(CNN Español) – El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) anunció este martes que se retira de México, argumentando que su tarea llega a su fin debido a que no lograron acceder a los archivos del Ejército mexicano para esclarecer el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.
Al presentar su sexto y último informe de labores, la colombiana Angela Buitrago y el español Carlos Beristain denunciaron un “ocultamiento sistemático de información” que les ha impedido conocer la verdad del caso Ayotzinapa, a pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha instruido al Ejército para que entregue la documentación requerida por los expertos.
“Se sigue mintiendo sobre la ausencia de información en la Sedena sobre lo que pasó, o sobre los documentos que tuvieron sobre el posible destino de los normalistas o qué se hizo con eso. No hay un cumplimiento de las órdenes. Vinimos a este país con el compromiso de que íbamos a tener acceso a toda la información disponible y eso es lo que hemos pedido hasta ahora”, dijo Beristain durante la presentación del informe, este martes en la Ciudad de México.
CNN solicitó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, su postura ante las conclusiones del GIEI, pero declinó dar comentarios. También hemos solicitado su posicionamiento a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de México, sin respuesta aún.
Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador había destacado los avances en la investigación del GIEI, y dijo que su gobierno tiene el compromiso de hacer justicia y conocer toda la verdad sobre este caso que ha causado indignación dentro y fuera de México.
“Nosotros vamos a continuar con la investigación, se ha avanzado mucho (…). Aquí están detenidos altos funcionarios públicos, que no había sucedido, tantos civiles como militares, y continúa la investigación”, señaló López Obrador este martes, durante su conferencia matutina.
El mandatario destacó que en este caso han sido detenidas “como entre 120 y 130 personas”, entre civiles y servidores públicos.
El GIEI se constituyó en diciembre de 2014 tras un acuerdo de asistencia técnica entre el gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es parte de la OEA, para hacer un seguimiento sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero. La primera fase de su trabajo concluyó en 2016 en medio de controversias sobre sus hallazgos y conclusiones. Regresó al país en 2020, tras la reanudación del acuerdo con el Estado mexicano, ya bajo el gobierno de López Obrador.
Esta no es la primera vez que el GIEI advierte sobre la falta de transparencia de las instituciones mexicanas. Ya desde su primer informe, presentado en septiembre de 2015, denunciaba la pérdida y el ocultamiento de las pruebas.
Ahora, los expertos añadieron que, ante el ocultamiento de información por parte de instituciones como la Sedena, les resulta imposible continuar las pesquisas.
“Los otros factores que impiden una investigación efectiva, el ocultamiento y la insistencia en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad, y en ese sentido avanzar en la investigación”, subrayó Beristain.
Los expertos del GIEI anunciaron que su sexto informe será entregado a la Fiscalía General de México, sin precisar cuándo.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, que representa a padres de los 43 estudiantes, dijo a CNN que darían a conocer su posicionamiento sobre este asunto en las próximas horas, “entre martes y miércoles”.
El gobierno de México ha dicho que la desaparición de los jóvenes fue “un crimen de Estado”, en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos “y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ha remarcado que la calificación de “crimen de Estado” se basaba en el hecho de que las autoridades municipales, estatales y federales “tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes” desde su salida de la Escuela Normal Isidro Burgos, en Iguala, hasta su desaparición.
Según las autoridades, los estudiantes desaparecidos se preparaban para una manifestación entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados por delincuentes asociados con narcotraficantes.