(CNN) – Una nueva ley que convierte el ingreso ilegal a Texas en un delito estatal está sembrando confusión e incertidumbre entre los inmigrantes indocumentados y las familias de estatus mixto a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, según defensores de la inmigración.
Muchos de esos defensores le dicen a CNN que temen una ola de discriminación racial, así como detenciones e intentos de deportaciones por parte de las autoridades estatales cuando se espera que la ley entre en vigor en marzo.
“Hay muchas incógnitas sobre cómo se implementará esta ley”, dijo el abogado de inmigración de Houston, Roberto Quijano, en una reciente reunión pública sobre la ley.
El gobernador republicano Greg Abbott promulgó el lunes la medida, el Proyecto de Ley Senatorial 4, que otorga a las autoridades locales el poder de arrestar a inmigrantes y a los jueces la capacidad de emitir órdenes para expulsarlos a México, en un estado donde los latinos representan el 40% de la población.
“Tenemos muchas preocupaciones sobre la discriminación racial y el racismo”, dijo esta semana Ramona Casas, organizadora comunitaria de la organización sin fines de lucro Arise Adelante, en una protesta contra la SB4. “Estas leyes abren la puerta a eso. Amenazan a las familias”.
Casas dijo que cree que los latinos en Texas se verán obligados a llevar sus pasaportes e identificaciones en todo momento para evitar ser detenidos bajo sospecha de ser indocumentados.
Para muchos opositores, la nueva ley recuerda a una ley similar de 2010 “Muéstrame tus documentos” en Arizona, que fue en gran medida anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos dos años después. El tribunal superior concluyó en 2012 que el gobierno federal tenía el poder de bloquear la ley, pero dejó en pie una disposición controvertida que permitía a la policía comprobar el estatus migratorio de una persona mientras hacía cumplir otras leyes si existía una “sospecha razonable” de que la persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.
Los críticos han dicho que la nueva ley de Texas es inconstitucional y grupos de derechos civiles presentaron una demanda contra el estado el martes.
La Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU de Texas y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas argumentaron que la controvertida ley fronteriza es inconstitucional porque prevalece sobre la ley federal.
“La inmigración es una autoridad esencialmente federal”, argumentan las organizaciones, según la demanda.
La aplicación de las leyes de inmigración normalmente es competencia del gobierno federal, no de los gobiernos estatales individuales. Cuando se le preguntó esta semana si el presidente Joe Biden apoyaba que el gobierno federal emprendiera acciones legales sobre el asunto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el Departamento de Justicia decidiría si se presentaría una demanda y que ella “no iba a adelantarse a eso”.
CNN se comunicó con la oficina de Abbott y con los acusados para comentar sobre la demanda.
A finales del mes pasado, los ejecutivos del condado de El Paso, así como del condado de Harris, que alberga a Houston, y el condado de Travis, donde se encuentra Austin, escribieron una carta a Biden, instándolo a impedir que la SB 4 entre en vigor, citando preocupaciones sobre la constitucionalidad de la medida y si realmente hará que las comunidades sean más seguras. Los tres condados representan casi una cuarta parte de la población del estado.
La nueva ley surge en medio de una oleada de migrantes en la frontera sur que ha presionado a las autoridades locales, estatales y federales para que tomen medidas enérgicas contra los cruces ilegales.
Solo el martes, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos procesó a 10.500 inmigrantes que cruzaron ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, según un funcionario de Seguridad Nacional. Funcionarios estadounidenses actuales y anteriores han advertido que el ritmo actual de arrestos está llevando los recursos federales al límite, y que el sistema se acerca a un “punto de ruptura”. Hay más de 26.000 inmigrantes bajo custodia fronteriza, dijo el funcionario.
Frustrado por lo que Abbott dice que es el fracaso del gobierno federal para asegurar la frontera, el gobernador está otorgando a las autoridades estatales nuevos poderes para detener y deportar a inmigrantes.
Abbott y la administración Biden han discutido sobre algunas de las medidas del estado para frenar la inmigración ilegal a lo largo de la frontera sur.
La jueza del condado de Harris, Lina Hidalgo, dijo a los periodistas el martes que el estado estaba utilizando la SB4 para “convertir la inmigración en un arma… para ganar puntos políticos”.
“Solo en el condado de Harris hay 500.000 inmigrantes indocumentados. Estas personas trabajan duro como todos nosotros y enfrentan el crimen como cualquiera de nosotros. Son sobrevivientes de violencia doméstica. Quieren proteger a sus hijos y a sus familias. Ahora van a sentir que no pueden llamar a la policía porque la policía es… ICE”, dijo Hidalgo, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Los defensores de la inmigración advierten que la nueva ley dará a los agentes del orden locales el poder de los agentes federales de inmigración y conducirá a más acoso y abuso en las comunidades fronterizas.
Marisa Limón Garza, directora ejecutiva del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas en El Paso, Texas, advirtió que la SB4 expondría a innumerables ciudadanos estadounidenses, hogares de estatus mixto e inmigrantes indocumentados a interrogatorios, registros, incautaciones y arrestos ilegales “basados en cuán ‘extranjeros’ son. ’ se ven y cómo se comportan”.
Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute en El Paso, dijo que la nueva ley criminalizaría a las personas que buscan seguridad en la frontera e infundiría miedo en las familias de todo Texas.
“El día que entre en vigor, hará que todos los tejanos se sientan menos seguros de manera desastrosa al erosionar la confianza fundamental de la comunidad en las autoridades”, dijo.
A finales de noviembre, en una reunión pública en el área de Houston sobre la nueva ley, César Espinosa, director ejecutivo de la organización de derechos civiles FIEL, liderada por inmigrantes, dijo que sus oficinas se habían visto inundadas de llamadas.
“Queremos recordarle a la comunidad que mantenga la calma”, dijo. “Aunque son malas leyes, aún no se han implementado. En este punto también tenemos preguntas sobre cómo y si podrían implementarse”.
Ray Sánchez, Michael Williams, Nikki Carvajal y Priscilla Álvarez de CNN contribuyeron a este informe.