(CNN)– Un juez federal de Texas dictaminó este miércoles que una regulación destinada a preservar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), es ilegal, en lo que representa un duro golpe para el Gobierno de Biden.
El año pasado, el Gobierno trató de mantener el programa, que protege de la deportación a los inmigrantes indocumentados que llegaron a EE.UU. cuando eran niños. Con ese objetivo, publicó una norma para codificar la política en un reglamento federal.
Sin embargo, este miércoles, el juez Andrew Hanen, del Distrito Sur de Texas, sostuvo que DACA es ilegal y argumentó que la norma viola la Ley de Procedimiento Administrativo, la cual rige cómo las agencias hacen los reglamentos.
La orden no afecta a los actuales beneficiarios del programa.
“Para ser claros, ni esta orden ni la orden judicial complementaria que la acompaña requieren que el (Departamento de Seguridad Nacional) o el Departamento de Justicia tomen cualquier medida de inmigración, deportación o acción penal contra cualquier beneficiario de DACA, solicitante, o cualquier otro individuo que de otro modo no se tomaría”, escribió Hanen.
CNN se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia para obtener comentarios.
El programa DACA, creado en 2012, buscó brindar un alivio temporal a los inmigrantes indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos siendo niños, un grupo que se ha conocido como “dreamers”. La medida les permite vivir y trabajar en el país, pues muchos de ellos son ahora adultos. A finales de marzo, había 578.680 inmigrantes inscritos en DACA, según datos del gobierno.
El Gobierno de Biden publicó una norma el año pasado para “preservar y fortalecer” DACA, manteniendo en gran medida los criterios del programa. En enero, nueve estados liderados por republicanos pidieron a Hanen que bloqueara la norma.
El fallo de Hanen ocurre después de que un tribunal federal de apelaciones confirmara en gran medida su decisión anterior de declarar ilegal DACA. Esa determinación bloqueó al gobierno de la aprobación de nuevas solicitudes para el programa, pero permitió que continuara para los inscritos actuales, mientras que el caso se debatía en los tribunales. Esas medidas se mantienen.
En su decisión de este miércoles, Hanen citó la lucha legal en curso sobre el programa y puso la responsabilidad en el Congreso.
“Los litigios que giran en torno a la legalidad de DACA, de una forma u otra, han existido durante casi una década. Si bien simpatiza con la difícil situación de los beneficiarios de DACA y sus familias, este tribunal ha expresado sus preocupaciones sobre la legalidad del programa por algún tiempo. La solución a estas deficiencias corresponde al poder legislativo, no al ejecutivo ni al judicial”, escribió Hanen.
Los defensores de los inmigrantes han instado repetidamente al Congreso a que ofrezca protección a los beneficiarios de DACA, pero esos intentos se han quedado cortos.
Demócratas y republicanos se han mostrado comprensivos con los cientos de miles de inmigrantes indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños, muchos de ellos menores de 10 años. Pero la pugna entre demócratas y republicanos sobre los “dreamers” ha dificultado la consecución de un compromiso bipartidista.