciones de vida y la desigualdad en el país.
Al menos 60 personas han muerto, según la Defensoría del Pueblo de Perú, incluido un oficial de policía. La mayoría de esas muertes ocurrieron fuera de Lima. Hasta el 22 de febrero siete personas fallecieron en Apurímac, diez en Ayacucho y veinte en Puno, por ejemplo, según la misma organización.
El anuncio del Gobierno se produce después de que un informe preliminar publicado por Amnistía Internacional acusara a las autoridades peruanas de actuar con “un marcado sesgo racista” en su represión de las protestas de la semana pasada.
El grupo de derechos humanos también acusó a las fuerzas de seguridad peruanas de utilizar armas de fuego con munición letal “como uno de sus principales métodos para dispersar manifestaciones, incluso cuando no había riesgo aparente para la vida de otras personas”, lo que constituye una violación de las normas internacionales de derechos humanos.
CNN contactó al Ministerio de Defensa e Interior para obtener comentarios sobre el informe de Amnistía Internacional y las acusaciones de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. El Ministerio de Defensa se negó a comentar y le dijo a CNN que hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía de Perú con la que están colaborando.
Un portavoz del Ministerio del Interior también se negó a comentar destacando la investigación en curso por parte de la oficina del Fiscal.
Desde el 7 de diciembre de 2022, Perú está sumido en una crisis política e institucional luego de que el entonces presidente Castillo intentó disolver inconstitucionalmente el Congreso.
Tara John de CNN colaboró en este reporte.