(CNN Español) –– El megaproyecto de ley del gobierno del presidente Javier Milei tiene más de 600 artículos que implicarían una profunda reforma del Estado argentino y afectaría directamente a los jubilados en caso de aprobarse en su versión actual.
En uno de sus capítulos, el proyecto suspende la fórmula de movilidad jubilatoria que se utilizaba para fijar el incremento en los haberes y deja las actualizaciones de las pensiones previsionales en manos del Poder Ejecutivo.
“Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, dice el texto.
Que el Ejecutivo pueda hacer aumentos periódicos, como se indica en el texto, no explica ni define cuándo, cómo o con base en qué variables.
Días atrás, el ministro de Economía Luis Caputo dijo a medios locales que “la fórmula jubilatoria actual no funciona”, y que buscarían una nueva.
Sin embargo, en las 183 páginas que abarcan todo tipo de regulaciones sobre diversos aspectos no se incluye una nueva fórmula que entregue previsibilidad para los beneficiarios de la tercera edad.
Ley de movilidad
La Ley de Movilidad Jubilatoria determina aumentos automáticos a las pensiones previsionales con base en variables previamente reguladas.
Fue sancionada en 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y en ese entonces se determinaba con una fórmula que contemplaba los salarios y la recaudación impositiva. Bajo esa regulación, las actualizaciones se realizaban automáticamente dos veces por año, en marzo y en septiembre.
En 2017, el gobierno de Mauricio Macri impulsó una modificación de la ley que definía una actualización trimestral en relación con la inflación y salarios, en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. De acuerdo con esta fórmula, los aumentos se determinaban con base en datos con seis meses de atraso. Es decir, en marzo se actualizaba de acuerdo con los datos de junio a septiembre, y en junio, con respecto al período de septiembre a diciembre, etc.
Con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia en 2019, la ley de movilidad quedó suspendida y las actualizaciones de las pensiones quedaron a discreción del gobierno, como pretende la actual administración. En 2020 se definió que hubiera actualizaciones cada tres meses, pero el porcentaje siguió siendo discrecional. Recién en marzo de 2021 se formalizaron los incrementos automáticos trimestrales, que contemplaban un 50% de la recaudación de Anses y un 50% de la variación salarial del mismo período.
El interés de los gobiernos detrás de las pensiones jubilatorias
El énfasis en las jubilaciones quizás se explique porque son un aspecto muy significativo en el gasto público.
Hasta junio de 2023, había más de 5,7 millones de jubilados, según datos de la Anses, y para el presupuesto 2024 se calculó un gasto del 5,8% del PBI.
El Fondo de Garantía de la Anses, en manos del tesoro nacional
El megaproyecto presentado también plantea la transferencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Público de Reparto (FGS), actualmente en manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), al tesoro nacional.
Según el último informe de gestión de la Anses, el Fondo alcanza los US$ 76.000 millones.
Fue creado en 2007, durante el período de estatización del sistema previsional.
En el gobierno del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999), el sistema previsional había pasado a manos de administraciones privadas, llamadas Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Esas administraciones invirtieron sus fondos en el sistema financiero, y años más tarde tuvieron que ser rescatadas por el Estado porque no alcanzaban a pagar la jubilación mínima.
Durante ese proceso se creó este Fondo, que tiene como fin dar respaldo al sistema previsional.