(CNN Español) – El juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Yaguachi, Erick Rodríguez, admitió un pedido de medidas cautelares a favor del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, quien cumple dos sentencias por corrupción.
En la resolución, el juez Rodríguez ordena la devolución de los derechos políticos de participación para “elegir y ser elegido” y a “participar en asuntos de interés público” a favor de Glas, con el fin de que pueda participar en las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto en Ecuador.
Además, ordena el levantamiento de todo impedimento impuesto a Glas para ejercer un cargo en el sector público.
“Respetando sus derechos constitucionales de participación de elegir y ser elegido con interrelación a la progresividad del ejercicio de derechos, al debido proceso en el cumplimiento de las normas y derechos de las partes y derecho a la defensa; de igualdad y no discriminación; y proyecto de vida”, precisa la resolución judicial.
De esta manera, el juez Rodríguez dispone al Consejo Nacional Electoral restituir los derechos de participación política de Glas y sus datos en el padrón electoral.
CNN solicitó una respuesta a la Fiscalía General del Estado que encabezó los procesos judiciales en contra de Jorge Glas y está a la espera de una respuesta. También está intentando comunicarse con el abogado del exvicepresidente.
En 28 de noviembre de 2022, el exvicepresidente Glas salió de prisión tras cumplir cinco años de cárcel tras ser sentenciado por delitos de corrupción.
Glas cumplía dos sentencias de seis y ocho años de prisión por delitos de asociación ilícita y cohecho agravado, respectivamente, vinculados a la trama de sobornos del caso Odebrecht. Glas ha negado estas acusaciones, asegura que fue sentenciado “sin pruebas” y que es víctima de una persecución política.
El exvicepresidente ha permanecido en prisión desde finales de 2017 y la mayor parte de su condena la cumplió en la cárcel de Latacunga, ubicada a una hora y media de Quito. En mayo de este año fue trasladado de Latacunga a Quito para cumplir su condena en la “cárcel número 4”, una prisión al norte de la ciudad, donde se encuentran varios exfuncionarios procesados por corrupción o delitos contra la administración pública.