Nota del editor: Alberto Gonzales fue el 80° secretario de Justicia de Estados Unidos y consejero del presidente en el Gobierno de George W. Bush. Actualmente es decano y profesor distinguido de Derecho Doyle Rogers en la Facultad de Derecho de la Universidad de Belmont y forma parte del consejo asesor del Vanderbilt Project on Unity & American Democracy. Las opiniones expresadas en este artículo le pertenecen exclusivamente a su autor.
(CNN) – Hay lugares en nuestra frontera sur que nos cambian, imágenes que nos obligan a lidiar con nosotros mismos. Me detuve en un acantilado y el desierto de Chihuahua de 500.000 kilómetros cuadrados me miró fijamente, preguntándome por qué manchamos su arena con la sangre de niños.
¿Por qué damos la espalda al sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas que se adentran en el calor y dejan sus vidas y sus sueños en sus cañones? ¿Por qué toleramos un sistema de inmigración que castiga por igual a los desesperados y a los pacientes y que, al mismo tiempo, es incapaz de proporcionar suficientes trabajadores legales a Estados Unidos o una seguridad fronteriza eficaz?
¿Por qué los inmigrantes siguen gritando: “No, no, me quedo aquí. Voy a intentar pasar”? Estas preguntas me llevan a pensar que debemos unirnos como un solo país y comprometernos hacia una solución que asegure nuestra frontera y respete el Estado de Derecho y la humanidad de todas las personas.
Nuestra tarea pendiente desde hace mucho tiempo es unificarnos y aprobar una reforma integral de la inmigración, y hacerlo ahora, incluyendo que el Congreso acepte propuestas razonables para mejorar la seguridad fronteriza como parte de un paquete más amplio de ayuda exterior. Este pequeño compromiso puede sentar unas bases sólidas para un plan más amplio.
Hasta ahora, he trazado mis propias líneas en la arena. Por ejemplo, descarté ideas como la construcción de un largo y costoso muro fronterizo y el despliegue de nuestro Ejército. Creía que un muro enviaba un mensaje equivocado a nuestros vecinos y era un despilfarro de dinero. Temía que nuestros militares, entrenados para matar al enemigo, hicieran precisamente eso con familias de inmigrantes desarmados a los que confundían con delincuentes, terroristas o miembros de cárteles. En el pasado, interrumpí los debates sobre este tipo de medidas y bloqueé las oportunidades de compromiso, prefiriendo más agentes fronterizos y tecnología como cámaras y sensores de movimiento.
Hoy, sin embargo, estamos en crisis, agravada por un estancamiento legislativo que ni atiende a los gritos de los migrantes que huyen de la violencia ni a los deseos de los votantes de que se establezcan limitaciones razonables a la entrada. Nuestras comunidades están desbordadas por los inmigrantes y sus necesidades, sobre todo porque los estados cercanos a la frontera siguen transportando en autobús a los recién llegados al norte.
Las ideas que hemos barajado aún no se han materializado en soluciones. Así que me he retado a mí mismo a estar abierto a otras posibilidades, al menos durante esta crisis. Como dijo el exsenador Howard Baker: “El otro puede tener razón”, y hasta ahora, las posiciones ideológicas inflexibles de ambos partidos políticos han demostrado ser erróneas. Los estadounidenses están de acuerdo.
En una encuesta reciente del Vanderbilt Project on Unity & American Democracy, el 80% de los encuestados expresó su apoyo al compromiso legislativo incluso cuando se incluyen escenarios reales desafiantes.
El Artículo I de la Constitución de EE.UU. otorga al Congreso, y no al presidente, el poder de establecer una “regla uniforme de naturalización”, es decir, la política de inmigración. En circunstancias normales, el presidente está limitado por las herramientas de inmigración que el Congreso le otorga en forma de legislación.
Hoy, sin embargo, la situación en la frontera ha llegado a un punto de quiebre. Debemos tomar el control.
Los senadores luchan por encontrar un punto intermedio sobre los cambios en la política de inmigración, clave para aprobar la ayuda a Ucrania e Israel
La conclusión a la que he llegado es que el presidente puede tener que recurrir a sus poderes constitucionales de emergencia para aplicar medidas temporales, como la construcción de barreras físicas en lugares estratégicos y el uso de nuestros militares en un papel de apoyo en circunstancias limitadas y reglas de enfrentamiento bien entendidas.
Durante esta crisis, Estados Unidos debería considerar la posibilidad de limitar el número de concesiones a los solicitantes de asilo y suspender temporalmente las nuevas solicitudes de estatus legal para poner orden en nuestra casa y recuperar el control de nuestras fronteras. Debemos identificar y expulsar inmediatamente a todo aquel que constituya una amenaza.
Una vez recuperado el control, nuestro país podrá volver a centrar su atención en un plan de inmigración más completo y coherente con nuestros valores: un plan que sea justo con los inmigrantes que han seguido las normas esperando pacientemente fuera de nuestras fronteras, que promueva el crecimiento económico, que no recompense ni encarcele a quienes entraron en el país sin la documentación necesaria, y que proteja a los ciudadanos estadounidenses y sus propiedades.
No obstante, es importante reiterar que la reforma integral de la política de inmigración es necesaria y el objetivo final.
El presidente debe liderar, y el Congreso legislar y asignar. Cada día que esperamos, más gente muere en ese desierto, los campos de cosecha se quedan en barbecho sin trabajadores, las cadenas de suministro se retrasan y el espíritu emprendedor de este país, alimentado, irónicamente, por los inmigrantes, se apaga.
Las ciudades de Estados Unidos ya no tienen recursos ni capacidad para pagar los costos del orgullo y la obstinación del Congreso. Como informó CNN, un número récord de migrantes está cruzando hacia Estados Unidos, desbordando ciudades como Nueva York y Chicago.
Ha sido el deber constitucional de cada legislador de este milenio encontrar una solución, y hemos fracasado. Debemos ser humildes y dejar a un lado nuestras ideologías, y proteger a nuestros ciudadanos, al Estado de Derecho y a los inmigrantes que buscan una vida mejor para sus familias.
Y como ciudadanos, debemos mostrar amabilidad hacia nuestros legisladores, para que se sientan seguros de hacer lo que saben que es correcto, y comprometerse sin miedo a represalias.
La política de inmigración afecta a nuestra economía, nuestra seguridad nacional y nuestra política exterior, así como a las relaciones con la familia y los amigos. Influye en la esencia misma de lo que somos como país.
Cuando no se aplica correctamente, esa política amenaza nuestra paz y estabilidad.
Una vez que adoptemos un marco global a largo plazo, seremos más fuertes y estaremos más seguros en un mundo cada vez más peligroso, unidos y más capacitados para afrontar juntos los retos que nos aguardan.