(CNN Español) –– El ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, anunció su renuncia al cargo a través de su cuenta de Twitter. Según dijo, la decisión ocurre “en virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela” y con el objetivo de “acompañar y respaldar totalmente ese proceso”.
En un mensaje que publicó en la misma red social, el también vicepresidente del área económica “se puso a la orden” de la dirección del partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, “para apoyar la cruzada emprendida por el presidente Nicolás Maduro contra los antivalores que estamos obligados a combatir”.
Por su parte, Maduro señaló que decidió aceptar la renuncia de El Aissami “para facilitar todas las investigaciones que deben dar como resultado el establecimiento de la verdad, el castigo de los culpables (…) y la justicia en todos estos casos de todos estos frentes que hemos abierto en la batalla contra la corrupción”. También señaló que el exfuncionario “ha ratificado su condición de militante revolucionario y está en la disposición de tener la voluntad de cooperar en todas las investigaciones”.
El líder opositor, Juan Guaidó, sostuvo que “la renuncia de Tareck es una confesión de cómo han destruido el país. Nelson Martínez murió en la cárcel, también presidente de PDVSA. Todos designado por Maduro. Maduro es el principal responsable de esta red de corrupción realmente”.
La renuncia de El Aissami, uno de los delfines del régimen chavista, ocurre tras un fin de semana frenético en Venezuela. En las últimas horas, al menos 5 altos funcionarios han sido detenidos tras una investigación que emprendieron las las autoridades del país por supuestos hechos de corrupción.
Una fuente cercana al sistema judicial venezolano confirmó a CNN este domingo que la Policía Nacional Anticorrupción detuvo en las últimas horas al diputado Hugbel Roa, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Roa había ejercido el cargo de ministro de Educación Superior y ya había sido diputado en el período 2016-2021. Se desconocen detalles sobre los cargos en su contra. Por tratarse de un legislador corresponde a la Asamblea Nacional levantar la inmunidad parlamentaria de Roa. De momento, no hay convocatoria para tal acción.
CNN intentó obtener la reacción tanto de Roa como de su defensa sin hasta ahora haber obtenido respuesta.
Mediante un comunicado, el Ministerio Público informó que ante las detenciones de la Policía Nacional Anticorrupción de un grupo de funcionarios públicos comenzó “las diligencias pertinentes para su judicialización”, incluida la designación de fiscales con competencia en corrupción, delincuencia organizada, derechos humanos y competencia plena.
En el escrito, las autoridades no precisan los nombres ni el número de personas detenidas. Sin embargo, destacan que “corresponden a distintas ramas y niveles del poder público”.
La Policía Nacional Bolivariana confirmó mediante un comunicado difundido este domingo por el canal del Estado la detención del juez a cargo del tribunal cuarto de primera instancia con competencia en delitos asociados al terrorismo, José Mascimino Márquez García.
El juez tuvo en su poder los casos del exdiputado Freddy Guevara y del periodista Roland Carreño, ambos pertenecientes al partido opositor Voluntad Popular.
En el mismo comunicado se confirma la detención de los funcionarios Joselit Ramírez Camacho, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y actividades conexas (Sunacrip); del presidente del Circuito judicial de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret; y del alcalde del municipio Las Tejerías, en el estado Aragua, Pedro Hernández.
CNN intentó contactar a Márquez, Ramírez, Cornieles y Hernández, así como a su defensa, pero hasta ahora no ha obtenido respuesta.
Esto ocurre horas después de que en un primer comunicado la Policía Nacional Anticorrupción informara que solicitó al Ministerio Público que sean procesados individuos vinculados al poder judicial, la industria petrolera y las alcaldías que según se señala en el escrito “podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
Destacan, además, que realizaron una profunda investigación por meses que, según describen en el texto, “apunta a ciudadanos que ejercían funciones en el poder judicial, la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales del país”.
Recordemos que, en junio de 2020, Estados Unidos ofreció de forma pública una recompensa de US$ 5 millones a quien facilite la captura de Ramírez Camacho. Según el pliego del Departamento de Justicia, Ramírez tendría lazos con supuestos capos del narcotráfico, incluyendo al actual vicepresidente del área económica y ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami. El Distrito sur de Estados Unidos acusa a Ramírez de evadir sanciones relacionadas con narcóticos y por supuesto lavado de dinero en el ejercicio de cargos públicos en Venezuela.
El Aissami respondió en febrero de 2017 mediante una carta publicada en el periódico estadounidense The New York Times asegurando que se trata de una acusación falsa y pidió a las autoridades estadounidenses rectificar.
El Gobierno de Venezuela reaccionó en junio de 2020 a través de un comunicado a las sanciones emitidas contra Ramírez Camacho rechazando lo que consideraron como una agresión y un acto de persecución en contra del funcionario y cuestionando al entonces presidente, Donald Trump.