(CNN Español) – El Gobierno de Javier Milei avanza en su objetivo de desregular. Y el comercio, tanto en el orden interno como externo, es uno de los sectores que ya comienza a sentir los cambios.
Luego del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que anunció el 20 de diciembre, que contiene más de 300 artículos en los que elimina regulaciones de amplios sectores de la economía argentina y del mercado laboral, este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la puesta en marcha de un nuevo esquema de importaciones, que elimina licencias y permisos estatales para ingresar mercancías al país.
“El que quiera importar, ahora podrá hacerlo y punto”, había dicho el ministro el 12 de diciembre cuando anunció las primeras medidas que comienzan a concretarse. Allí había anunciado el fin del polémico Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) que funcionaba desde 2022 y que provocaba retrasos por las demoras en la aprobación oficial de los permisos de importación. Ahora se reemplaza por el Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) que no requerirá tramitar una licencia para los envíos destinados a consumo.
“A partir de hoy se podrá importar sin cupos ni prohibiciones de productos”, sostuvo en su cuenta de X (antes Twitter) el ministro, mientras que el vocero presidencial Manuel Adorni agregó en su conferencia de prensa matutina, que “se termina con una burocracia por la que un funcionario de turno puede decidir qué se importa o no”.
Las desregulaciones comerciales del DNU
Este controvertido decreto presidencial fue apoyado por diferentes sectores que confían en el libre mercado como el mejor elemento para impulsar la alicaída economía argentina. Pero también despertó críticas de amplios sectores, algunos que ponen en duda su constitucionalidad y otros que cuestionan las medidas en sí mismas, las cuales en la práctica eliminan o acotan las reglas de juego y la injerencia del Estado en diferentes actividades y sectores.
“En esta economía sin árbitro, ganan los que logran imponer sus intereses por encima del resto en razón de su poder económico y el sometimiento de los actores más pequeños”, sostiene un informe del Centro de Economía Política (CEPA). “El DNU de Milei profundiza estas desigualdades preexistentes en la sociedad, quitando las vallas de contención básicas que buscaban –incluso con deficiencias– equiparar situaciones dispares”, prosigue.
Entre las principales normas comerciales derogadas están las leyes de Abastecimiento y de Góndolas. La primera habilita al Estado a fijar precios máximos y sancionar a empresas “que aumenten artificial o injustificadamente los precios, acaparen materias primas o productos, destruyeran mercaderías o bienes, o nieguen o restrinjan injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicio, entre otras situaciones”, mientras que la segunda estipula que los comercios ofrezcan una variedad de marcas de cada producto exhibido, intentando propiciar la inclusión de nuevos y pequeños competidores junto a las grandes marcas que dominan el mercado.
“Hoy tenemos tres o cuatro monopolios de alimentos que manejan el mercado e impedir que entren nuevas Pymes (pequeñas y medianas empresas) perjudica finalmente al consumidor porque los precios no son los mismos”, afirmó Osvaldo Riopedre, director de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Argentina (Adecua) en una entrevista con CNN Radio Argentina.
Si estas leyes pierden vigencia, las empresas no estarán sometidas a controles y los supermercados podrán decidir libremente qué mercadería exhibir y en qué lugar ubicarla. En ese sentido, el informe de CEPA alerta que “la liberalización de los controles en las góndolas de supermercados favorece a los grupos económicos que producen bienes de consumo masivo, que se pueden resumir en 20 actores”, que incluyen a las grandes empresas alimenticias y a las principales cadenas de supermercados.
Otro de los puntos centrales de las nuevas medidas comerciales es la desregulación en intereses y comisiones de tarjetas de crédito. Se eliminan los topes a los intereses que pueden cobrarse por morosidad a los clientes y a las comisiones que pagan los comerciantes para los pagos con tarjetas, que hoy tienen un límite del 3% para tarjetas de crédito y de 1,5% para débito. “La emisora de la tarjeta puede ofrecer comisiones distintas a comercios del mismo rubro y esto pone en desventaja a comercios más chicos respecto de otros que negocian en distintas condiciones”, sostiene el informe de CEPA, que señala a bancos, procesadoras de tarjetas de crédito y billeteras virtuales como beneficiarios de estas medidas.
Según el informe de CEPA, las desregulaciones planteadas en el DNU, que entra en vigor el 29 de diciembre, “tiene beneficiarios en cada sector, que con el corrimiento del Estado mejoran sus rentabilidades”.
Así, los grandes jugadores de cada sector, como salud, producción de medicamentos o de yerba mate, por poner algunos ejemplos, se verán beneficiados con la eliminación de regulaciones. Lo que muchos comenzaron a alertar es que esos beneficios podrían ir en detrimento de las pequeñas empresas y productores y de los precios terminen pagando los consumidores.