(CNN Español) – Miles de manifestantes llenaron este martes las principales calles de San José, la capital de Costa Rica, para exigir al gobierno que cumpla con destinar el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, un mandato que rige desde 2011 con la última reforma al artículo 78 de la Constitución política costarricense.
Estudiantes, docentes, trabajadores del sector educativo y sindicatos salieron de diferentes puntos de la capital para marchar hasta la Plaza de la Democracia y la Abolición del Ejército, ubicada al frente de la Asamblea Legislativa.
El presupuesto para las universidades estatales del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) fue el punto de arranque de la convocatoria, a la que se sumaron otros sectores, con las consignas de una educación de calidad y excelencia.
Eugenia Aguirre, profesora universitaria y una de las participantes, dijo a CNN que la marcha no es solo por la educación superior, sino que se trata de un movimiento articulado de todo el sector, “porque la educación está rezagada y el gobierno pide acciones, pero recorta el presupuesto”.
El Poder Ejecutivo anunció el 13 de junio en conferencia de prensa que este año no transferirá a las universidades el 1% por reconocimiento de inflación en el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), como se había acordado en 2022.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, argumentó que una disminución en el presupuesto del Gobierno de la República para este año en curso por parte de la Asamblea Legislativa les impide otorgar el porcentaje.
En un comunicado de prensa, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) señaló que no acepta que el gobierno le traslade la responsabilidad a la Asamblea Legislativa para no dar ese 1% adicional, lo que permitiría atender el rezago educativo.
Los sectores que participaron en la marcha entregaron un documento a las fracciones legislativas, en el que hacen un llamado a “concertar con urgencia un pacto nacional por la educación pública,que garantice la universalidad, pertinencia, gratuidad y calidad de los servicios de educación pública, que son el pilar fundamental de nuestra democracia”, destaca el pronunciamiento.