(CNN Español) – La Audiencia Nacional de España ha acordado este viernes prorrogar la prisión provisional de Hugo Armando Carvajal, exdirector de Inteligencia de Venezuela, hasta el límite máximo de cuatro años (1 de abril de 2025) al considerar que existe un elevado riesgo de fuga, de acuerdo con información que un vocero de la Audiencia Nacional proporcionó a CNN.
Así consta en el auto emitido por los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal y al que ha tenido acceso CNN, donde recuerdan que en ocasiones anteriores le han denegado la puesta en libertad dado que se mantuvo en paradero desconocido durante casi dos años y tras recibir una solicitud de extradición de Estados Unidos, donde se le solicita por cargos relacionados con el narcotráfico.
CNN trata de contactar al abogado de Carvajal para obtener una reacción a la medida de la Audiencia Nacional.
El periplo de su proceso comenzó el 12 de abril de 2019, cuando el general retirado fue arrestado en Madrid por primera vez por cargos que le imputa la justicia de EE.UU.: presunta conspiración narcoterrorista, posesión de armas y tráfico de drogas.
Según informó entonces el Departamento de Justicia de EE.UU., de ser hallado culpable de estos delitos, el exfuncionario venezolano podría pasar entre 60 años de prisión y la cadena perpetua. Carvajal siempre se ha declarado inocente y dice ser blanco de una persecución política. En este tiempo, el proceso legal sufrió varios vaivenes. En septiembre de 2019, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional de España rechazó, en una primera instancia, su entrega.
Dos meses después, tras un recurso presentado por la Fiscalía Antidroga española, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó la decisión y aceptó su extradición. Carvajal decidió entonces escapar, pero en septiembre de 2021 fue capturado por la Policía Nacional de España.
Según recuerda la Audiencia Nacional, su extradición fue aprobada “gubernativamente el 3 de marzo de 2020 y por auto de 26 de noviembre de 2021, confirmado el 20 de marzo de 2022, se han declarado suficientes las garantías solicitadas a las autoridades de los Estados Unidos en relación a la cadena perpetua”.
No obstante, su entrega quedó suspendida tras así haberlo acordado el 25 de marzo de 2022 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano ante el que su defensa presentó un recurso para evitar la extradición.