(CNN Español) – El drama de los desaparecidos en México alcanza nuevas víctimas: el de las madres buscadoras que también desaparecen o son amenazadas.
El caso más reciente ocurrió este 17 de julio en el estado mexicano de Guanajuato, cuando la comisión estatal de búsqueda de personas de esa entidad reportó la desaparición de Catalina Vargas, una mujer de 60 años integrante del Colectivo Unidos por los Desaparecidos de León, quien desde 2020 busca a su hijo, Luis Antonio Rodríguez Vargas.
Rocío Gómez, compañera de Vargas en el colectivo, dijo a CNN que la mujer había denunciado agresiones en el edificio donde vivía y que hasta ahora se desconoce si su desaparición está ligada a su actividad como madre buscadora.
“Les habló a sus hijas diciendo que había ido a su casa, a su departamento, y que había notado que habían sustraído sus pertenencias, no sé qué fue lo que se llevaron, y que quería entrar y que no se lo permitían, entonces fue la última vez que se supo de ella”, dijo en la entrevista.
El secretario del ayuntamiento de León, Daniel Jiménez, dijo a medios locales que las autoridades correspondientes trabajan en la búsqueda de Vargas y deseó que pronto se pueda dar con ella. La Fiscalía Especial ya emitió una ficha sobre el caso y anunció que está investigando.
“La información que dio la familia está ayudando. Se está en proceso, esperemos que se pueda dar con ella en breve término y que esté en buenas condiciones”, agregó.
El caso de Vargas se suma al de otras madres que han sido amenazadas o incluso desaparecidas, en casos que la autoridad investiga sin que se tenga un registro oficial de cuántas han sido perseguidas y por qué motivos.
Una situación que preocupa, pero no intimida a los buscadores, según dijo a CNN Juan Gonzalo Moreno Márquez, integrante del Colectivo Madres Unidas y Fuertes. Moreno Márquez y su esposa buscan a su hijo Kevin, desaparecido hace 18 meses en su segundo día de trabajo en un centro nocturno de Mexicali, la capital del estado de Baja California.
Según afirma, en este proceso de búsqueda él y su esposa han tenido que aprender de leyes y de pruebas periciales, obligados por lo que llama “la inacción de las autoridades”.
“Pasaron casi cuatro meses en los que dejamos que las autoridades trabajaran, cuatro meses muy complejos para nosotros porque tenían que ver con errores, pifias y fallas, lo vimos y lo vivimos. Entonces nosotros empezamos a desarrollar trabajo propio, a tomar cursos y a diplomados, a capacitarnos para saber cómo integrar una carpeta y cuál es la línea de investigación. Más tarde nos capacitamos en antropología forense, en cuestiones de cadáveres, y nuestro caso es similar al de muchas madres y muchos padres buscadores”, dijo.
Después de trabajar en solitario, cuenta que decidieron sumarse al colectivo Madres Unidas y Fuertes de Baja California. Agrega que con ellas emprendieron la búsqueda en las calles y en los predios donde se informaba de la existencia de fosas clandestinas.
“Sabemos que ahí puede estar nuestro hijo o la hija, el hermano, la mamá, el papá de alguien, y ese es el trabajo puntual que vamos a seguir haciendo, pase lo que pase”, afirma.
Padres, madres y familiares salen a las calles con las fotografías de sus desaparecidos. Gritan sus nombres como si ellos pudieran escucharlos y regresar. Pegan carteles con sus rostros en espacios púbicos, por si alguien los ha visto. Los quieren de regreso con vida, aunque también saben que pueden estar muertos.
Por eso, hurgan con sus propias manos entre la tierra de cementerios clandestinos que localizan gracias a las coordenadas que, en algunas ocasiones, reciben a través de llamadas anónimas.
“Los colectivos vienen a responder a una necesidad latente de una necesidad de búsqueda, una necesidad de satisfacción de un derecho constitucional como el acceso a la verdad, para saber qué pasó con nuestros hijos. Es una mezcla de tristeza y coraje que se ha formado en estos colectivos”, reflexiona.
Cementerios clandestinos
Moreno Márquez participa esta semana en la recuperación de unos cuerpos localizados en cinco fosas de la colonia Miguel Alemán de Mexicali, de donde hasta el jueves pasado ya se habían rescatado 15 cuerpos.
Lo que él llama un “narcocementerio” está localizado en una zona limítrofe entre Baja California y Sonora, “una zona con alto índice delictivo por la presencia de grupos armados pertenecientes a diferentes cárteles de la droga”.
Asegura que este hallazgo rompe paradigmas porque frecuentemente se localiza a los cuerpos expuestos de larga data en una misma fosa, y ahora lo que han encontrado son varias fosas individuales con cuerpos que parecen tener poco tiempo de evolución.
“Si ellos (los criminales) vinieron a nuestra casa a robarse a nuestros hijos, nosotros vamos a ir a esas zonas donde ellos se sienten cómodos para trabajar, vamos a ir a buscarlos y a sacarlos de las madrigueras donde se mueven estos cobardes, porque son eso, unos cobardes que atacan a gente inocente y desarmada porque saben que tienen esa ventaja”, concluye Moreno Márquez, con la voz entrecortada.
De manera paralela y en un trabajo similar, el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, estado mexicano fronterizo con Estados Unidos, localizó once fosas clandestinas con al menos 27 cuerpos, dijo a CNN José Andrés Méndez Nieco, integrante del grupo.
“Ya tres cuerpos han sido identificados por sus familiares, nada más hace falta hacer las confrontas de ADN y el perfil genético para que ya se los entreguen a sus familiares”, informó Méndez Nieco.
El 11 de julio, policías en Jalisco fueron emboscados y atacados con artefactos explosivos cuando atendían un reporte de localización de fosas clandestinas. En el ataque, murieron seis personas: cuatro policías y dos civiles, mientras otras 12 resultaron heridas.
Por este caso y el de los más de 100.000 desaparecidos en México, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada urgió a México a adoptar e implementar una política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones.