(CNN) – El fiscal especial Jack Smith pidió este lunes a la Corte Suprema de EE.UU. que decida si Donald Trump goza de inmunidad frente al proceso penal por los presuntos delitos que cometió durante su mandato, en lo que será la primera vez que el alto tribunal se pronuncie sobre el histórico proceso contra el expresidente.
La petición extraordinaria es un intento de Smith de mantener en marcha el juicio por subversión electoral, actualmente previsto para principios de marzo. Smith le está pidiendo a la Corte Suprema que dé el raro paso de saltarse un tribunal federal de apelaciones y decida rápidamente una cuestión fundamental del caso contra Trump.
El equipo de Smith ha pedido al tribunal que revise el dictamen de la jueza de distrito Tanya Chutkan, según el cual, como expresidente, Trump no es inmune a la acusación de subversión electoral presentada en Washington. Los abogados del expresidente han argumentado que las supuestas acciones de Trump sobre los resultados de las elecciones de 2020 formaban parte de sus funciones oficiales en ese momento y, por lo tanto, está protegido por la inmunidad presidencial.
Los fiscales también han pedido al tribunal que decida si Trump está protegido por las normas que impiden juzgar dos veces a una persona por una misma causa. Los abogados defensores han afirmado que, dado que Trump fue absuelto por el Senado durante su juicio político, no puede ser juzgado penalmente por las mismas supuestas acciones.
Si la Corte Suprema se hiciera cargo del caso, la cuestión de la inmunidad presidencial no pasaría por un tribunal de apelaciones. El equipo de Trump había pedido la semana pasada al tribunal de apelaciones que examinara el fallo de Chutkan y también le pidió que suspendiera mientras tanto todas las fechas del juicio.
La cuestión sobre las protecciones presidenciales que Trump espera utilizar como parte de su defensa debe resolverse antes de que Trump vaya a juicio, que actualmente está previsto para marzo de 2024.
“La apelación del demandado de la sentencia que rechaza su inmunidad y reclamaciones relacionadas, sin embargo, suspende el juicio de los cargos en su contra, programado para comenzar el 4 de marzo de 2024”, escribió el equipo de Smith. “Es de imperiosa importancia pública que las reclamaciones de inmunidad del demandado sean resueltas por esta Corte y que el juicio del demandado proceda lo antes posible si su reclamo de inmunidad se rechaza”.
El escrito continúa diciendo que “las alegaciones del demandado son profundamente erróneas, como sostuvo el tribunal de distrito. Pero solo esta Corte puede resolverlas definitivamente”.
La maniobra de EE.UU. vs. Nixon en el caso Trump
El equipo del fiscal especial está apuntando a una maniobra similar a la empleada en EE.UU. vs. Nixon, el caso de la Corte Suprema de 1974 en el que los jueces rechazaron las alegaciones de privilegio presidencial del entonces presidente Richard Nixon en una lucha por una citación de las cintas de la Oficina Oval. En ese caso, el alto tribunal se apresuró a resolver el asunto para que uno de los casos de la era Watergate pudiera avanzar rápidamente.
“Históricamente, la Corte Suprema rara vez ha aceptado este tipo de táctica: aceptar una apelación antes de que un tribunal federal de apelaciones haya tenido la oportunidad de hacerlo”, dijo Steve Vladeck, analista de CNN sobre la Corte Suprema y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.
“Pero la Corte no solo ha mostrado mucha más disposición a acelerar las apelaciones desde 2019, [sino que] incluso antes de eso este era el tipo exacto de caso en el que habría aceptado avanzar rápidamente”, agregó Vladeck.
En su apelación ante la Corte Suprema, el equipo del fiscal especial escribió que “nada podría ser más vital para nuestra democracia” que hacer que un expresidente rinda cuentas si infringe la ley.
“Una piedra angular de nuestro orden constitucional es que ninguna persona está por encima de la ley”, escribió el equipo de Smith. “La fuerza de ese principio está en su cenit cuando, como aquí, un jurado investigador ha acusado a un expresidente de cometer delitos federales para subvertir el traspaso pacífico del poder a su sucesor legítimamente elegido”.
Al instar a los jueces a ocuparse del asunto ahora, los fiscales argumentaron que la naturaleza del caso de alto perfil justificaba una desviación del procedimiento normal de apelación.
“Si la revisión de la decisión de apelación se llevara a cabo a través del proceso ordinario en el tribunal de apelaciones, el ritmo de revisión podría no dar lugar a una decisión final durante muchos meses. Incluso si la decisión llega antes, el calendario de tal decisión podría impedir que esta Corte conociera y decidiera el caso en este mandato”.