(CNN) – Las autoridades de Cleveland, Texas, instalaron grandes carteles en español por toda la ciudad pidiendo ayuda para encontrar a un hombre sospechoso del asesinato de cinco personas, pero la falta de confianza en la Policía entre algunos latinos puede estar obstaculizando esos esfuerzos, advierten activistas.
Algunos latinos, sobre todo inmigrantes, temen que cualquier contacto con las agencias de seguridad pueda dar lugar a preguntas sobre su situación migratoria y conducir potencialmente a su deportación.
“Vincular la seguridad pública con la situación migratoria los afecta a todos, porque en casos como este es menos probable que la comunidad latina diga lo que sabe si cree que hay una conexión entre las fuerzas del orden y los funcionarios de inmigración”, dijo César Espinosa, director ejecutivo del grupo de derechos de los inmigrantes FIEL, con sede en Houston.
El viernes, cinco personas, entre ellas una madre y su hijo de 9 años, murieron en Cleveland, Texas, luego de que Oropesa, su vecino, abriera fuego después de que le pidieran que dejara de disparar en su jardín porque estaba muy cerca de donde dormía un bebé en una casa vecina, dijo a CNN Wilson García, cuya esposa e hijo perdieron la vida.
Las autoridades llevan días buscando al sospechoso, y se pidió a los agentes de la Patrulla Fronteriza que estén alerta por si intenta escapar a México, según informó a CNN una fuente policial familiarizada con la investigación.
Mientras Oropesa sigue eludiendo a las fuerzas del orden, el gobernador de Texas, Greg Abbott, desató la indignación al calificar a las víctimas y al sospechoso de “inmigrantes ilegales” cuando anunció una recompensa por información que condujera al arresto del sospechoso.
“¿Qué diría Jesús a las víctimas del tiroteo masivo?”, se preguntó Domingo García, presidente nacional de la League of United Latin American Citizens, en un comunicado. “Las palabras del gobernador Abbott no son cristianas. Es indefendible para cualquier texano de buen corazón utilizar un lenguaje divisivo para difamar a víctimas inocentes, incluido un… niño”.
Las autoridades han dicho que las víctimas eran todas de nacionalidad hondureña, pero no dieron más información sobre su situación migratoria. Este lunes, la oficina de Abbott dijo que al parecer al menos una de las víctimas era residente legal permanente.
Aunque la situación migratoria actual de Oropesa no está clara, había entrado ilegalmente a EE.UU. y había sido deportado por funcionarios de inmigración al menos cuatro veces desde 2009, dijo una fuente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) que lo identificó como Francisco Oropesa Pérez-Torres.
El tiroteo tuvo lugar el viernes en Cleveland, Texas una ciudad de unos 8.000 habitantes al noreste de Houston, donde casi el 31% de sus residentes son hispanos o latinos, según la Oficina del Censo.
Un estudio de 2021 financiado por la Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia mostró que los latinos que sufren discriminación u “otras formas de victimización” son reacios a llamar a la policía y, en su lugar, buscan ayuda de familiares, miembros de la comunidad o de su iglesia. La muestra del estudio incluía a personas que vivían en el área metropolitana de San Diego, las áreas metropolitanas de Galveston y Houston, y Boston.
Espinosa dijo que el grupo FIEL ha instado a las fuerzas del orden a emplear enlaces comunitarios o a colaborar estrechamente con defensores que actúen como mediadores entre los residentes y la policía.
“En casos como éste, deberíamos buscar y desear la plena cooperación de la comunidad (latina)”, afirmó.
María Cordero, estratega de política y defensa de la inmigración en la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Texas, dijo que la desconfianza en las fuerzas del orden ha provocado que las comunidades vivan en un miedo perpetuo, que a veces les obliga a cambiar sus rutinas diarias o les impide pedir ayuda a la policía o en los hospitales.
Un informe publicado a principios de este año por la organización muestra que muchas personas en el valle del Río Grande, incluidos ciudadanos estadounidenses así como inmigrantes de cualquier estatus, no acudieron a la policía local para denunciar un delito debido a la preocupación de que la policía llamara a agentes de la Patrulla Fronteriza al lugar de los hechos.
Cordero dijo que muchas víctimas de violencia doméstica no llaman a la policía para pedir ayuda porque les preocupa que ello les lleve a un encuentro negativo con agentes de la Patrulla Fronteriza. Para ella, esos comportamientos se repiten a menudo en Texas y en las comunidades latinas de Estados Unidos.
“El crimen violento y la desconfianza no se detendrán mientras las fuerzas del orden no cumplan con su misión de proteger a la comunidad y prevenir el crimen si se enfocan en colaborar con las agencias federales y hacer un trabajo que no les corresponde”, dijo Cordero.