(CNN Español) – El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, justificó este martes la decisión de su Gobierno de sancionar una ley que aprueba un nuevo contrato de concesión minera de cobre, que es motivo de protestas desde este lunes en diversos puntos del país, principalmente en la Ciudad de Panamá, y que han dejado casi 50 detenidos, ambulancias vandalizadas, pérdidas económicas y la paralización de clases.
Según la ley que el Ejecutivo promulgó el viernes, el nuevo contrato con Minera Panamá establece que la empresa deberá pagar una regalía anual de US$ 375 millones, como mínimo, según el valor del cobre en el mercado, y que el pago deberá hacerlo retroactivo a diciembre de 2021. La concesión es por 20 años y la empresa podría solicitar una prórroga por esa misma cantidad de tiempo.
Protestas anteriores hicieron que el Ejecutivo modificara el proyecto de inicial, pero en menos de una semana el nuevo contrato pasó los tres debates reglamentarios en la Asamblea Nacional, fue sancionado por el presidente Cortizo el viernes y ese mismo día publicado en la Gaceta Oficial, convirtiéndose en Ley de la República.
Esto hizo que organizaciones como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) lo califiquen como un contrato aprobado “a tambor batiente”, y convoquen la movilización, a la que se han sumado grupos ambientalistas, educadores y estudiantes, entre otros. Los detractores consideran que el contrato no representa los mejores intereses para el país y que es perjudicial para el medio ambiente, por lo que piden su derogación.
Ante las protestas, este mismo lunes, Minera Panamá anunció en un comunicado la entrada en vigor de la concesión desde el viernes 20 de octubre y, entre cosas, se comprometió a cumplir con las obligaciones del contrato y a ejercer una gestión responsable de la mina, incluyendo el impacto positivo en la fuerza laboral, las comunidades vecinas y el medio ambiente.
Cortizo defendió la decisión tomada
Este martes, en un mensaje al país, el presidente Cortizo defendió la decisión de sancionar el contrato-ley, recordando que la relación con la mina existe desde la década de 1990, que la renovación es un tema heredado y que se hicieron las debidas consultas.
“Tomamos la decisión correcta, no la más fácil. Luego de una difícil y complicada negociación por más de dos años, se acordó en el 2023 un contrato entre la empresa Minera Panamá y el Estado panameño, que garantiza muchos mejores términos y condiciones para el país”, expresó el mandatario.
Ante los hechos de violencia que provocaron la suspensión del transporte público en la Ciudad de Panamá este martes, Cortizo dijo: “Como presidente hago un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y pública y el libre tránsito. No toleraré vandalismo, ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno. Estos actos serán judicializados”.
A pesar del pronunciamiento, los bloqueos en algunas calles del país continúan. Por segundo día consecutivo se suspendieron las clases, mientras la Cámara de Comercio de Panamá estima pérdidas económicas de entre US$ 60 y US$ 90 millones diarios. El Ministerio de Salud denunció que dos ambulancias fueron vandalizadas, mientras que la Asociación de Técnicos y Paramédicos de Panamá reportó que se registraron situaciones similares con al menos cinco ambulancias.
Hasta la mañana de este martes —según informó a CNN la Policía Nacional de Panamá— se reportaban 48 personas detenidas por los actos vandálicos y cinco policías heridos. Se desconoce si hay heridos entre los manifestantes.