(CNN Español) – A cinco años de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de México, su Gobierno ha logrado frenar el aumento anual de los homicidios dolosos, pero esos crímenes se mantienen en niveles elevados y ya superan a los registrados en todo el sexenio anterior, de acuerdo con cifras oficiales y especialistas consultados por CNN.
Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de octubre de este año —la actualización más reciente—, en esta administración se han registrado 161.518 homicidios dolosos, un promedio de 2.737,59 al mes, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Este total representa 17,65% más que todos los homicidios dolosos registrados en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando fueron 137.286.
Durante este Gobierno, 2019 —primer año completo de esta gestión— cerró con 34.719 homicidios dolosos. En 2020, la cifra fue de 34.569, lo que representó una baja de -0,43%.
Para 2021, el indicador se ubicó en 33.362, una disminución de -3,49%, mientras que en 2022 se contabilizaron 30.971, una disminución anual de -7.16%.
López Obrador y su equipo continuamente destacan esa tendencia decreciente y la exponen como un ejemplo de sus resultados en seguridad. Sin embargo, varios especialistas en la materia señalan que, si bien es cierto que en este sexenio se ha contenido el alza de los homicidios dolosos, el número de estos crímenes se mantiene por encima de los observados en gestiones pasadas.
Lisa Sánchez, directora de la organización no gubernamental México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), considera que las cifras actuales deben tomarse con cautela porque, a pesar de que hay “reducciones importantes” en las cifras de homicidios dolosos, estos siguen por encima de los 30.000 al año.
“En términos absolutos, seguimos teniendo muchísimas más muertes violentas que en cualquier otro periodo histórico del México democrático”, dijo.
En esto coincide Raúl Benítez-Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien señala que la disminución de la violencia es una de las metas que esta administración no ha alcanzado.
“Definitivamente, la seguridad se queda como un gran pendiente del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador debido a que no ha disminuido la cifra de homicidios, que es la cifra madre, principal”, dijo Benítez-Manaut. “Andan arriba de los 30.000 y en muchos estados se ha deteriorado la seguridad”, añadió.
El martes, durante una comparecencia en la Cámara de Diputados, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, destacó las cifras oficiales de homicidios y la baja en la percepción de inseguridad.
“La percepción negativa sobre la seguridad ha bajado en esta administración, le vamos ganando terreno al miedo, menos personas consideran inseguro vivir en su ciudad, estamos logrando la pacificación del país”, dijo.
En términos generales, en efecto, la percepción de inseguridad ha tenido una mejoría en lo que va del sexenio, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En 2018, el 79,4% de la población de 18 años o más se sentía insegura en su localidad, porcentaje que este año bajó al 74,6%. No obstante, este número sigue siendo mayor que el registrado en 2012, cuando fue de 66,6%.
CNN solicitó una entrevista con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para hablar sobre los resultados en este tema, pero aún no recibe respuesta.
Otros indicadores de la violencia
Los especialistas consultados señalaron que la persistencia de niveles altos de violencia en el país no solamente se observa en los homicidios dolosos sino también en otros indicadores, como las cifras de feminicidios y de personas desaparecidas.
Durante lo que va de la administración se han registrado 4.760 feminicidios, de acuerdo con las estadísticas del SESNSP. A diferencia de lo ocurrido con los homicidios dolosos, en este rubro no ha habido una tendencia decreciente sino altas y bajas: en 2019 hubo 970 casos, en 2020 fueron 976, en 2021 la cantidad subió a 1.018, en 2022 el número bajó a 984 y de enero a octubre de 2023 sumaron 711.
En cuanto a las personas desaparecidas, el Registro Nacional actualmente contabiliza más de 113.000 que siguen en esa condición al corte de este viernes. Según la misma fuente, ese índice sigue creciendo en este sexenio. Por ejemplo, en 2017, quinto año de la presidencia de Peña Nieto, se registraron en total más de 17.000 desapariciones y localizaciones —la estadística por año reúne ambas categorías—, mientras que en 2023, quinto año de López Obrador, ya superan las 25.000.
En el comparativo acumulado entre ambos sexenios, en el de Peña Nieto hubo 99.574 desapariciones y localizaciones, en tanto que en el de López Obrador ya van 120.353, cuando a la administración aún le restan 10 meses.
López Obrador rechaza que más gente esté desapareciendo durante su gestión e incluso ordenó realizar un censo que contraste las estadísticas del Registro Nacional. A la fecha, las autoridades federales siguen construyendo ese censo y aún no hay cifras, mientras los especialistas señalan que esos números muestran que las autoridades no han podido enfrentar este fenómeno de la inseguridad.
“Es un indicador muy negativo de la capacidad del Gobierno para resolver esto”, dijo Benítez.
La estrategia de seguridad
Para los especialistas, el que la estrategia del Gobierno de López Obrador no haya dado los resultados deseados se debe a varios factores.
Uno de ellos, dicen, es que el presidente nunca apostó en realidad a retirar al Ejército y a la Marina de tareas de seguridad pública, pese a que fue una de sus promesas de campaña en 2018 y a que académicos y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han documentado que la presencia militar en las calles genera más violencia.
“Las Fuerzas Armadas tienden a abusar del uso de la fuerza porque están acostumbradas a defenderse de un enemigo en un contexto de guerra y, además, actúan para la defensa de las instituciones del Estado, no para la defensa de las personas”, dijo Sánchez.
Otro factor en juego, de acuerdo con los especialistas, es que la Guardia Nacional no ha logrado consolidarse como la nueva gran corporación civil que debe brindar seguridad pública.
Creada en 2019 con una reforma constitucional impulsada por López Obrador y el oficialista partido Morena, la Guardia Nacional se concibió para sustituir a la anterior Policía Federal, ser una pieza clave en el combate al crimen y permitir que el Ejército y la Marina paulatinamente regresaran a sus cuarteles.
Pero a cuatro años de ello, dicen los expertos, sus elementos están más concentrados en labores de control migratorio o vigilancia de carreteras y no están desplegados en las zonas más violentas de México, lo que obligará a la administración que sea electa en 2024 a hacer ajustes y diseñar políticas que den mejores resultados.
“Es necesario replantear la estrategia más allá de que haya poco margen de maniobra”, dijo Sánchez.