(CNN en Español) – La Sala Preliminar de la Corte Penal Internacional dijo este martes que Venezuela “no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, durante una audiencia pública celebrada en La Haya.
Se trata de una sesión llevada a cabo por una apelación del Gobierno de Nicolás Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que autorizó en junio reanudar con las investigaciones que buscan determinar si en el país ocurrieron crímenes de lesa humanidad bajo el mandato del sucesor de Hugo Chávez.
Este miércoles se celebrará una segunda audiencia.
Durante la primera sesión, la integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la CPI, Paolina Massidda, aseguró que las víctimas tienen muy claro que las instituciones del país sudamericano “no investigan ni investigarán los crímenes de sus familiares y amigos”.
CNN contactó al Ministerio Público para conocer su reacción sin hasta ahora haber obtenido respuesta.
En oportunidades previas, y específicamente tras una visita a Caracas en junio del fiscal de la CPI, Karim Khan, el fiscal general Tarek William Saab dijo que el Estado venezolano tiene “intención de hacer justicia”.
El 21 de abril de 2022, Khan notificó a la Sala de Cuestiones Preliminares que había recibido una solicitud de Venezuela para diferir las investigaciones a favor de las acciones realizadas por las autoridades locales.
Pero ocho meses después, de noviembre de 2022, el fiscal de la CPI pidió a la Sala reanudar la investigación abierta un año atrás porque consideraba que los esfuerzos de las autoridades eran “insuficientes en su alcance”
El largo camino de la investigación de los posibles delitos de lesa humanidad cometidos durante el Gobierno de Maduro comenzó en 2018. La entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que abriría una investigación. Adicionalmente, ese mismo año en septiembre, Bensouda recibió una remisión de seis Estados que forman parte del Estatuto de Roma: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú para apoyar la pesquisa.
En ese momento, estos países estaban bajo gobiernos de centro o de centroderecha e integraban el Grupo de Lima, que dentro de la OEA cuestionaba la legitimidad del gobierno de Maduro y reconocía a Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como presidente interino del país.