(CNN Español) – Este viernes, el presidente Gustavo Petro dijo en medio de una ceremonia de ascensos de las Fuerzas Militares en Bogotá que su jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, no continuarán en sus cargos.
El pronunciamiento se produjo luego de que el jueves, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, afirmó en una conferencia de prensa que integrantes de la Policía habrían realizado interceptaciones ilegales a particulares.
“Hoy es un día muy lamentable para el Estado de Derecho en Colombia. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales, han retornado a Colombia”, sostuvo Barbosa.
Laura Sarabia había puesto ayer su renuncia a disposición del Presidente Petro. Al conocer la decisión del mandatario, quien la defendió hasta el final, Sarabia dijo en su cuenta en Twitter: “Tengo plena tranquilidad de haber obrado correctamente, con integridad y sin ningún interés particular. Estaré presta a rendir todas las explicaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y lucharé profundamente para defender mi reputación, mi buen nombre de todas las acciones malintencionadas que han rodeado todos estos episodios”.
En el caso del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, también publicó su renuncia al cargo con un mensaje al presidente Gustavo Petro: “Agradezco, presidente @petrogustavo, la confianza que me brindaste al designarme una de las más importantes tareas para tu gobierno: restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela. ¡Lo logramos! ¡Gracias!”.
Varios investigadores de la Fiscalía realizaron este martes una inspección judicial en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, para verificar una denuncia de Marelbys Meza, exempleada de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia. Meza había señalado en declaraciones a la revista Semana el 27 de mayo que en enero fue llevada a un edificio de la Presidencia de Colombia donde asegura, fue sometida a un interrogatorio y a una prueba de polígrafo por un dinero que fue hurtado del apartamento de la funcionaria.
Agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijin), según el fiscal Barbosa, habrían pedido de manera irregular a un fiscal del departamento del Chocó una orden para interceptar el teléfono de Marelbys Meza haciéndola pasar por integrante del Clan del Golfo, una banda criminal al servicio del narcotráfico. Mediante un comunicado la policía nacional dijo que está averiguando los hechos.
“Esto es una burla a nuestra Judicatura, porque utilizan un informe de Policía Judicial falso para meterlo en Quibdó, en un despacho de crimen organizado, porque posteriormente se tiene que llevar este documento ante un juez diciéndole que hay un informe de Policía Judicial que dice que se tiene certeza de información de una fuente humana, toda vez que es de confianza de los cabecillas e integrantes de la organización criminal”, dijo Barbosa a los medios de comunicación este jueves.
El presidente Gustavo Petro aseguró este jueves en su cuenta de Twitter, tras una reunión con su jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y con el embajador en Venezuela, Armando Benedetti: “Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del Gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas”.
El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, advirtió este jueves en declaraciones a medios locales que “tiene que descubrirse quién dio la orden. Este no es un asunto de un investigador de la DIJIN que no tiene precisamente la iniciativa para hacer lo que ocurrió. Que la Fiscalía General adelante con toda prontitud la investigación que ya está en curso. Pero que también, internamente, dentro de la Policía Nacional, se adelanten las investigaciones correspondientes. Este gobierno no tolera las interceptaciones ilegales”.
Cómo se inició el caso
El escándalo que involucra a funcionarios del Gobierno de Petro estalló el sábado tras una publicación de la revista Semana. La exempleada de Sarabia, Marelbys Meza, aseguró haber sufrido irregularidades tras el supuesto hurto de US$ 7.000 de un maletín que se encontraba en el apartamento de la funcionaria. Ese hecho habría ocurrido el 29 de enero.
Según la versión de Meza, al día siguiente fue llevada a un edificio frente a la Casa de Nariño, sede del Gobierno, donde fue interrogada por los hechos y además sometida a una prueba de polígrafo, al parecer por personal perteneciente a la protección presidencial. “Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía”. Meza aseguró que “no sabía qué contenía esa maleta”.
El periodista Daniel Coronell dijo el martes en la emisora local W Radio que fuentes cercanas a Sarabia le habían dicho que detrás de todo este escándalo estaría el actual embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y quien también había contratado en el pasado como empleada doméstica a Marelbys Meza y que por eso la conocía.
De inmediato, el funcionario manifestó en su cuenta en Twitter que él no era responsable de lo ocurrido: “No entiendo por qué Daniel Coronell le da validez a una supuesta extorsión sin tener una sola prueba. Luego es Laura Sarabia la que está manipulando la información y esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación (…) ni mucho menos porqué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigando. Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas. Me pidió que le ayudara”, dijo Benedetti en Twitter.
CNN no ha podido confirmar de manera independiente la información publicada por el periodista Daniel Coronell.
El fiscal Francisco Barbosa anunció que llevará este asunto hasta sus últimas consecuencias. “En los próximos días se llamará a interrogatorio con defensor y en algunos casos se llamará a imputación a todos los responsables de estos hechos. No solamente en este caso, sino en los hechos que están en investigación relativos a este caso, que involucra un hurto que hubo y que involucra unas prácticas que fueron denunciadas esta semana, y que se añaden a algo que es grotesco en el país y es que las chuzadas hayan vuelto en Colombia”, concluyó el fiscal general.
En el pasado se han registrado varios escándalos por supuestas interceptaciones ilegales durante los gobiernos del ex presidente Álvaro Uribe y del ex presidente Juan Manuel Santos que terminaron con el cierre del entonces Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, desde donde se habrían realizado estos procedimientos ilegales.
¿Qué dijo Sarabia?
Sarabia respondió el domingo en su cuenta de Twitter a los señalamientos: “Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijin actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley”.
La funcionaria señaló que había denunciado el hurto oportunamente ante las autoridades y precisó que “fue por una suma en dólares no superior a los US$ 7.000, correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023 y que nos son entregados en esa moneda extranjera”.
La Jefatura para la Protección Presidencial rechazó el domingo en un comunicado las “versiones sobre supuesto abuso de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas”, afirmando que los procedimientos se realizaron en la sede de esa dependencia “visibles, debidamente identificadas y dispuestas en esa misma ubicación desde hace muchos años atrás”.
La Jefatura asegura que actuó de acuerdo con el esquema legal que rige la seguridad de los altos funcionarios del Estado colombiano y señaló que, de acuerdo con ello, “cuando se presentan incidentes que vulneren su seguridad y la de su entorno, de inmediato se activan todas las acciones previstas”.