(CNN) – Resulta que intentar robar votos, difamar a trabajadores electorales indefensos e invadir el Capitolio de EE.UU. para intentar frustrar un traspaso democrático del poder presidencial tiene un precio muy alto. Y el proceso de rendición de cuentas se está acercando aún más a Donald Trump.
El sistema judicial de Estados Unidos está acelerando su intento por castigar al expresidente, sus acólitos y partidarios que intentaron subvertir las elecciones de 2020, convirtiéndose en el principal vehículo para apuntalar la democracia del país, aún amenazada.
Solo el jueves, dos miembros del grupo ultraderechista Proud Boys recibieron largas condenas a pesar de sus peticiones de clemencia a un juez tras ser declarados culpables de conspiración sediciosa por sus acciones durante el ataque multitudinario al Congreso del 6 de enero de 2021.
“La naturaleza del momento constitucional en el que nos encontrábamos aquel día es algo tan delicado que merece una sentencia significativa”, dijo el juez Timothy Kelly a uno de los acusados. La amonestación encapsuló el intento del sistema de justicia penal por responder a un asalto sin precedentes a la democracia estadounidense.
En otro caso de esta semana que afectó más de cerca al expresidente, el que fuera abogado de Trump, Rudy Giuliani, perdió una demanda por difamación de dos trabajadores electorales de Georgia a los que él y Trump habían atacado en uno de los actos más desproporcionados y perniciosos de cualquier comandante en jefe de la memoria moderna. Un abogado de los dos trabajadores electorales prometió en diálogo con CNN exigir “hasta el fin del mundo” que se lo responsabilice en un juicio por daños y perjuicios.
El jueves, Trump se declaró inocente en el caso de Georgia en el que se lo acusa a él y a otras 18 personas, incluido Giuliani, de intentar anular la victoria del presidente Joe Biden en el estado. El exsecretario general de Trump en la Casa Blanca, Mark Meadows, podría tener noticias en breve sobre si su intento de trasladar el caso estatal en su contra a un tribunal federal tendrá éxito, después de que el lunes soportara un duro interrogatorio sobre sus afirmaciones de que simplemente estaba haciendo su trabajo.
También el jueves, un juez dio vía libre para que las futuras vistas y juicios del caso sean televisados, incrementando la posibilidad de un momento nacional de responsabilidad compartida.
Se avecina una tormenta legal y política
Trump niega haber cometido delito alguno en cada uno de los cuatro casos por los que espera juicios penales, dos de los cuales están relacionados con la injerencia en las elecciones de 2020. Los otros surgen de su mal manejo de documentos clasificados y un pago de dinero por silencio hecho a una estrella de cine para adultos antes de las elecciones de 2016. Las derrotas judiciales de quienes están en su órbita no significan necesariamente que los jurados acaben condenándole.
Sin embargo, el creciente número de condenas en casos relacionados con el 6 de enero y las acusaciones contra Trump y sus aliados, en conjunto, sí representan una respuesta de una democracia que se defiende. Aunque Trump afirma que estos casos son un ejemplo de “caza de brujas”, el proceso judicial avanza. El tiempo que se ha tardado en presentar los casos, sin embargo, ha insertado al sistema judicial de lleno en medio de la próxima campaña presidencial, alimentando las afirmaciones de que Trump —y no los votantes estadounidenses— es la verdadera víctima de la interferencia electoral. Por ejemplo, Tanya Chutkan, una juez federal de Washington, fijó esta semana la fecha del juicio para el 4 de marzo en el caso federal de subversión electoral de Trump, un día antes de las críticas primarias del Supermartes.
Intentar que un expresidente rinda cuentas por presuntos delitos cometidos en el cargo siempre iba a ser enormemente polarizador. La costumbre de Trump de atacar a cualquier organización que intente frenar su poder o contrarrestar su versión alternativa de la realidad —incluidos los medios de comunicación, las instituciones políticas y el FBI— casi siempre significa que esos organismos salen manchados, especialmente a los ojos de sus partidarios.
Pero los intentos del sistema judicial son políticamente radiactivos por las posibles sanciones a las que podría enfrentarse Trump —incluida la cárcel si es condenado—. También está creciendo la posibilidad de que el Partido Republicano pueda nominar a un delincuente convicto para presidente y efectivamente desencadenar una crisis constitucional. Mientras tanto, el expresidente y una maquinaria mediática conservadora han convencido a millones de estadounidenses de que no hizo nada malo tras las últimas elecciones. Desde esa perspectiva, cualquier condena en su contra no haría sino subrayar su argumento de que la justicia estadounidense es corrupta.
Estas graves consecuencias potenciales son una de las razones por las que existen dudas válidas sobre los riesgos de acusar penalmente a un expresidente y favorito republicano en plena temporada electoral. Y varios expertos jurídicos tienen opiniones divergentes sobre si cada caso está correctamente imputado o si el tiempo que se ha tardado en llevar los casos a los tribunales estaba justificado. Sin embargo, ninguna democracia duraría mucho si no respondiera a los presuntos delitos cometidos por Trump y sus acólitos después de las elecciones de 2020. Y el expresidente no hace más que demostrar su continua amenaza a las instituciones del sistema político estadounidense con sus constantes ataques a jueces, fiscales y opositores, que han obligado a muchos de ellos a abrazar una mayor protección de seguridad.
