(CNN Español) – Los abogados del exsecretario de Seguridad Ciudadana de México, Genaro García Luna, solicitaron este viernes la anulación del juicio llevado a cabo en Estados Unidos, que en febrero halló culpable al exfuncionario de varios delitos relacionados con el narcotráfico. García Luna podría recibir una sentencia de entre 20 años a cadena perpetua.
La defensa asegura en su escrito que desde que se dio a conocer el veredicto del jurado han salido a relucir nuevas pruebas favorables a su cliente que, en su criterio, podrían desmoronar el caso presentado por la Fiscalía.
En el documento de 56 páginas presentado en la Corte del Distrito Este de Nueva York, los abogados de García Luna afirman que pueden demostrar que varios testigos clave de la Fiscalía hicieron declaraciones falsas en su testimonio, y que durante el proceso la Fiscalía habría violado la jurisprudencia contenida en el caso Brady vs. Maryland, según la cual la supresión de la evidencia que podría favorecer a un acusado constituye una violación al debido proceso.
Ambas cosas, según dice la moción, son suficientes para anular la condena y ordenar un nuevo juicio.
“En este momento no vamos a comentar más allá de lo que está escrito en el documento. García Luna fue condenado injustamente y esta moción establece claramente nuestra posición con reclamos basados en la verdad y la justicia. Esperamos que la Corte esté de acuerdo, anule la condena y se haga un nuevo juicio”, dijo a CNN César de Castro, abogado del exfuncionario.
Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a hacer comentarios, pero la Fiscalía tiene hasta el 19 de enero para presentar una respuesta a la corte.
El caso Brady y su relación con García Luna
La sentencia del caso Brady estipula que todo acusado tiene derecho a que el investigador le muestre, descubra o dé acceso a los elementos de prueba que ha obtenido en el curso de la investigación, especialmente si son evidencias que podrían ser exculpatorias.
La defensa de García Luna dice tener documentos e información en su poder que probarían que el exfuncionario, que ocupó el cargo de máximo responsable de la política de seguridad de México entre 2006 y 2012, y su equipo fueron sometidos a exhaustivas verificaciones de antecedentes e investigaciones, entre ellos la prueba del polígrafo, por parte de la DEA y otras dependencias del Gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con la moción.
Según la defensa, estas investigaciones de antecedentes cubrieron el mismo periodo de tiempo que las pruebas presentadas por la Fiscalía para sustentar el caso.
Estos documentos, según la moción, deberían de haber sido entregados a la defensa en virtud de lo establecido en la sentencia Brady; sin embargo, los representantes de García Luna afirman que, a pesar de haber solicitado ese material, la Fiscalía jamás los presentó asegurando que no poseían esos informes.
Sin embargo, según el relato de la defensa, después del veredicto varios exagentes del orden de Estados Unidos y México contactaron a la defensa para proporcionar miles de páginas de documentos, entre ellos, una verificación de antecedentes hecha por el gobierno de Estados Unidos en 2011, en la que certificaron a García Luna como un socio de máxima confianza en la lucha contra el narcotráfico y lo declararon libre de cualquier sospecha de tener vínculos con los carteles de la droga.
La defensa alega que la DEA y otras agencias del Departamento de Justicia mantienen el resto de estos informes realizados en numerosas ocasiones durante varios años.
Testigos cuestionados
La defensa también dice tener evidencias de que varios testigos de la Fiscalía dieron declaraciones falsas durante el juicio.
Francisco Cañedo Zavaleta, un expolicía federal de México, afirmó entonces que fue testigo del supuesto secuestro de García Luna que, según él, ocurrió la tarde del 19 de octubre de 2008. Cañedo Zavaleta dijo que vio a García Luna conversando con Arturo Beltrán Leyva y el narcotraficante conocido como La Barbie en una carretera de Morelos.
La defensa, sin embargo, argumenta que tiene documentos y recibos de una factura que demuestran que García Luna estaba en un hospital de la Cuidad de México atendiendo a su esposa el mismo día y a la misma hora que supuestamente fue visto por Zavaleta y secuestrado por el cartel de los Beltrán Leyva.
La defensa también dice que existen pruebas de que el testimonio de otro testigo presentado por la Fiscalía, Héctor Villarreal Hernández, es falso.
Villarreal Hernández, subsecretario de Programa y Presupuesto del estado de Coahuila entre 2005 y 2010, declaró que García Luna sobornó al editor de uno de los diarios más grandes de México, El Universal, para suprimir cobertura negativa sobre su desempeño y el presunto secuestro de García Luna ordenado por Arturo Beltrán Leyva.
El testigo dijo que, por sugerencia suya, su antiguo jefe, el exgobernador de Coahuila, presentó a García Luna con el dueño y editor del diario, Francisco Ealy Ortiz, y ayudó a negociar ese acuerdo entre ambos.
La defensa, sin embargo, dice que obtuvo varias fotografías y copias de la agenda oficial del entonces secretario de Seguridad Pública que demostrarían que García Luna y Ealy Ortiz se reunieron en varias ocasiones y mantenían una muy cercana relación desde mucho antes del supuesto encuentro con el testigo.
Además, según la moción, el abogado de El Universal recientemente proporcionó una declaración jurada a la defensa que desmentiría los presuntos sobornos alegados por el señor Villarreal Hernández.
En su oportunidad el diario El Universal rechazó los señalamientos del testigo.
La defensa también dice que exfuncionarios estadounidenses y un exalto funcionario de México durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) le entregaron pruebas de que Villarreal Hernández continuó cometiendo delitos en Estados Unidos mientras cooperaba activamente con el Gobierno estadounidense.
De acuerdo con la representación legal del exsecretario de Seguridad Ciudadana de México, esas pruebas fueron proporcionadas a la DEA y a fiscales federales en Texas antes del juicio a García Luna, por lo cual, argumentan, podrían haber recibido las pruebas sobre su continua conducta criminal.
Este material también debió de haber sido divulgado a la defensa, de acuerdo con la jurisprudencia asentada en la sentencia Brady, afirma la representación legal de García Luna.
Los abogados además afirman que lograron obtener evidencia de que, a pesar de las repetidas afirmaciones del Gobierno de lo contrario, los testigos que cooperaron en este caso se comunicaban entre ellos antes del juicio a través de teléfonos móviles ilegales obtenidos en la cárcel.
Un testigo incluso admitió, según la defensa, que mentiría en sus declaraciones al Gobierno para ser liberado y continuar con el tráfico de drogas, con el beneficio adicional de ver derrotado a García Luna en el proceso.
Todo eso, dicen los abogados de García Luna, desestimaría el valor de los testimonios presentados.