(CNN Español) – A horas de que venciera el plazo dado por Estados Unidos, el Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana presentaron el procedimiento que acordaron para levantar las inhabilitaciones que pesan sobre varios dirigentes políticos.
Noruega, facilitador de la negociación entre las partes, hizo público a través de las redes sociales de su embajada en México, el documento en el que se señala que los interesados deberán acudir a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y ejercer un recurso contencioso contra las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de Venezuela.
Ese recurso contencioso debe ir acompañado de una solicitud de amparo cautelar, en el lapso establecido desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días continuos y sucesivos.
El jefe negociador del oficialismo, Jorge Rodríguez afirmó en sus redes sociales que era un paso en la “dirección correcta”, mientras que su contraparte en la delegación opositora, Gerardo Blyde, dijo que el Acuerdo de Barbados firmado el 17 de octubre “determinó que debía establecerse una vía que con celeridad permita habilitar candidatos presidenciales.”
Estados Unidos había dado hasta finales de noviembre de plazo para que el Gobierno de Venezuela definiera un proceso con tiempos específicos para dar garantías de participación a todos los aspirantes presidenciales, así como liberar a ciudadanos estadounidenses que se considera están detenidos de forma indebida, así como a numerosos venezolanos opositores detenidos. Este asunto, sin embargo, no se menciona en el documento entregado.
El 18 de octubre, el Departamento de Estado de EE.UU. planteó estos dos pasos tras anunciar el levantamiento de algunas sanciones a la explotación y comercialización de petróleo, gas y oro que mantenía sobre Caracas, en respuesta a la firma en Barbados de la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro de acuerdos sobre una hoja de ruta hacia la elección presidencial prevista para 2024. En un comunicado, advirtió que el incumplimiento del acuerdo llevaría a Estados Unidos a “revertir pasos”, sin especificar cuáles.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, aseguró este jueves, horas antes de que se hiciera público el procedimiento para el levantamiento de inhabilitaciones, que esperaban ver las decisiones de las autoridades venezolanas. “Todavía no he visto ningún avance (…) no me adelantaré a hablar sobre las decisiones en relación con las sanciones de una manera u otra sobre lo que se va a hacer de ahora en adelante”, dijo en conferencia de prensa.
CNN se comunicó con la Oficina Externa de EEUU para Venezuela, con base en Colombia, pero no ha obtenido respuesta.
Este lunes, Maduro reiteró su condena a las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea y pidió que fueran levantadas sin “chantaje”.
El jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en las negociaciones, Gerardo Blyde, aseguró este miércoles que, de acuerdo con lo pactado con el Gobierno ―en el denominado acuerdo de Barbados― a más tardar este jueves debía formalizarse un procedimiento para habilitar a “cualquier venezolano que aspire a ser presidente de la República y que pueda estar inhabilitado administrativamente por la Contraloría” para participar en la elección de 2024.
CNN ha solicitado una reacción al Gobierno de Venezuela sobre la liberación de ciudadanos estadounidenses y venezolanos y la formalización de la habilitación de candidatos referida en el acuerdo de Barbados, pero aún no ha obtenido respuesta. Tampoco ha habido un pronunciamiento oficial.
El primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo el miércoles que “no es verdad” que en el acuerdo de Barbados exista un apartado que hable de las inhabilitaciones políticas, y señaló que “eso no depende del Gobierno, sino de las instituciones que toman decisiones en Venezuela”.
En el acuerdo no hay mención directa a las inhabilitaciones. El punto 11 señala textualmente: “Se promoverá a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistente con los procedimientos establecidos en la ley venezolana”.
María Corina Machado, quien ganó la primaria de la oposición el 22 de octubre, está afectada por una inhabilitación impuesta por la Contraloría General de Venezuela, insiste en que la medida es ilegal. “La írrita pretensión de bloquearme, la gente la resolvió el 22 de octubre, le dijeron al régimen y al mundo lo que piensa el pueblo de Venezuela sobre esa fulana inhabilitación, y a mí lo único que me importa es lo que piensa la gente”, afirmó este jueves en un acto con simpatizantes en el estado Lara. La Contraloría General de Venezuela inhabilitó a Machado porque no incluyó en su declaración jurada de patrimonio el pago de bonos de alimentación conocidos como cestatickets.