(CNN Español) – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este domingo en su cuenta de Twitter que su gobierno no ha ordenado interceptar teléfonos ni practicar allanamientos ilegales, en respuesta a la publicación en la revista Semana de unos audios atribuidos al exembajador de ese país en Venezuela, Armando Benedetti, en los cuales amenaza con revelar detalles de la financiación de la campaña política que llevó al poder al mandatario.
“No se ha aceptado chantaje sobre cargos públicos o contratos, ni se han recibido en la campaña dineros de personas ligadas al narco, ni mucho menos se ha manejado cifras como 15.000 millones por fuera de nuestra contabilidad. Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales”, agregó Petro en Twitter.
Se trata del episodio más reciente del escándalo político que involucra a la exjefa de Gabinete de Petro, Laura Sarabia, y al propio Benedetti, que terminó en la salida de ambos del gobierno a finales de la semana pasada.
CNN no ha podido confirmar el origen de estas grabaciones, ni quién o de qué manera las filtraron. La revista Semana no detalla en la información publicada de qué manera obtuvo los audios ni por qué solo se escucha la voz de Benedetti y no la de su interlocutora, que se supone es Laura Sarabia. El domingo Benedetti dijo en Twitter que los audios habían sido manipulados —sin explicar a qué se refería— y se disculpó con Petro. Pero este lunes, en una entrevista con Semana, el exembajador de Colombia en Venezuela ratificó varias afirmaciones que están en los audios y confirmó sus discusiones con Sarabia.
“Nunca en la vida he recibido plata de una campaña, porque el que la da cree que te vas a quedar con un pedazo, y el que la recibe cree que te vas a quedar con un pedazo”, dijo Benedetti a Semana. La legislación colombiana no contempla como un hecho ilegal recibir aportes o donaciones para las campañas políticas. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral citará a Laura Sarabia y a Armando Benedetti para que expliquen lo dicho en los audios revelados por Semana.
Benedetti reaccionó a través de su cuenta oficial de Twitter este lunes. Dijo que existe una campaña que trata de desprestigiarlo, con el objetivo de descalificarlo sobre las cosas que pueda decir a futuro.
Benedetti dijo después que “se dejó llevar por la rabia y el trago”, y fue un momento de debilidad cuando amenazó en revelar datos sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Por su parte, Laura Sarabia publicó un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter firmado por su abogado Jorge Mario Gómez Restrepo. El documento explica que Sarabia responderá a cualquier tipo de investigación por parte de la justicia colombiana y entes de control. Asimismo el abogado reitera la inocencia de Sarabia, y dice que durante su período como jefa de gobierno no “cedió a chantajes y amenazas que buscaban intereses personales”.
CNN preguntó a la oficina de comunicaciones de la Casa de Nariño sobre si el presidente Petro daría declaraciones sobre este tema y contestaron que están esperando instrucciones del mandatario sobre si dará una conferencia de prensa o si hará una alocución por radio y televisión.
Mientras tanto, el presidente ha seguido comentando en Twitter la publicación de semana y las posteriores declaraciones de Benedetti a ese medio. El lunes Petro tuiteó: “Se rechazaron muchas donaciones y de acuerdo a los criterios de ley, se aceptaron otros. La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial”.
CNN ha dejado mensajes en los teléfonos de Armando Benedetti y de Laura Sarabia para obtener su versión de estos hechos, pero no hemos recibido respuesta.
La Fiscalía sostiene que solo se pronunciará a través de declaraciones públicas del fiscal general Francisco Barbosa.
La vicepresidenta Francia Márquez también se pronunció sobre el escándalo político que mantiene en vilo al país y respaldó al presidente Petro: “Era de esperarse que la derecha no se iba a quedar quieta mirando cómo gobernamos a favor del cambio en Colombia. Toda la vida manipularon y engañaron al pueblo para mantenerse en el poder. Ese es su modus operandi, así han funcionado siempre”.
Márquez no explica a qué o a quiénes se refiere al acusar a la derecha en este caso en particular.
Cómo se inició el caso
El escándalo que involucra a funcionarios del Gobierno de Petro estalló el sábado 27 de mayo tras una publicación de la revista Semana.
La exempleada de Sarabia, Marelbys Meza, aseguró haber sufrido irregularidades tras el supuesto hurto de US$ 7.000 de un maletín que se encontraba en el apartamento de la funcionaria. Ese hecho habría ocurrido el 29 de enero.
Según la versión de Meza, al día siguiente fue llevada a un edificio frente a la Casa de Nariño, sede del Gobierno, donde fue interrogada por los hechos y además sometida a una prueba de polígrafo, al parecer por personal perteneciente a la protección presidencial.
“Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía”.
Meza aseguró que “no sabía qué contenía esa maleta”.
El periodista Daniel Coronell dijo el martes 30 de mayo en la emisora local W Radio que fuentes cercanas a Sarabia le habían dicho que detrás de todo este escándalo estaría el entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y quien también había contratado en el pasado como empleada doméstica a Marelbys Meza y que por eso la conocía.
