(CNN) — Un proyecto de ley de la Cámara de Representantes de Texas otorgaría a los civiles la autoridad para arrestar o detener a inmigrantes indocumentados, lo que ha generado preocupaciones entre los grupos defensores de los derechos civiles.
Tal como está redactado, el proyecto de ley 7 de la Cámara de Representantes (HB7) crearía una “Unidad de Protección Fronteriza” (BPU, por sus siglas en inglés) para “repeler” a quienes intenten entrar ilegalmente en Texas.
El proyecto de ley, apoyado por el republicano Ryan Guillen, representante estatal de Texas, dice que la unidad de protección fronteriza “abordaría los efectos de los desastres en curso, incluidos los desastres causados por actividades delictivas transnacionales y de otro tipo y amenazas a la salud pública”.
El jueves, el comité de Seguridad Fronteriza del Senado de Texas tiene programada una audiencia sobre la legislación y puede votar sobre el proyecto de ley.
“Lo que la frontera necesita no es más vigilancia policial. Es una emergencia humanitaria. Hay que añadir más ONG a ambos lados de la frontera, no más policía”, dijo a CNN Alexis Bay, coordinadora legislativa de Beyond Borders, que forma parte del Proyecto de Derechos Civiles de Texas.
Se espera que Bay acuda a Austin el jueves para testificar en contra de la legislación propuesta.
“La BPU tiene la tarea de ‘repeler’ a los migrantes. Hay preocupación sobre lo que eso significa”, dijo Bay a CNN. “Si alguien se encuentra en medio del río, ¿se le hará retroceder? ¿O estos BPU los empujarán de vuelta a México, donde podrían ser aprovechados por los cárteles?”.
El proyecto de ley HB7 dice que “un agente de la unidad puede, en la medida en que sea compatible con la Constitución de Estados Unidos y leyes de Texas, arrestar, aprehender o detener a las personas que cruzan la frontera entre Texas y México ilegalmente, y disuadir a las personas que intentan cruzar la frontera ilegalmente, incluso con el uso de medidas no mortales de control de multitudes.”
El proyecto de ley no solo daría a la BPU autoridad para “disuadir y rechazar” a las personas que intentan entrar ilegalmente en Texas en lugares que no sean los puertos de entrada, sino que también les daría autoridad para devolver a los migrantes que “han sido observados cruzando ilegalmente la frontera entre Texas y México, y fueron aprehendidos, detenidos o arrestados en las inmediaciones de la misma”, dice el proyecto de ley.
Tal vez lo más preocupante para el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, dijo Bay, es la aparente falta de supervisión y rendición de cuentas de la unidad propuesta. Los miembros de la unidad no tendrían que ser agentes de la ley, dejando una oportunidad abierta para que los “vigilantes” persigan a los migrantes, dijo Bay.
Según el proyecto de ley, “la unidad es una división dependiente de la comisión compuesta por el número de agentes autorizados y otros empleados designados por la legislatura”. “El jefe de la unidad puede emplear a personas que no sean agentes, según sea necesario para llevar a cabo las funciones de la unidad”, dice el proyecto de ley.
“La BPU se añade al departamento de policía de Texas, como una nueva rama, pero su director no supervisa la BPU. Si tienen un desacuerdo sobre el terreno, le correspondería al gobernador resolverlo, lo que no es realista. Esas son algunas preocupaciones bastante grandes”, dijo Bay.
La HB7 establece que un jefe de BPU no puede emplear a nadie “condenado por un delito violento”, o “deshonrosamente dado de baja de las fuerzas armadas de Estados Unidos o las fuerzas militares de Texas”.
Según el proyecto de ley, correspondería al gobernador de Texas nombrar al jefe de la unidad, que ocuparía el cargo hasta que sea destituido por el gobernador. La unidad funcionaría hasta el año 2030 dentro del Departamento de Policía de Texas. Los condados tendrían que elegir si la BPU puede operar o no en su jurisdicción.