(CNN) – El expresidente Donald Trump se declaró inocente de cuatro cargos penales relacionados con sus esfuerzos por anular las elecciones presidenciales de 2020.
Su arresto y acusación ocurrió en el mismo juzgado de Washington que tuvo un panorama directo de la violencia que se desató en el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021, y donde también han comparecido más de 1.000 simpatizantes de Trump que participaron en la insurrección.
El expresidente quedó en libertad con unas condiciones mínimas, que incluyen que no se le permita comunicarse con nadie que se conozca que es testigo en el caso a menos de que sea a través de un abogado.
La próxima audiencia del caso se fijó para el 28 de agosto, apenas cinco días después del primer debate de las primarias presidenciales republicanas, lo que subraya los tiempos extraordinarios en los que el favorito para la candidatura republicana de 2024 tiene una agenda judicial federal sin precedentes.
Trump, dirigiéndose a los periodistas antes de subir al avión para regresar a su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, dijo que la acusación es “una persecución a un rival político. Esto nunca debió ocurrir en Estados Unidos”.
La histórica escena de este jueves sigue a otras dos comparecencias judiciales que Trump ha hecho en los últimos meses en casos penales: los cargos en el estado de Nueva York presentados por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan por su esquema de pagos por silencio en la campaña de 2016, y el proceso federal en Florida que el fiscal especial Jack Smith también está liderando, que sostiene que Trump manejó incorrectamente documentos clasificados.
Sin embargo, a diferencia de esos otros casos, esta audiencia se desarrolló en un edificio que ha sido el vehículo central de rendición de cuentas por el ataque a la democracia del 6 de enero.
Día tras día, el Tribunal Federal E. Barrett Prettyman ha sido el lugar donde jueces, acusados, abogados, testigos, jurados y funcionarios judiciales han tenido que revisar constantemente el significado del asalto al Congreso y lo que lo impulsó.
Es una dinámica que ha pesado sobre la jueza Beryl Howell, que recientemente dejó su cargo como jueza jefe del tribunal de distrito de Washington, un cargo que la puso al frente de decidir muchas de las disputas sobre privilegios que finalmente permitieron a los fiscales federales acceder a pruebas clave en el caso de Smith.
“Justo fuera de este tribunal… hay recuerdos visibles de los disturbios del 6 de enero y del asalto al Capitolio”, dijo Howell en la sentencia dictada en enero de 2021 contra un agitador.
Durante ese procedimiento, subrayó que el ataque al Capitolio “no fue una protesta pacífica”, sino que fueron “cientos de personas” las que “acudieron a Washington para perturbar el traspaso pacífico del poder”.
Los cargos
Trump ha denunciado que la investigación en curso del fiscal especial y los cargos están motivados políticamente, ya que es el favorito para la nominación presidencial del Partido Republicano en 2024.
Se enfrenta a cuatro cargos, entre ellos conspirar para defraudar a Estados Unidos y obstruir un acto oficial, este último un cargo que ya se ha presentado con éxito contra los agitadores que irrumpieron en el Capitolio.
En otro cargo presentado contra el expresidente, los fiscales se basan en una ley de derechos civiles de la era de la Reconstrucción que prohíbe las conspiraciones para privar a una persona de sus derechos, en este caso, “el derecho a votar y a que su voto sea contado”.
Trump, dijo el fiscal especial en la acusación, “estaba decidido a permanecer en el poder” después de perder las elecciones de 2020 y, con seis presuntos cómplices no acusados, orquestó un complot para anular los resultados en y hasta el 6 de enero.
Los fiscales sostienen que Trump explotó el “caos” y la “violencia” del 6 de enero en un intento de mantener vivos sus esfuerzos por anular su derrota electoral.
La acusación también alega que Trump y sus cómplices engañaron a personas de siete estados para que crearan y presentaran certificados en los que afirmaban ser electores legítimos.
Fecha del juicio
Los fiscales presionaron para un juicio rápido en la audiencia de este jueves, y para que el caso proceda igual que otros. “Este caso se beneficiará del orden normal, incluido el juicio rápido”, dijo el fiscal Tom Windom.
La jueza de primera instancia Moxila Upadhyaya dijo que la juez federal Tanya Chutkan, que presidirá el caso, “tiene intención de fijar la fecha del juicio en esa primera audiencia, el 28 de agosto”.
John Lauro, abogado del expresidente, destacó la “enorme cantidad” de pruebas que tendrían que examinar antes de sugerir una fecha para el juicio.
“No sabemos el alcance de la misma”, dijo Lauro sobre la enorme cantidad de pruebas que esperan en el caso. “Vamos a tener que revisar la información (…) para poder abordar adecuadamente” cuándo debe fijarse una fecha para el juicio.
