(CNN Español) – La Asamblea Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, prorrogó este martes por decimocuarta ocasión el régimen de excepción, que mantiene suspendidas algunas garantías constitucionales, como la ampliación del plazo de detención de 72 horas a 15 días, así como la intervención de las telecomunicaciones sin previa autorización de un juez.
La decisión, tomada por 67 de 84 diputados, ocurrió solo horas después de que, según el Gobierno, varios pandilleros mataran a un agente de la Policía Nacional Civil —el primero en lo que va de 2023— mientras realizaba un patrullaje en Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, a casi 85 kilómetros de la capital.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que el régimen de excepción debe continuar vigente en el país porque el homicidio del policía demuestra, a su juicio, que aún hay pandilleros en libertad. “Este cobarde asesinato no quedará impune. Los haremos pagar caro lo que hicieron”, agregó Bukele en su cuenta de Twitter.
El régimen de excepción, solicitado por el Ejecutivo a fines de marzo de 2022 como respuesta a un repunte de violencia atribuido a las pandillas, ha recibido fuertes críticas de numerosas organizaciones locales e internacionales, ya que consideran que viola los derechos humanos y porque, sostienen, se ha encarcelado a personas inocentes, sin vínculos con pandillas.
El Gobierno rechaza las críticas y señala a quienes se oponen a su implementación con defender los derechos de los pandilleros. “Que sepan todas las ONG de derechos humanos que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores. Los meteremos en prisión y no saldrán jamás”, escribió el mandatario en otro tuit.
Las autoridades atribuyen la reducción de homicidios a las medidas adoptadas. El 11 de mayo el Gobierno aseguró que había logrado 365 días sin homicidios (no continuos), contados desde que Nayib Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de 2019. CNN no ha podido verificar esas cifras de forma independiente.
Desde el 27 de marzo de 2022, cuando se implementó el régimen, a la fecha, las autoridades reportan la captura de más de 68.000 personas. Ante el aumento de detenidos, el Gobierno construyó una megacárcel en las afueras de San Salvador con capacidad para 40.000 reos. Hasta ahora, solo 4.000 reclusos han sido llevados a esa prisión.
Según las autoridades, algunos de los trasladados a la megaprisión ya fueron condenados por la justicia salvadoreña. Otros todavía están en el proceso penal y asisten a las audiencias de forma virtual desde el mismo recinto.