(CNN Español) – La Corte Suprema de Justicia de Panamá admitió una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 406, de octubre de este año, con la cual se renovó un contrato, con nuevos términos y condiciones, para la minería de cobre entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá, informó este jueves el máximo tribunal del país.
Se trata de una compañía que explota ese metal en el país centroamericano y que pertenece a la compañía canadiense First Quantum.
La demanda de inconstitucionalidad fue interpuesta el lunes ante la Corte Suprema de Justicia, por el abogado Juan Ramón Sevillano Callejas, y va contra el artículo 1 de la ley, numeral que se refiere a la aprobación o desaprobación en la Asamblea Nacional de Panamá, en los contratos que el Estado sea parte o tenga interés, pero cuya celebración no esté reglamentada previamente, entre otras consideraciones, según la gaceta oficial con la ley.
Desde este lunes, en diversos puntos de Panamá, principalmente en la capital, hay protestas, enfrentamientos, bloqueos en las calles, paro educativo y pérdidas económicas debido al contrato que, según un comunicado de la Corte Suprema, pasará a manos del procurador de la Administración, quien en no más de 10 hábiles deberá emitir su opinión, como procedimiento inicial.
Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) —grupo que originalmente convocó a las movilizaciones— dijo a CNN que, si la Corte falla y ordena al Ejecutivo la derogación del contrato ley, “se acaba el problema”; de lo contrario, seguirán en las calles, por considerar que viola la ley desde su forma de aprobación, que -a su juicio- no representa los mejores intereses de Panamá, y que es un país con una rica biodiversidad, que -aseguran- se pone en riesgo con el desarrollo de la minería.
Este mismo jueves, la Cámara de Comercio de Panamá pidió a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie en derecho y de forma expedita ante las diversas demandas presentadas individualmente. También exigió al Gobierno de Panamá que decrete cuanto antes una moratoria de la actividad minera y que establezca una fecha para la revisión del Código Minero.
En conferencia de prensa, el gremio igualmente hizo un llamado de alto a la violencia, castigo a la delincuencia y protección a los ciudadanos.
CNN intentó obtener la reacción del Gobierno. La Dirección de Comunicación del Estado se prometió hacer las consultas, pero no ha habido respuesta. Previamente voceros del gabinete, entre ellos el ministro de Comercio Federico Alfaro, han defendido el contrato al asegurar que se logró un mejor acuerdo económico y mejores condiciones.
Igualmente CNN pidió comentarios a la compañía Minera Panamá por la admisión de la demanda, pero tampoco ha respondido.
Sin embargo, ante las protestas pidiendo la derogación de la ley, el lunes la compañía emitió un comunicado anunciando la entrada en vigor del contrato desde el pasado viernes, día que fue sancionado por el Ejecutivo y publicado en gaceta oficial.
Tristan Pascall, CEO de First Quantum, se refirió a la mina como una “importante contribución a Panamá y a su gente”; y se comprometió al cumplimiento de las obligaciones del contrato y ejercer una gestión responsable de la mina, incluídos el impacto positivo en la fuerza laboral, las comunidades vecinas y el medio ambiente.
“Minera Panamá se compromete a operar de manera social y ambientalmente responsable, aprovechando prácticas sostenibles y participando en un diálogo productivo para asegurar el éxito a largo plazo y los beneficios para todas las partes involucradas”, se aseguró en el comunicado.