(CNN Español) – El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), instancia pública independiente del gobierno que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas en México entre 1965 y 1990, denuncia que varios expedientes de personas con conocimiento de estos hechos o relacionadas con estos casos posiblemente fueron sustraídos del Archivo General de la Nación (AGN). Entre esos expedientes se encontrarían los del expresidente Carlos Salinas de Gortari y Manuel Bartlett, funcionario de la administración del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
Conformado por investigadores independientes, el mecanismo hace esta denuncia en un informe que publicó la madrugada de este miércoles. En él señala los hallazgos que obtuvo luego de cotejar el catálogo con el inventario físico del AGN.
Advierte que, tras ese cotejo, se puede observar que expedientes elaborados por la antigua Dirección Federal de Seguridad (DFS) fueron sustraídos del AGN mientras estaban bajo resguardo de personal del Centro Nacional de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) o del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La DFS fue una oficina de la Secretaría de Gobernación a la que durante el siglo XX diversas administraciones federales encargaron el seguimiento de opositores políticos y movimientos sociales, según lo ha reconocido el propio Estado Mexicano y lo han documentado académicos. La DFS fue disuelta en 1985 y sus labores después las retomaron el ya extinto Cisen y el CNI.
El mecanismo señala que en su investigación identificó “al menos dos momentos en los que es posible inferir la extracción de documentación”. Uno de ellos —expone— posiblemente fue antes del periodo en el que la académica Aurora Gómez Galvarriato dirigió el AGN, entre 2009 y 2013; el otro, en un momento posterior no precisado.
Gómez Galvarriato dijo a CNN este miércoles que, durante su gestión, buscó que disminuyera el personal del Cisen en el AGN, “de ocho primero que estaban a seis, de seis a cuatro, y el personal del AGN estuvo ya más a cargo, pero nunca cumplieron esto de sacar completamente al personal mientras yo estuve”, expuso.
La académica, hoy profesora investigadora de El Colegio de México, dijo también que una de sus preocupaciones de que funcionarios externos al AGN resguardaran archivos era que esto dificultaba tener certeza sobre si ese material tenía o no un manejo adecuado.
El mecanismo señala en su nuevo informe que los expedientes que ha podido identificar como desaparecidos “apuntan a la hipótesis de que parte del material que ya no se encuentra es aquel que puede inculpar a los agentes, miembros del gobierno y privados, en algunas violaciones graves a los derechos humanos, así como otro tipo de delitos”.
“Se trata de documentación de personal que permitiría identificar a los agentes o sus allegados. No obstante, quedaron huellas de la extracción del material que muy probablemente se encuentre resguardado por el CNI y que hasta el día de hoy no ha sido traspasado al AGN, como debía haber ocurrido de acuerdo con la normatividad vigente”, agrega.
CNN —que no ha hecho el cotejo independiente de los documentos mencionados por el mecanismo— contactó a la Secretaría de Gobernación y al CNI para conocer su postura sobre la denuncia del mecanismo.
En un comunicado emitido la tarde de este miércoles, la Secretaría de Gobernación, de la cual depende el CNI, asegura que está atendiendo la petición del mecanismo para tener acceso a los expedientes sobre violaciones a los derechos humanos, aunque no hace referencia a la posible sustracción de documentos.
“El gobierno de México está comprometido con el esclarecimiento de los hechos sucedidos durante el periodo conocido como ‘Guerra Sucia’, así como con el acceso a la justicia y el derecho a la memoria del pueblo de México”, dice.
¿Qué expedientes faltan?
El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico forma parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990. Esta instancia fue creada con un decreto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicado el 6 de octubre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.
Tanto la comisión como el mecanismo se crearon para esclarecer los abusos cometidos por autoridades o particulares durante la segunda mitad del siglo XX, pero este año el MEH ha denunciado trabas a su labor.
En un informe publicado el 15 de agosto señaló que el CNI se ha negado a entregar al AGN toda la información que tenga sobre posibles violaciones a los derechos humanos, a pesar de que en 2019 el presidente López Obrador emitió una orden en ese sentido. La instrucción, dirigida a todas las dependencias del gobierno federal, se publicó el 28 de febrero de ese año en el Diario Oficial.
La Secretaría de Gobernación solo se pronunció este miércoles sobre esta negativa, con la promesa de garantizar acceso a la información solicitada.
Ahora, en su nuevo informe, el mecanismo denuncia la posible sustracción de expedientes de figuras públicas como Carlos Salinas de Gortari, presidente de México de 1988 a 1994; Porfirio Muñoz Ledo, exsecretario de Estado, candidato presidencial en 1994 y expresidente de la Cámara de Diputados fallecido en julio pasado; Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación de 1982 a 1988 y actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y José Antonio Zorrilla Pérez, extitular de la DFS y condenado por el asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984.
El mecanismo señala que la presunta extracción de los expedientes de esas personas es relevante porque, debido a los altos cargos que tuvieron, pudieron tener conocimiento sobre violaciones a los derechos humanos o incluso estar relacionados con esos hechos.
Entrega de información pendiente
Acerca del expediente de Bartlett, el informe del mecanismo señala: “Se trata de un personaje sumamente importante para entender la violencia de Estado en la década de 1980 y cuya referencia aparece en el Catálogo DFS-DISEN-CISEN pero no en el Inventario Topográfico, es decir que en estos momentos no se encuentra en el AGN”.
Durante su periodo como secretario de Gobernación en la presidencia de Miguel de la Madrid, político del PRI, Bartlett fue responsable de la política interior del país. En esa época, políticos de oposición lo acusaron de favorecer actos de represión contra críticos del gobierno. Sin embargo, a la fecha no enfrenta ningún proceso penal por esa causa.
CNN buscó a Bartlett a través de la vocería de la CFE, empresa estatal que dirige desde diciembre de 2018, cuando comenzó el mandato de López Obrador, político de Morena. Hasta ahora, no ha habido respuesta a la solicitud de comentarios.
“Otro caso importante de expediente no localizable es el del expresidente Carlos Salinas de Gortari con número 121-00-227 y que no está en el Inventario Topográfico pese a que aparece en el Catálogo DFS-DISEN-CISEN y fue descrito en los instrumentos de consulta bajo la administración de Aurora Gómez”, dice el informe.
En sus conclusiones, además de criticar la posible extracción de expedientes del AGN, el informe insiste en llamar al CNI a entregar toda la información que tenga sobre violaciones a los derechos humanos y, con ello, cumpla la orden que el presidente López Obrador dio en 2019.
“No existe motivo legal que justifique la negativa a entregar documentación como la aquí presentada, para su escrutinio público, y para los trabajos de este mecanismo”, señala.