(CNN Español) – El Gobierno de Costa Rica anunció este miércoles un plan para enfrentar la inseguridad y el incremento del número de homicidios, lo que incluye más agentes de la fuerza pública en la calle. “Desde el Ejecutivo, no vamos a escatimar esfuerzo o sacrificio alguno, esto no se trata de discursos”, dijo el presidente Rodrigo Chaves durante el acto de presentación de la iniciativa denominada “Operación Costa Rica Segura”. El acto se llevó a cabo en la Plaza de la Democracia y de la Abolición del Ejército en la capital del país.
Del 1 enero al 19 de abril de 2023, Costa Rica contabiliza 261 homicidios, 76 más que en el mismo periodo en 2022, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). San José es la provincia donde se registra la mayor cantidad de crímenes con 69, seguido de Limón, en el Caribe, con 65.
El presidente Chaves mencionó la semana pasada que la violencia la alimentan la guerra de pandillas y los ajustes de cuentas, entre otras cosas, y que no era una situación nueva. “Es inaceptable, pero ha sido un problema crónico”, dijo el mandatario.
Entre las medidas anunciadas y de aplicación inmediata, el Gobierno destacó un cambio en el horario de trabajo de los agentes de la Fuerza Pública, que, según el viceministro de seguridad, Daniel Calderón, se aplica desde este miércoles. El funcionario explicó que con la modificación, las operaciones normales de la Policía van a contar con 1.000 funcionarios más. Señaló también que ciertos días a la semana se tendrá el 75% de la fuerza pública en la calle. “Este es un gran desafío desde el punto de vista logístico y del sacrificio de nuestra gente”, enfatizó Calderón.
En la oficina de Prensa del Ministerio de Seguridad le dijeron a CNN que la fuerza pública está formada por 12.000 policías. El ministro de esa cartera, Jorge Torres, informó que el cambio de rol incluye a todos los agentes que hasta hoy han alternado jornadas de tres días trabajados por tres libres, y seis días trabajados por seis libres, lo que se ajustará, durante seis meses, a seis días trabajados por cuatro días libres.
Torres agregó que el plan contempla un proceso de reclutamiento extraordinario, lo que permitirá nombrar a 400 nuevos funcionarios en junio y que esperan que la Asamblea Legislativa apruebe un presupuesto extraordinario para contratar a 300 más. “Este país no pertenece a los delincuentes, nos pertenece a todos los costarricenses”, dijo Torres.
Otras medidas
Entre las medidas también figura el uso de 600 millones de colones, alrededor de US$ 1,1 millones decomisados al narcotráfico y que resguarda el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICC), para la compra de patrullas.
El Gobierno anunció, además, que enviará al Congreso seis proyectos de ley, entre ellos uno que permite la extradición de delincuentes costarricenses solicitados por autoridades extranjeras, y otro para mejorar la tecnología de las intervenciones telefónicas.
Torres dijo que se emitirá un decreto ejecutivo que endurecerá el control y la fiscalización de municiones de armas de alto calibre, para que solo se vendan a personas con un arma de ese tipo inscrita.
Varios diputados de oposición han dicho a medios locales que planean revisar detalladamente los proyectos de ley.
Ariel Robles, del izquierdista Frente Amplio, dijo al diario La Nación que lo positivo es que el presidente asume que sí hay una crisis de inseguridad, porque -asegura- antes lo había negado. “Un día dice una cosa, otro día dice otra”, mencionó.