(CNN Español) – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este domingo en su cuenta de Twitter que Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), será nombrado como gestor de paz.
“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, sostuvo el presidente.
La figura de gestores de paz la empezó a utilizar el presidente Petro para que personas, en criterio del Gobierno, puedan contribuir en procesos de diálogos, de esclarecimiento de la verdad y dinámicas de humanización del conflicto armado en el marco de la llamada política de “paz total”.
El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la iniciativa del mandatario sobre la posibilidad de que Mancuso sea nombrado gestor de paz.
“El proceso de mi gobierno desmovilizó aproximadamente 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación. Deberían dar el mismo status a otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”, afirmó este domingo el exmandatario también en Twitter.
El expresidente Iván Duque también se sumó a las reacciones ante la iniciativa de Petro. “Con infamias han tratado de fabricar vínculos entre @AlvaroUribeVel y el paramilitarismo, pero el gobierno que los desmovilizó, sometió y extraditó fue el suyo. Los hechos son más contundentes que la mentira y la difamación”, dijo el exmandatario en la red social Twitter.
En mayo de este año, Mancuso compareció de manera virtual ante magistrados de la Justicia Especial para la paz (JEP) desde el Centro de Detención Stewart del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés). El exjefe paramilitar busca obtener beneficios de la llamada justicia transicional tras cumplir una condena por narcotráfico en Estados Unidos después de su extradición a ese país en 2008.
El exjefe paramilitar ya había hecho varias de estas afirmaciones ante la justicia ordinaria y ante la llamada Jurisdicción de Justicia y Paz, creada durante la desmovilización de la AUC entre 2003 y 2006, en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. El 13 de mayo de 2008, Mancuso fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 13 altos mandos de las autodefensas que eran solicitados por el delito de narcotráfico en ese país.
En su relato del 16 de mayo en la audiencia ante la JEP, que se realizó en Montería, departamento de Córdoba, Mancuso –declarando de forma remota desde Estados Unidos– mencionó nombres de políticos que habrían apoyado su causa, entre ellos el exvicepresidente Francisco Santos.
“Francisco Santos vino en representación de la oligarquía colombiana, porque en la capital estaban preocupados por la llegada de las FARC cerca de Bogotá, se nos pide la creación de un bloque, que hasta sugirió el nombre de Bloque Capital”, aseveró Mancuso en la diligencia judicial.
“Durante más de 18 años ese infundio ha sido investigado una y otra vez por infinidad de instancias judiciales sin que haya una sola prueba de su veracidad, y no puede haberla porque nunca sucedió”, afirmó Santos en un comunicado público el pasado 10 de mayo.
Durante las audiencias, Mancuso afirmó también que las autodefensas incidieron en varias campañas y elecciones presidenciales, entre ellas la del liberal Horacio Serpa, ya fallecido; el conservador Andrés Pastrana; y Álvaro Uribe, que en ese entonces estaba en el partido de Unidad Nacional.
“Le exijo al cobarde asesino Mancuso que muestre hoy mismo siquiera una prueba de apoyos o infiltración de dineros del narcoterrorismo paramilitar en mi campaña presidencial. De no hacerlo, pierde, aquí y allá, todos los beneficios que le concede la justicia especial”, dijo el expresidente conservador Andrés Pastrana tras conocer las declaraciones de Mancuso.
La familia de Horacio Serpa dijo mediante un comunicado público: “Creemos y apoyamos el ejercicio de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como el esclarecimiento de la verdad. Nunca nos hemos opuesto a esos esfuerzos y confiamos en que su buen nombre y su honra serán reivindicados. El país conoce la verticalidad de Horacio Serpa en la lucha contra toda forma de violencia y su compromiso con la democracia”.
El exjefe de las AUC también hizo señalamientos contra el expresidente Álvaro Uribe. Dijo que el exmandatario había retirado en 2003 la protección a Eudaldo Díaz, exalcalde de la localidad de El Roble en Sucre, y que eso habría permitido que los paramilitares lo asesinaran. “En un consejo comunitario él denunció, ante el entonces presidente Uribe, que lo iban a matar y Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”, sostuvo Mancuso ante los magistrados de la JEP.
“Cómo se les ocurre que el gobierno que presidí le quitó el esquema de seguridad al alcalde de El Roble, si lo que hicimos en ese gobierno fue aumentar esquemas de seguridad”, respondió Uribe de inmediato en su cuenta en Twitter.
Una revelación del exjefe paramilitar que motivó la acción inmediata del Gobierno actual tiene que ver con la supuesta desaparición y asesinato de al menos 200 personas en la frontera entre Colombia y Venezuela. El canciller Álvaro Leyva anunció en un comunicado que se puso en contacto con su homólogo Yván Gil Pinto para activar los mecanismos que permitan “localizar los restos mortales de colombianos dados por desaparecidos en zonas de frontera, sepultados en territorio venezolano según manifestaciones del señor Salvatore Mancuso”.
Las declaraciones de Mancuso ante la JEP han desatado una serie de controversias políticas en Colombia.
Ahora la JEP está esperando que Mancuso aporte las pruebas que confirmen sus declaraciones para decidir si tiene derecho o no a los beneficios de la justicia transicional frente a los crímenes por los que tiene que responder aún en Colombia.