(CNN Español) – Este sábado 3 de junio, el movimiento “Ni una menos” cumple un nuevo aniversario en Argentina. A ocho años de la aparición de esta iniciativa de mujeres, que surgió para denunciar que los feminicidios son el último eslabón en la cadena de violencia de género y no crímenes aislados, las cifras de feminicidios en el país, aunque en descenso en el último lustro, siguen siendo alarmantes.
En 2022, la Justicia argentina registró un feminicidio cada 35 horas, de acuerdo con los datos publicados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia.
Según el Registro Nacional de Femicidios que lleva el alto tribunal, el año pasado hubo 252 víctimas letales por violencia de género. Este número fue similar al de 2021, en el que hubo 251 víctimas.
Si se tiene en cuenta la evolución del registro desde 2017 hasta 2022, la cifra descendió un 10,3%.
La mayor parte de los feminicidios, dentro de los hogares
“Los femicidios no son fenómenos aislados, no son crímenes de algún loquito que está suelto, sino que son el último eslabón en la cadena de violencia. Esta idea del asesino o el violador suelto por la calle está bastante fuera de la realidad porque la mayoría de los femicidios ocurren adentro de las casas, que es donde se supone que deberíamos estar más seguras las mujeres”, explica Ingrid Beck, periodista y una de las organizadoras de “Ni una menos”.
Según el registro judicial, en 2022 en el 88% de los casos las víctimas directas de femicidio tenían un vínculo previo con el agresor. En el 59% de los feminicidios, quien cometió el delito era pareja, expareja o mantenía otro tipo de relación sexo-afectiva con la víctima, señala la Oficina de la Mujer. En el 13% de los casos, el feminicida era familiar de la víctima y en el 16% tenían otro tipo de vínculo. Entre aquellas víctimas y victimarios que se conocían, el 42% convivía al momento del crimen. Según se desprende de los registros judiciales el informe, solo el 5% no tenían un vínculo previo.
Ley Micaela, una deuda pendiente
Las organizaciones que apoyan la lucha del colectivo “Ni una menos” resaltan el camino recorrido en la lucha por visibilizar las violencias contra las mujeres y femineidades, pero también hacen hincapié en lo mucho que queda por hacer.
Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, asegura que entre los asuntos pendientes está “la inclusión de la perspectiva de género en los concursos a cargos en el Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, la creación de foros especializados en violencia de género en el ámbito de la Justicia y la consiguiente creación de juzgados específicos en todas las jurisdicciones del país y sistemas de turno a las 24 horas”. Además, pensar una forma de garantizar “protección integral y efectiva desde una perspectiva de género para la mujer en situación de violencia”.
Este es uno de los puntos clave en los reclamos que todavía realiza el colectivo “Ni una menos”. Según las cifras de la Corte, de los casos reportados de feminicidio, en casi cuatro de cada 10 vínculos había antecedentes de violencia de género. En al menos 38 casos de feminicidio hubo denuncias formales contra los agresores y en 58 vínculos se relevaron hechos previos de violencia de género que no habían sido denunciados de manera formal. Al menos 14 víctimas tenían medidas de protección vigentes y siete tenían medidas de protección vencidas.
En Argentina existe desde el 2019 la llamada Ley Micaela, que establece “la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías”. La importancia de la implementación de esta ley se da en un contexto en el que el acompañamiento de la justicia a víctimas de violencia de género es la clave para prevenir los feminicidios.
3 de junio, una nueva convocatoria de “Ni una menos”
Este 3 de junio, asociaciones civiles, organizaciones y mujeres de todo el país se convocan en distintas ciudades para movilizarse en favor de las consignas de “Ni una menos”.
“En cada informe tratamos de entender cuál es el camino para erradicar la violencia de género, recordando que es multicausal, ligada a las diferentes situaciones en la que se encuentran quienes la atraviesan, y por eso que su abordaje debe ser integral, multidisciplinario y federal”, remarca Ada Rico.
“Sin embargo, las medidas tomadas hasta ahora no son suficientes y aunque vemos cambios en su tratamiento, la transformación se produce muy lentamente. Desde la sociedad civil exigimos al Estado en sus tres poderes por igual que garantice la efectiva implementación de políticas públicas contra la violencia de género, profundizando las campañas de prevención de asistencia, haciendo efectivo en los programas anunciados de acompañamiento para mujeres y trans travesti”, concluye la presidenta de la Casa del Encuentro.