(CNN Español) – El Gobierno de Panamá anunció este viernes el inicio del “cierre ordenado” de la minera Cobre-Panamá, que se convirtió en el epicentro de protestas de ambientalistas que culminaron, a finales de noviembre, con la decisión de la Corte Suprema del país de declarar como inconstitucional la actividad de la empresa en su territorio, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Comercio e Industrias.
En el texto, el Gobierno aseguró que “ha cumplido con todas sus obligaciones ante el derecho internacional y está preparado para defender los intereses de la nación”. Añade que “en los próximos días” se conocerá una hoja de ruta detallada sobre el cierre.
El pasado 1 de diciembre la compañía canadiense dijo en un comunicado que estaba buscando detalles sobre el cierre de la minera y que, por el momento, había suspendido sus operaciones para el resto de 2023.
CNN envió un correo electrónico a la compañía para conocer si tenía algún cambio en su postura tras el anuncio del gobierno panameño, pero aún no ha respondido a la solicitud de comentarios.
La minera Cobre-Panamá, gestionada por la empresa canadiense First Quantum Minerals, era la más grande de Centroamérica y, según datos de la empresa, generaba más de 7.000 empleos directos y 33.000 indirectos.
También esta semana, el pasado 11 de diciembre, la minera anunció el despido de más de 4.000 empleados como consecuencia de la decisión del máximo tribunal panameño.
¿Qué llevó al cierre de la mina Cobre-Panamá?
Una iniciativa de ley presentada por el presidente Laurentino Cortizo y aprobada por la Asamblea Nacional, que permitía a la compañía la explotación de cobre a cielo abierto, detonó una serie de protestas que paralizaron al país desde mediados de octubre.
Los bloqueos, que se mantuvieron durante varias semanas, vaciaron las calles y obligaron a suspender las clases durante casi un mes, según pudo constatar el equipo de CNN en Panamá.
La presión social —a la cual se unió incluso el actor Leonardo DiCaprio— llevó a la Corte Suprema a tomar las riendas del caso el 1 de noviembre, nombrándolo como su “prioridad número uno”, y finalmente dio a conocer su decisión el 28 de ese mismo mes.
Fernando Aramburú, exministro de Economía de Panamá, dijo a CNN el 1 de diciembre que las operaciones de la minera equivalían entre un “3% y un 4%” del PIB del país. “Indiscutiblemente será un impacto importante”, dijo entonces.