(CNN Español) – El Parlamento de Perú aprobó este miércoles acusar constitucionalmente a la expresidenta del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez, así como a los exministros del Interior y Comercio Exterior, Willy Huerta y Roberto Sánchez, respectivamente, por los delitos de rebelión y conspiración, a raíz del intento por parte del expresidente Pedro Castillo de disolver inconstitucionalmente el Parlamento el 7 de diciembre. El informe final aprobado será enviado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Chávez, Sánchez y Huerta ya han negado ante el Congreso su participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.
Sin embargo, un video de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, difundido el 5 de marzo por el programa “Panorama” de Panamericana Televisión, muestra imágenes de Betssy Chávez acompañando a Pedro Castillo durante la lectura del mensaje a la Nación donde anuncia la disolución del Congreso.
¿Qué es una acusación constitucional?
La acusación constitucional permite llevar a cabo dos procesos en el Parlamento: el juicio político, que busca inhabilitar al funcionario o exfuncionarios públicos, y el antejuicio, que es una autorización del Congreso que posibilita, a través de los votos, ponerlo a disposición de la Justicia.
¿En qué se basa la acusación constitucional?
La acusación se basa en una denuncia constitucional presentada el 12 de diciembre ante el Congreso por la fiscal de la nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. En la denuncia presentada por la fiscal fue incluida Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros; Willy Huerta, exministro del Interior; y Roberto Sánchez, exministro de Comercio y Turismo.
El Ministerio Público investiga la probable responsabilidad de los exfuncionarios en el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso por parte de Castillo.
Días antes de presentar esta denuncia constitucional ante el Congreso, la Fiscalía inició diligencias preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El expresidente cumple actualmente 18 meses de prisión preventiva por estos esos supuestos delitos y, en paralelo, 36 meses de prisión preventiva por presuntos actos de corrupción cometidos durante su Gobierno.
Durante audiencias judiciales, tanto el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, como el propio exmandatario ejercieron su defensa.
“Niego rotunda y categóricamente que soy autor y formo parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República”, dijo el exmandatario.