(CNN Español) – El presidente de El Salvador Nayib Bukele cumple este jueves cuatro años al frente de la pequeña nación centroamericana. Lo hace con altos niveles de popularidad, construida principalmente en torno a sus políticas en materia de seguridad, según algunas encuestas como la de Cid Gallup.
Sin embargo, defensores de Derechos Humanos en el país y en el extranjero cuestionan sus métodos porque consideran que violan los Derechos Humanos.
En la calle, la gente destaca del gobierno Bukele el trabajo realizado en materia de seguridad, al reducir los homicidios. “Muy excelente lo que están haciendo para todo el pueblo salvadoreño. Gracias a Dios estamos mejor”, dice a CNN José Cartagena, quien comparte que ahora se siente más seguro que en el pasado.
En 2018, según las estadísticas oficiales, El Salvador registraba una tasa de 50,4 homicidios por cada 100.000 habitantes y para 2022 esa tasa bajó a 7,8. Para este año, las autoridades proyectan que el promedio sea cercano a 2, según René Merino Monroy, ministro de la Defensa de El Salvador.
El 11 de mayo, el gobierno de El Salvador celebraba haber alcanzado 365 días (no continuos) sin homicidios, contados desde que Nayib Bukele asumió la presidencia el 1 de junio de 2019.
El gobierno atribuye esa reducción a su plan de seguridad y al régimen de excepción, en vigor desde fines de marzo de 2022 y prorrogado en 14 oportunidades. Esta medida suspende garantías constitucionales como ampliar de 72 horas a 15 días el plazo de la detención provisional o la intervención de las telecomunicaciones sin el aval de un juez.
Familiares de detenidos han llevado a cabo marchas y otras acciones para denunciar lo que consideran que fueron capturas arbitrarias, ya que dicen que no tienen vínculos con pandillas.
El régimen fue aprobado por la Asamblea, controlada por el partido de Bukele, como respuesta al repunte de violencia, atribuido por el Gobierno a las pandillas luego de que en un solo día provocaran 62 homicidios, en el día más violento en lo que va de la actual administración y de los últimos años. Bukele pidió a la Asamblea su voto a favor régimen de excepción después de esos hechos.
Desde el 27 de marzo de 2022 —cuando se implementó el régimen— hasta la fecha, las autoridades reportan la detención de más de 68.000 personas. De esas, unas 5.000 han sido liberadas por los jueces al determinar que no tienen vínculos con pandillas, según Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad. El gobierno solo ha reportado estas cifras a través de declaraciones de sus funcionarios o comunicados de la Presidencia, pero no ha hecho público un informe detallado de la evolución de las estadísticas de delito que difunde o de la situación de los detenidos.
Ante el aumento de detenidos, el Gobierno construyó una megacárcel en las afueras de San Salvador con capacidad para 40.000 reos. Hasta ahora, solo 4.000 reclusos han sido llevados a esa prisión.
Críticas por violaciones a Derechos Humanos
A pesar de los resultados que destaca el Gobierno y la aprobación de la mayor parte de las personas, según encuestas como la de Cid Gallup, tres expertos de la Organización de Naciones Unidas en Derechos Humanos pidieron el pasado 22 de mayo al gobierno de El Salvador “derogar inmediatamente el régimen de excepción”, una petición que el Gobierno ya ha rechazado en el pasado.