“Son cuestiones de peso”, dijo Lauro. “Obviamente, Estados Unidos ha tenido tres años y medio para investigar este asunto. Y también, hay una serie de agentes y abogados que asisten al gobierno en este procedimiento, y todo lo que pediríamos a su señoría es el tiempo para defender justamente a nuestro cliente”.
La presencia de Trump en el juzgado se ha dejado sentir
Trump ya ha sido protagonista en el proceso contra los agitadores, cuya conducta ese día estuvo motivada en parte por las mentiras sobre las elecciones que subyacen a los cargos a los que ahora se enfrenta el expresidente.
El video de su discurso en la Elipse el 6 de enero se ha reproducido en numerosas audiencias. En el caso presentado contra los Proud Boys, los fiscales lucharon agresivamente para mostrar la grabación del expresidente diciéndole al grupo de ultraderecha en un debate presidencial de septiembre de 2020 que “retrocedieran y se mantuvieran al margen”.
Como defensa legal, los esfuerzos de los agitadores del Capitolio por culpar de sus acciones a Trump han tenido un éxito limitado. Pero el argumento ha prevalecido, no obstante, en las súplicas de clemencia de los acusados de los disturbios y sus familias.
“El nombre de mi padre no estaba en todas las banderas que había ese día, que todo el mundo llevaba ese día. Él no es el líder”, dijo con lágrimas en los ojos la hija de un agitador en una audiencia de sentencia el año pasado.
El acusado, Guy Reffitt, fue condenado a 87 meses de prisión tras llevar un arma al Capitolio durante los disturbios y amenazar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Los policías del Capitolio de EE.UU. y los del Departamento Metropolitano suelen verse en el edificio, a menudo para comparecer como testigos. Las víctimas del asalto al Capitolio han declarado en reiteradas ocasiones las graves lesiones físicas y psicológicas que sufrieron como consecuencia de la agresión.
“Mis cicatrices físicas, moretones y heridas han sanado, pero mi trauma mental me persigue hasta el día de hoy”, dijo el policía metropolitano Christopher Owens a la corte antes de la sentencia de varios líderes de Oath Keepers que fueron condenados por conspiración sediciosa y otros cargos.
Algunos de los propios jueces también han opinado sobre el papel que desempeñó Trump, mientras que sus partidarios que irrumpieron en el Capitolio ese día han soportado hasta ahora la peor parte de las consecuencias legales.
Después de la condena de un agitador, el juez federal de distrito Reggie Walton dijo que “nuestra democracia está en problemas porque desafortunadamente tenemos charlatanes, como el expresidente, en mi opinión, a quienes no les importa la democracia y solo les importa el poder”.
El acusado, Dustin Thompson, testificó que sintió como si estuviera entrando al Capitolio siguiendo las instrucciones de Trump.
“Si el presidente te está dando casi una orden para hacer algo, me siento obligado a hacerlo”, dijo Thompson.
Otro juez, Royce Lamberth, declaró recientemente al agitador Alan Hostetter culpable de obstrucción de un acto oficial, uno de los cargos que ahora enfrenta Trump, en parte debido a un papel de liderazgo menor que Hostetter desempeñó ese día al gritar por un megáfono para animar a la multitud.
“Ningún ciudadano razonable de este país, y mucho menos uno con dos décadas de experiencia en la aplicación de la ley, podría haber creído que era legal usar la violencia de las turbas para impedir una sesión conjunta del Congreso”, dijo el juez.
Un enfoque directo que Chutkan, quien pronto se hará cargo del caso Trump, ha tenido en los procedimientos por disturbios en el Capitolio es su creencia de que el castigo de los acusados debería servir como disuasión para cualquier conducta que tenga como objetivo socavar las elecciones futuras, incluso en 2024.
Esa creencia puede ser un impedimento para cualquier intento de Trump de retrasar un juicio en su caso hasta que los votantes acudan a las urnas el próximo año, como han intentado hacer sus abogados en el caso de los documentos clasificados.
Algunos de los jueces han sentenciado a los acusados de delitos menores a largos períodos de libertad condicional, en ocasiones para mantenerlos dentro del sistema de justicia más allá de las próximas elecciones. Pero las sentencias de Chutkan para los alborotadores del 6 de enero se destacan como notablemente duras entre las del tribunal de distrito, según datos proporcionados por el Departamento de Justicia. Cada una de las tres docenas de alborotadores del Capitolio que ella ha sentenciado recibió pena de cárcel, incluso cuando los fiscales no lo pidieron.
“El país está observando para ver cuáles son las consecuencias de algo que nunca antes había sucedido en la nación”, dijo Chutkan en una sentencia de octubre de 2021.
El acusado en ese caso, remarcó, “no fue al Capitolio de los Estados Unidos por amor a nuestro país… Fue por un hombre”.