Las semanas recientes de drama en las que Trump se presentó para ser arrestado, el furor por su foto de recluso y sus afirmaciones de que está siendo injustamente perseguido han tendido a oscurecer los fundamentos de las acusaciones contra él y sus asociados. Pero en el fondo, los casos electorales se reducen a esto: el intento de un presidente y de sus leales de aprovechar su enorme poder para reclamar como victoria unas elecciones que perdió. Esto implicó un intento de difamar a los trabajadores electorales, que representan la base del gobierno para el pueblo por el pueblo. Luego los partidarios de Trump recurrieron a la violencia después de que sus intentos de buscar medios legales, constitucionales y políticos para anular las elecciones no llegaran a buen puerto.
Nuevo éxito del Departamento de Justicia
La condena de dos miembros destacados de los Proud Boys declarados culpables de conspiración sediciosa representa otro éxito para el Departamento de Justicia, que ha presentado cientos de casos contra quienes estuvieron implicados en el ataque al Capitolio. También envía un mensaje a los partidarios de futuros candidatos presidenciales —incluso en 2024— de que hay consecuencias por amenazar el traspaso pacífico del poder.
Joe Biggs recibió una condena de 17 años, mientras que un segundo miembro del grupo, el exinfante de Marina Zachary Rehl, fue condenado a 15 años de prisión, una de las penas más severas impuestas hasta ahora a cualquiera que haya participado en el saqueo del Capitolio. Ambos hombres expresaron su arrepentimiento por la forma en que se habían visto envueltos en momentos de locura política tras las últimas elecciones, precipitada por las falsas afirmaciones de Trump de que había ganado.
Un lloroso Biggs había suplicado al juez algo de clemencia. “Sé que tengo que ser castigado y lo entiendo”, dijo, pero añadió: “Por favor, déme la oportunidad, se lo ruego, de llevar a mi hija al colegio y recogerla”. Y añadió: “Sé que ese día metí la pata, pero no soy un terrorista”. El juez no estuvo de acuerdo con la petición inicial de la Fiscalía de una pena de 33 años, pero pareció muy consciente de lo que estaba en juego en el juicio.
“Nuestra Constitución y nuestras leyes le otorgan muchos derechos importantes por los que los estadounidenses han luchado y han muerto y que usted mismo se puso un uniforme para defender”, dijo Kelly a Biggs. “Gente de todo el mundo daría cualquier cosa por estos derechos”.
Las dos trabajadoras electorales de Georgia que fueron atacadas públicamente por Trump y Giuliani son, mientras tanto, un ejemplo del abrasador coste humano del intento de Trump de mantenerse en el poder tras las elecciones de 2020.
Ruby Freeman y Shaye Moss testificaron el año pasado ante la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investigó el 6 de enero durante el último Congreso gobernado por los demócratas sobre cómo las afirmaciones del expresidente de que Freeman era una “estafadora de votos” y una “embaucadora” habían arruinado sus vidas y sus reputaciones. El uso por parte de Trump de su enorme plataforma pública contra dos personas inocentes hace temer que los trabajadores electorales, vitales para la capacidad de Estados Unidos de elegir a sus propios líderes, se sientan intimidados para no querer servir en futuras elecciones. En dos casos no relacionados entre sí, el Departamento de Justicia consiguió el jueves declaraciones de culpabilidad por amenazas contra trabajadores electorales en Arizona y Georgia, como parte del reciente éxito de su relativamente joven Grupo de Trabajo sobre Amenazas Electorales.
Después de que un juez dictaminara que Giuliani había perdido la demanda por difamación porque no había facilitado la información solicitada en las citaciones, Moss y Freeman dijeron en un comunicado que el exalcalde había “ayudado a desatar una ola de odio y amenazas que nunca hubiéramos imaginado”. Y añadieron: “Nos costó nuestra sensación de seguridad y nuestra libertad para seguir con nuestras vidas”.
La derrota de Giuliani en el caso planteará nuevas preguntas sobre su capacidad para pagar lo que podrían ser daños sustanciales, dados los indicios anteriores de que estaba luchando para hacer frente a los costes legales y el hecho de que está metido de lleno en otros casos, incluso como coacusado en el caso electoral en Georgia. Michael Gottlieb, abogado de las trabajadoras electorales, dijo que esperaba que sus clientes obtuvieran la restitución después de una fecha de juicio por daños y perjuicios prevista entre noviembre y febrero. “Seguiremos el rastro hasta el fin del mundo para conseguir que se rinda cuentas por nuestros clientes”, dijo Gottlieb, que llevó el caso pro bono, a Jake Tapper de CNN en “The Lead”.
La misma sensación de rendición de cuentas se cernió sobre el tribunal de Washington donde fueron condenados los líderes de los Proud Boys.
Un sollozante Rehl dijo al juez que había perdido su pensión militar y mucho más desde su arresto, convirtiéndose en el último miembro del extendido movimiento de Trump en pagar por crímenes relacionados con las elecciones de 2020.
“Por si sirve de algo, estoy aquí hoy y digo que he terminado con todo esto. He terminado con la política; he terminado de vender mentiras para otras personas que no se preocupan por mí”, dijo Rehl.
Los próximos meses turbulentos en Estados Unidos decidirán si Trump se encuentra alguna vez en una situación similar.