De inmediato, Benedetti manifestó en su cuenta en Twitter que él no era responsable de lo ocurrido: “No entiendo por qué Daniel Coronell le da validez a una supuesta extorsión sin tener una sola prueba. Luego es Laura Sarabia la que está manipulando la información y esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación (…) ni mucho menos porqué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigando. Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas. Me pidió que le ayudara”, dijo Benedetti en Twitter.
CNN no ha podido confirmar de manera independiente la información publicada por el periodista Daniel Coronell.
El fiscal Francisco Barbosa anunció que llevaría este asunto hasta sus últimas consecuencias.
“En los próximos días se llamará a interrogatorio con defensor y en algunos casos se llamará a imputación a todos los responsables de estos hechos. No solamente en este caso, sino en los hechos que están en investigación relativos a este caso, que involucra un hurto que hubo y que involucra unas prácticas que fueron denunciadas esta semana, y que se añaden a algo que es grotesco en el país y es que las chuzadas hayan vuelto en Colombia”, concluyó el fiscal general.
En el pasado se han registrado varios escándalos por supuestas interceptaciones ilegales durante los gobiernos de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos que terminaron con el cierre del entonces Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, desde donde se habrían realizado estos procedimientos ilegales.
¿Qué dijo Sarabia?
Sarabia respondió el domingo 28 de mayo en su cuenta de Twitter a los señalamientos: “Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Nacional de Colombia (Sijin) actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley”.
La entonces funcionaria señaló que había denunciado el hurto oportunamente ante las autoridades y precisó: “Fue por una suma en dólares no superior a los US$ 7.000, correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023 y que nos son entregados en esa moneda extranjera”.
La Jefatura para la Protección Presidencial rechazó en un comunicado las “versiones sobre supuesto abuso de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas”, afirmando que los procedimientos se realizaron en la sede de esa dependencia “visibles, debidamente identificadas y dispuestas en esa misma ubicación desde hace muchos años atrás”.
La Jefatura aseguró que actuó de acuerdo con el esquema legal que rige la seguridad de los altos funcionarios del Estado colombiano y señaló que, de acuerdo con ello, “cuando se presentan incidentes que vulneren su seguridad y la de su entorno, de inmediato se activan todas las acciones previstas”.
La salida de Sarabia y de Benedetti
El viernes Petro dijo, en medio de una ceremonia de ascensos de las Fuerzas Militares en Bogotá, que Sarabia y Benedetti, no continuarían en sus cargos.
La decisión se conoció un día después de que el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, afirmara en una conferencia de prensa que integrantes de la Policía habrían realizado interceptaciones ilegales a particulares.
“Hoy es un día muy lamentable para el Estado de Derecho en Colombia. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales, han retornado a Colombia”, sostuvo Barbosa.
El jueves Laura Sarabia había puesto el cargo a disposición del Presidente Petro. Al conocer la decisión del mandatario, quien la defendió hasta el final, Sarabia dijo en su cuenta en Twitter: “Tengo plena tranquilidad de haber obrado correctamente, con integridad y sin ningún interés particular. Estaré presta a rendir todas las explicaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y lucharé profundamente para defender mi reputación, mi buen nombre de todas las acciones malintencionadas que han rodeado todos estos episodios”.
Benedetti también publicó su renuncia al cargo con un mensaje al presidente Gustavo Petro: “Agradezco, presidente @petrogustavo, la confianza que me brindaste al designarme una de las más importantes tareas para tu gobierno: restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela. ¡Lo logramos! ¡Gracias!”
Varios investigadores de la Fiscalía realizaron el martes 30 de mayo una inspección judicial en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, para verificar una denuncia de Meza, la exempleada de Sarabia.
Agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijin), según el fiscal Barbosa, habrían pedido de manera irregular a un fiscal del departamento del Chocó una orden para interceptar el teléfono de Marelbys Meza haciéndola pasar por integrante del Clan del Golfo, una banda criminal al servicio del narcotráfico.
Mediante un comunicado la Policía Nacional dijo que estaba averiguando los hechos.
“Esto es una burla a nuestra Judicatura, porque utilizan un informe de Policía Judicial falso para meterlo en Quibdó, en un despacho de crimen organizado, porque posteriormente se tiene que llevar este documento ante un juez diciéndole que hay un informe de Policía Judicial que dice que se tiene certeza de información de una fuente humana, toda vez que es de confianza de los cabecillas e integrantes de la organización criminal”, dijo Barbosa a los medios de comunicación este jueves.
El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, advirtió el jueves en declaraciones a medios locales que “tiene que descubrirse quién dio la orden. Este no es un asunto de un investigador de la Dijin que no tiene precisamente la iniciativa para hacer lo que ocurrió. Que la Fiscalía adelante con toda prontitud la investigación que ya está en curso. Pero que también, internamente, dentro de la Policía Nacional, se adelanten las investigaciones correspondientes. Este gobierno no tolera las interceptaciones ilegales”.