(CNN) –– El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó este lunes una ley que crea un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente al territorio. La medida marca un paso enorme en la dura batalla legal que libran el estado y el gobierno federal sobre los esfuerzos para reducir la inmigración irregular.
La ley, denominada SB4, también otorga a las autoridades locales el poder de arrestar a migrantes y a los jueces la capacidad de emitir órdenes para expulsarlos a México. Esta legislación ha desatado ondas de miedo en toda la comunidad latina de Texas, que constituye el 40% de la población del estado. La medida también ha sido condenada por organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de la inmigración después de que la legislatura de Texas la aprobara el mes pasado.
Se espera que la ley entre en vigor en marzo.
El actual aumento de la migración en la frontera entre Estados Unidos y México ejerce una inmensa presión sobre los recursos locales y federales. Abbott y la administración del presidente Joe Biden han disputado algunas de las medidas del estado para frenar la inmigración ilegal a lo largo de la frontera sur.
El domingo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció que suspendería temporalmente las operaciones en los puentes ferroviarios internacionales en Eagle Pass y El Paso, Texas, a partir del lunes, debido a un aumento en los cruces fronterizos de migrantes. Las autoridades fronterizas detuvieron a unos 192.000 inmigrantes en los puertos de entrada en noviembre, un aumento del 2% en comparación con las 188.000 detenciones de inmigrantes en octubre, informó a CNN el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Jason Owens.
Los miembros demócratas de la Cámara de Representantes han advertido que la ley sobrepasa los poderes del gobierno federal y replica la disposición sobre el estatus migratorio de Arizona en lo que sus opositores han denominado la ley “muéstrame tus documentos”. La ley fue rechazada en su mayor parte por la Corte Suprema de Estados Unidos en 2012, cuando confirmó que el gobierno federal establece las políticas y leyes de inmigración.
El autor republicano del proyecto ha sostenido que la medida es constitucional.
Kevin F. Lawrence, director ejecutivo de la Asociación de Policía Municipal de Texas, dijo a CNN en un comunicado que “la SB 4, al menos hasta cierto punto, daría a las fuerzas policiales locales mejores herramientas para trabajar”.
Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha amenazado con demandar a Abbott por la medida que la organización califica de una de las medidas más antiinmigrantes aprobados por cualquier estado.
Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y CEO del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, dijo en respuesta a la promulgación que el estado amenaza la “seguridad y dignidad de los solicitantes de asilo”.
“Al criminalizar el acto mismo de buscar refugio, Texas les está dando la espalda a los valores de compasión y debido proceso que hacen de nuestra nación el modelo mundial de liderazgo humanitario”, dijo Vignarajah en un comunicado este lunes.
Tres altos ejecutivos de condados en Texas escribieron una carta al presidente Biden a fines del mes pasado, instándolo a impedir que la SB 4 entre en vigencia, citando preocupaciones acerca de que la medida es inconstitucional y podría hacer que las comunidades resulten menos seguras. Los ejecutivos del condado lideran los condados de El Paso, Harris (al que pertenece Houston) y Travis (donde está ubicado Austin), que representan casi una cuarta parte de la población del estado.
“Le instamos a intervenir para impedir que esta legislación entre en vigor y evitar que el gobernador de Texas, Greg Abbott, viole la Constitución de Estados Unidos”, escribieron en la carta, publicada en X.