(CNN Español) – La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Costa Rica (FAPTA) acusó al expresidente Luis Guillermo Solís Rivera del delito de influencia contra la Hacienda Pública por el caso conocido como Bancrédito, una entidad estatal que cerró en julio de 2017 después de 99 años de operación. Solís Rivera gobernó Costa Rica de 2014 a 2018.
En un mensaje en su cuenta de Twitter, Solís dijo que la acusación lo sorprende, pero que la recibe con serenidad. Agregó que su gobierno siempre actuó apegado a derecho, “buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores”.
“Demostraremos que, gracias a nuestra actuación, logramos un cierre ordenado del banco que evitó una afectación completa del sistema financiero nacional (…) Como expresidente de la República y ciudadano respetuoso de la institucionalidad y de las garantías propias del Estado de derecho, acudiré a los tribunales a demostrar la legalidad de todas nuestras actuaciones, y no dudo que la justicia prevalecerá por encima de cualquier interés”, agregó.
La acusación
En la acusación figuran también cuatro miembros del gabinete de Solís: Helio Fallas Venegas, exprimer vicepresidente y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo Jiménez, exviceministra de Egresos y Tesorera Nacional y Mauricio Arroyo Rivera, en su condición de subtesorero nacional.
El exministro Alfaro Salas se defendió mediante un mensaje difundido por un representante de prensa del equipo de ese gobierno.
“Asumo esta noticia con la tranquilidad de quien sabe que no ha cometido delito, y estaremos presentándonos a los tribunales a hacer la defensa pública correspondiente”, dijo.
CNN está intentando conocer la reacción de los demás acusados.
Según la acusación de la Fiscalía, los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, “sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente”.
El Ministerio Público dijo en un comunicado que, aparentemente, el traslado buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) llegara a decretar la intervención del banco, debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen del gobierno de Solís Rivera se viera dañada. Según la Fiscalía, la actuación de las personas acusadas tuvo como resultado una afectación a la Hacienda Pública y al interés público.
La Fiscalía informó este jueves que la acusación se presentó el viernes pasado ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. La oficina de prensa de la entidad dijo a CNN que el paso siguiente es que el Juzgado Penal de Hacienda convoque a las partes y que se realice una audiencia preliminar para definir si el caso se eleva a juicio.