(CNN Español) – La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer este miércoles una sentencia en la que determina que el Estado mexicano es responsable de violación de derechos humanos por el caso de dos detenidos que fueron mantenidos en presión preventiva oficiosa por 17 años sin ser enjuiciados.
La sentencia anunciada en el caso “García Rodríguez y otro vs. México”, dictamina que el Estado mexicano es “responsable de la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial”.
El gobierno de México, a través de un comunicado, informó que “analizará la resolución de la Corte con el fin de cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”. Agrega que esta sentencia servirá para orientar las acciones del Estado en cuanto a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad y que enfrentan juicio ante sus autoridades.
Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, querellantes, fueron detenidos en 2002 y permanecieron en prisión preventiva por 17 años cuando finalmente se les sentenció por delito de homicidio con una pena de 35 años de prisión, acusados de asesinar a una regidora municipal en 2001. Tras la apelación de esa sentencia, el 19 de marzo el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, en el Estado de México, notificó a García que fue ratificada su condena a 35 años de prisión –que él consideró “injusta y sin pruebas”, según reporta El Universal—, mientras absolvió a Alpízar.
La Corte IDH analizó en este caso “dos figuras que se encuentran establecidas en la normativa mexicana: el arraigo y la prisión preventiva oficiosa”. Así mismo, se indicó que García Rodríguez y Alpízar Ortiz fueron sometidos a torturas en el lapso en el que permanecieron privados de su libertad.
En la sentencia leída por videoconferencia desde Cosa Rica por el presidente de la CIDH, Ricardo Pérez, ante representantes del gobierno de México y de los demandantes, la corte ordenó una serie de medidas de reparación, entre ellas que el Estado mexicano haga pago por daños materiales e inmateriales. También se pidió al gobierno que adecúe los procedimientos judiciales, concretamente el arraigo y la prisión preventiva, a los estándares internacionales.
La Corte IDH estableció un plazo de un año para que el Estado mexicano informe sobre el cumplimiento de la sentencia.
