(CNN Español) – La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este miércoles por primera vez a un excomandante del Ejército colombiano como posible “autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad”. La Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad acusó al general retirado Mario Montoya de haber cometido 130 ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cuando fue comandante de la Cuarta Brigada, con sede en Medellín, entre 2002 y 2003, informó la JEP en un comunicado.
Junto a Montoya, fueron imputados ocho militares más por los mismos delitos. CNN está intentando obtener la reacción del excomandante o sus abogados. Medios locales colombianos reportaron que, durante su versión voluntaria del año pasado ante la JEP, Montoya negó haber dado órdenes ilegales y afirmó haber promovido el respeto a los derechos humanos.
Los hechos se enmarcan en el Subcaso Antioquia I, que investiga homicidios y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados por agentes estatales como bajas en combate (conocidas como “falsos positivos”) entre 2002 y 2003 en el oriente antioqueño.
La JEP acusó al excomandante de “mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas en combate, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados”.
Los nueve imputados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos o rechazarlos. Una vez vencido este plazo, la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública “de reconocimiento de verdad” y el Tribunal para la Paz impondrá la sanción correspondiente.
En cambio, si los imputados niegan su responsabilidad, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Si pierden el juicio, la condena puede ser de hasta 20 años de cárcel.
La JEP fue creada en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmado en septiembre de 2016. Su función es administrar justicia transicional y conocer de presuntos delitos cometidos en el conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016.
Fernando Ramos colaboró con este informe