(CNN Español) – El máximo tribunal de Argentina aceptó este viernes analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia sancionado por el presidente Javier Milei, tras una petición del gobierno de la provincia de La Rioja. Sin embargo, pese al encargo explícito del demandante, la Corte se negó a abrir la feria judicial que transcurre en enero, para dar comienzo al procedimiento.
En las últimas horas, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, presentó una “acción declarativa de certeza” en la que solicita al máximo tribunal que declare “la nulidad absoluta e insanable” del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, por producir “perjuicios irreparables” contrarios a leyes federales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución misma.
Con el patrocinio del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y el abogado constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, este es el primer pedido directo al máximo tribunal contra el decreto de Milei publicado la semana pasada.
“La cuestión ventilada asume gravedad institucional, en la inteligencia que conmueve duramente las bases republicanas y democráticas de la Argentina y por ende trasciende los márgenes del caso”, se explicita en el texto de la presentación. “En consecuencia, se solicita la habilitación de la Feria para la tramitación de la causa principal, según emana en el propio objeto de esta demanda de inconstitucionalidad”, se subraya en el pedido.
Además, se solicita que se dicte una medida cautelar para que se suspenda la entrada en vigor del decreto, en su totalidad, hasta tanto no haya una resolución definitiva.
En respuesta, la Corte envió la documentación de la demanda a la Procuración General de la Nación para que determine la competencia del máximo tribunal en el conflicto y anticipó que “estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero”.
Por su parte, el abogado patrocinador Raúl Ferreyra dijo a CNN que “al ser aceptada la Provincia en el ‘carácter invocado’ ello llevaría a pensar prima facie que hay espacio institucional para discutir constitucionalmente en competencia originaria de la Corte los vicios manifiestos del DNU”.