(CNN Español) – En 1992 el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de US$ 2 millones por información que permitiera la captura de Pablo Escobar el entonces jefe del Cartel de Medellín, uno de los más temidos y sanguinarios jefes del narcotráfico que en ese momento sembraba el terror en Colombia. Esta sería la primera de varias designaciones como terroristas tanto de personas como de grupos criminales en ese país por parte del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia.
En el caso de Pablo Escobar sus acciones violentas contra el Estado y la población civil, en su intento por frenar la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, motivaron esa decisión de Washington. Los centenares de víctimas de esta guerra de Escobar, entre las que se cuentan magistrados, periodistas, policías y ciudadanos indefensos, llevaron a las autoridades a considerarlo como uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.
Con su inclusión en la lista de terroristas, Escobar empezó a perder su poderío económico, sus bienes fueron confiscados, a su familia se les negó la visa para ingresar a EE.UU., y finalmente la persecución al capo terminó con su muerte el 2 de diciembre de 1993. Con ello culminó uno de los capítulos más violentos en la historia de Colombia.
En el año 2000, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, se estableció el llamado “Plan Colombia” de guerra contra las drogas. Fue una iniciativa de la administración de Bill Clinton para incrementar la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados en el país y reducir así el envío de narcóticos a Estados Unidos.
Un año después, en 2001, se amplió el listado de los grupos considerados como terroristas. Estados Unidos incluyó allí a las Autodefensas Campesinas de Colombia (AUC) entre las organizaciones que sembraban el terror en Colombia. Tras un proceso de paz, las AUC se desmovilizaron entre 2005 y 2006 durante el gobierno de Álvaro Uribe. En 2008 la mayoría de sus principales jefes, entre ellos Salvatore Mancuso, fueron extraditados a EEUU. Posteriormente el Departamento de Estado también los excluyó del listado.
En 1997, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) había sido declarada como terrorista por el Departamento de Estado. Según las autoridades estadounidenses, además de los secuestros, las extorsiones, los asesinatos y los atentados contra la infraestructura, esa organización, que se declaraba de izquierda, estaba involucrada en el narcotráfico.
En 2021, y tras el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y esa guerrilla firmado en 2016, Washington dejó de considerarla como terrorista. Las FARC se convirtieron en el partido político Comunes.
En su momento la inclusión de las FARC en ese listado permitió también el seguimiento e incautación de muchos de sus bienes ilícitos y el señalamiento y persecución a testaferros y colaboradores de ese grupo armado. Varios de sus jefes, como alias Simón Trinidad, fueron capturados y extraditados a Estados Unidos.
En la lista de terroristas permanecen las llamadas disidencias de las FARC; facciones de esa guerrilla que no firmaron el acuerdo y que no estuvieron de acuerdo con lo pactado y siguieron delinquiendo.
La guerrilla del ELN, que actualmente adelanta un proceso de paz con el gobierno de Colombia, sí está incluida en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea desde 2004.
En la mayoría de los casos la inclusión de personas o de organizaciones armadas colombianas en la lista de terroristas ha estado relacionada con los presuntos vínculos con el narcotráfico y las actividades violentas que ello genera. Y eso se ha traducido en apoyo técnico, asistencia militar, judicial y económica por parte de Estados Unidos en la lucha contra estas estructuras criminales.
Un nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico
El presidente Gustavo Petro sostiene, sin embargo, que es hora de hacer un replanteamiento en la guerra contra las drogas que ha prevalecido en las últimas décadas en Colombia.
“La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. Han aumentado los consumos mortales, de drogas suaves han pasado a las más duras, se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país, han condenado a las cárceles a millones de personas, para ocultar sus propias culpas sociales le han echado la culpa a la Selva y sus plantas. Han llenado de sin razón los discursos y la política”, dijo el mandatario en la sesión plenaria de la asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2022.
Actualmente se tramita en el Congreso de la República una ley de sometimiento a la justicia para narcotraficantes y bandas criminales que permitiría un tratamiento penal más benigno, incluyendo la reducción de las condenas a quienes se entreguen voluntariamente a las autoridades. De esa forma, tendrían la posibilidad de mantener un porcentaje de sus bienes ilícitos a cambio de colaboración eficaz y reparación a las víctimas. El compromiso de no repetición y el esclarecimiento de la verdad de los crímenes cometidos también podría significar la no extradición para quienes se sometan a la justicia.
Todo esto, además de los diálogos de paz con el ELN y las disidencias de las FARC, y las declaratorias de cese al fuego bilateral con grupos armados ilegales, hacen parte de la llamada política de “Paz Total” del actual gobierno. Una polémica iniciativa que ha sido cuestionada por partidos políticos de la oposición política y sectores de opinión contrarios al Ejecutivo.
“La paz total no se puede convertir en impunidad total”, ha dicho en varios foros y pronunciamientos públicos el expresidente Iván Duque, refiriéndose a la iniciativa gubernamental.