Nota del editor: Alfredo Meza es jefe de redactores y editores de CNN en Español. Excorresponsal de El País de España en Venezuela, fundador del portal de periodismo de investigación Armando.info, formó parte del equipo que obtuvo el Premio Pulitzer en 2017 por la investigación colectiva de los Papeles de Panamá. Entre junio de 2011 y noviembre de 2012 trabajó como estratega comunicacional de la entonces diputada María Corina Machado. Entre sus libros están “El acertijo de abril” (2003), “Así mataron a Danilo Anderson” (2011) y “Ciudadano Wilmito” (2023).
(CNN) – El resultado de las primarias de la oposición venezolana confirmó que ha llegado la hora de María Corina Machado. Con su arrollador triunfo, la ingeniera de 56 años y madre de tres hijos debería enfrentar en el segundo semestre de 2024 al candidato del oficialismo, que aún no ha definido quién será su aspirante.
Esa posibilidad aún está en veremos. Sobre la abanderada opositora pesa ahora una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos dictada por la Contraloría General de la República, lo que le impediría inscribir su candidatura en el Consejo Nacional Electoral.
Pero no todas las cartas están echadas.
A mediados de la semana pasada la oposición y el régimen de Nicolás Maduro firmaron un acuerdo en Barbados que levanta por seis meses algunas sanciones económicas a Venezuela impuestas por Washington. Esa medida le permitirá al gobierno del país sudamericano volver a vender petróleo en Estados Unidos y obtener el dinero que tanto necesita para apuntalar el gasto público, a cambio de que se respeten los derechos políticos de sus adversarios.
No obstante, el margen de interpretación del artículo que especifica ese compromiso es amplio y podría dar lugar a lecturas interesadas. En la redacción final del acuerdo se establece que los candidatos podrán inscribirse “siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial”.
Hasta ahora las autoridades venezolanas han sido consistentes en impedir que los políticos inhabilitados por la Contraloría asuman cargos de elección popular, o siquiera postulen, una medida que no solo incluye a los opositores. La gran pregunta es si con Machado harán una excepción o si se arriesgan a que en seis meses EE.UU. reinstale las sanciones petroleras, que comenzaron en 2019 y aceleraron la implosión del país a niveles nunca vistos en su historia republicana.
No es una posibilidad remota. La semana pasada, después de la firma del pacto parcial de Barbados, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en un comunicado que espera que antes de finales de noviembre el Gobierno de Maduro defina un proceso y un plazo preciso “para la readmisión acelerada de todos los candidatos”. “Estados Unidos prevé adoptar medidas si no se cumplen los compromisos estipulados en la hoja de ruta electoral”, agrega la declaración.
Poco después, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ripostó: “Ya deberían saber que Venezuela no acepta presiones, ni chantajes, ni sobornos, ni injerencia de poder de país alguno”.
Podría parecer un episodio más de la eterna diferencia que separa a Washington y Caracas desde finales del siglo XX, pero no lo es. Estados Unidos puede ayudar a que, paradójicamente, el régimen venezolano eche mano de recursos económicos que de otra manera no tendría para apuntalar su campaña presidencial de 2024, y que podrían ayudarle a reconquistar a su clientela política. Pero también debe comprometerse a permitir que Machado, su enemiga feroz, el envés del proyecto político del llamado Socialismo del Siglo XXI, pueda participar en elecciones competitivas.
Es un dilema que no tiene una solución fácil.
Para ella es una oportunidad que quizá no se repita, a juzgar por el destino de los líderes de la oposición que la precedieron, muchos de ellos en el exilio o con poca aceptación entre los votantes. Con una unanimidad y un carisma que recuerda a los primeros meses de Hugo Chávez en el poder, Machado es más que la ganadora de una elección primaria. Con su victoria ha desplazado de la dirección política de la oposición al llamado G-4, un grupo conformado por los principales partidos (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo), que tenían a la mayoría de los diputados electos en las elecciones a la Asamblea Nacional del período 2016-2021.
Fue la culminación de un largo camino de dos décadas desde la periferia de la política. Cuando Machado saltó a la fama a través de la organización Súmate, una asociación civil que entre marzo y noviembre de 2002 comandó la recolección de firmas para solicitar la renuncia del entonces presidente Hugo Chávez, muchos políticos de la época descalificaban sus iniciativas como los arrebatos de una recién llegada, cuyas ideas solo tenían pegada entre los sectores más acomodados de Venezuela.
Esa percepción quizá quedó en evidencia en febrero de 2012. Animada por la alta votación que había conseguido en su primera elección -fue la diputada más votada en los comicios a la Asamblea Nacional 2010-2015-, Machado compitió por la candidatura unitaria de la oposición, pero apenas recibió un pírrico apoyo de 3,66% de los sufragios. Participó con una estructura precaria que se correspondía con el hecho de que era una dirigente desconocida fuera de Caracas y algunas de las principales capitales del país. Tampoco tuvo el apoyo de una maquinaria electoral en todo el país, como sí la tuvo el ganador de aquella contienda, Henrique Capriles. Ni siquiera un partido propio (de hecho, fundó Vente Venezuela luego de aquella derrota). Poco antes de esos comicios, el mismo presidente Hugo Chávez, en un célebre careo en el Parlamento, la había dicho que estaba “fuera de ránking” para debatir con él, en alusión precisamente a ese desconocimiento.
Puede que Machado sea la última representante de esa generación de presidenciables nacidos entre finales de los años 60 y principios de 1970 -entre ellos Henrique Capriles y Leopoldo López- que lideraron a la oposición y no tuvieron éxito en la tarea de Sísifo de sacar al chavismo del poder. Le ha llegado su momento en medio de un contexto mucho más adverso que el de sus predecesores: con un país en ruinas, con un gobierno investigado en la Corte Penal Internacional por posibles delitos de lesa humanidad -y por lo tanto, según algunos analistas, con menos incentivos para arriesgarse a perder el poder permitiendo elecciones medianamente libres- en medio de la diáspora de más de 7 millones, con varios partidos políticos proscritos y candidatos inhabilitados.
Resulta difícil anticipar qué sigue. Por lo pronto, y aunque esta es su hora, también Machado enfrenta un dilema. Insistir con su habilitación “hasta el final” -como dice su lema de campaña- y fracasar en el intento, o nombrar a un candidato de consenso al que pueda transferirle su capital político, como hizo Hugo Chávez cuando, en su última aparición pública, eligió a Nicolás Maduro como su sucesor. Ella parece estar confiada. “Este no es el final, pero sí el principio del final”, dijo en un mitin delante de sus seguidores al conocerse el primer boletín de la Comisión Nacional de Primaria. Vienen meses de vértigo para los venezolanos.