(CNN Español) – El caso del crimen del candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio avanza en medio de señalamientos, el reciente asesinato en prisión de siete presuntos autores materiales del crimen, la consecuente remoción de autoridades del sistema de seguridad del país y la campaña política hacia la segunda vuelta electoral del próximo domingo.
La Fiscalía General del Estado informó este domingo que la etapa de instrucción fiscal en el caso de Villavicencio ha concluido tras 90 días de haber recabado elementos probatorios para identificar la autoría del crimen.
La institución agregó que durante la mañana y tarde del domingo recibió el testimonio anticipado de un testigo de los hechos que bajo juramento relató los supuestos preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales. Según la Fiscalía, el testigo reveló quiénes presuntamente dieron la orden de cometer el asesinato.
“Ante este hecho y otros elementos recabados durante la instrucción fiscal se iniciará la investigación para determinar a los autores intelectuales del delito”, señaló la Fiscalía.
Rafael Correa señala que lo quieren involucrar
Horas antes del anuncio público de la Fiscalía, el expresidente Rafael Correa señaló en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que fue informado de que el testigo que rindió su versión ante la Fiscalía el domingo lo habría inculpado en el crimen de Villavicencio.
Según Correa, se estaría intentado crear un escenario para impedir que su candidata a la presidencia de la República, Luisa González ―del movimiento Revolución Ciudadana―, gane las elecciones el 15 de octubre, cuando se enfrentará a Daniel Noboa ―de la alianza Acción Democrática Nacional.
“Nos informan que presionan al único sicario que dejaron vivo para que dé falso testimonio contra nosotros a cambio de dejarlo vivo, libre y con nueva identidad”, escribió Correa.
En un comunicado, el movimiento Revolución Ciudadana calificó de “infamia” el supuesto testimonio que vincula al correísmo con el asesinato de Fernando Villavicencio y cuestionó que se intente señalarlos cuando la seguridad de Villavicencio y los presuntos autores materiales de su homicidio que fueron asesinados estaba a cargo del Estado ecuatoriano.
“Aún en contra de toda lógica resulta que, manipulando la opinión pública, la culpa es nuestra, que dejamos de ser gobierno hace siete años (…) Rechazo enérgico a cualquier tipo de acusación malintencionada que carentes de pruebas y fundamentos pretenden atentar deliberadamente contra la democracia a días de las elecciones presidenciales”, indica el comunicado.
La Fiscalía no ha revelado el contenido de la versión rendida por el testigo el domingo, pues mantiene en reserva la investigación del caso. CNN no ha podido verificar de forma independiente el contenido de la versión difundida por el correísmo.
Remezón institucional tras crimen de 7 reos imputados en el crimen
Entre el viernes y el sábado, el Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad (SNAI) confirmó que siete presos imputados en el asesinato de Villavicencio fueron encontrados muertos en dos cárceles del país. Los hechos generaron repudio desde diferentes sectores y el presidente Guillermo Lasso se vio obligado el sábado a remover a algunas autoridades que lideraban el sector de seguridad.
Los reclusos muertos eran considerados por la Fiscalía como piezas clave dentro de las investigaciones y parte de un grupo de más de 10 detenidos por su presunta participación en el crimen de Villavicencio tras un mitin en Quito el 9 de agosto, días antes de la primera vuelta electoral en el país.
Lasso removió del cargo al director del SNAI, Luis Ordoñez, y dispuso la separación del director de investigaciones de la Policía Nacional, el general Alain Luna, y pidió su baja de la institución. Además, nombró como nuevo director del SNAI al coronel del Ejército (retirado) Fausto Cobo, en reemplazo de Ordóñez.
Por otra parte, el mandatario ordenó la reorganización del alto mando policial. Horas más tarde, el gobierno confirmó que el general César Zapata Correa es el nuevo comandante de la Policía Nacional, en reemplazo del general Fausto Salinas, que fue removido.